Los republicanos de la Cámara de Representantes acudirán a una corte federal la próxima semana para hacer cumplir una citación para que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) haga público el audio de la entrevista de dos días del abogado especial Robert Hur con el presidente Joe Biden sobre su manejo de información clasificada.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson (R-La.), anunció la medida durante la conferencia de prensa semanal del Partido Republicano el 26 de junio.
El Sr. Johnson dijo que la Cámara necesita la cinta de audio para que coincida con la transcripción escrita que el DOJ ha proporcionado al Congreso.
«Mientras tanto, hay un montón de ideas y debates sobre cómo podríamos acceder a esas cintas. Estamos estudiando todas las posibilidades», afirmó.
El anuncio se hizo después de que el Departamento de Justicia se negara a presentar cargos contra el fiscal general Merrick Garland tras la votación de los republicanos de la Cámara de Representantes para declararlo en desacato por desobedecer una citación para las cintas.
El Departamento se ha negado a entregar las cintas de la entrevista de Hur con el presidente Biden, alegando que el Congreso ya ha recibido las transcripciones de las entrevistas y que no necesita el audio.
La Casa Blanca también ha invocado el privilegio ejecutivo sobre las cintas.
El informe del Sr. Hur, al llegar a su conclusión de no recomendar cargos contra el presidente, citó que el presidente Biden se presentaría ante un jurado como un «hombre bien intencionado, anciano y con mala memoria».
Los republicanos de la Cámara de Representantes han mantenido que necesitan las cintas para verificar la exactitud de la transcripción y confirmar que la observación del Sr. Hur estaba justificada.
El Departamento de Justicia y los demócratas replicaron que los republicanos querían las cintas únicamente por motivos partidistas.
«La ausencia de una necesidad legítima de las grabaciones de audio deja al descubierto su probable objetivo: cortarlas, distorsionarlas y utilizarlas con fines políticos partidistas», escribió Ed Siskel, abogado del presidente Biden, al presidente de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer (R-Ky.), y al presidente del Poder Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan (R-Ohio), en una carta de mayo.
El Departamento de Justicia ha argumentado que la entrega de las cintas disuadiría a futuros presidentes de cooperar con investigaciones similares.
«No voy a poner en peligro la capacidad de nuestros fiscales y agentes para hacer su trabajo con eficacia en futuras investigaciones», dijo Garland en una audiencia del Comité Judicial de la Cámara en junio.
La representante Anna Paulina Luna (R-Fla.) anunció que forzará una votación en la Cámara el 28 de junio sobre una resolución de desacato que haría que el sargento de armas de la Cámara arrestara a Garland por no cumplir la citación.
La resolución es privilegiada, por lo que la Cámara se verá obligada a votar sobre ella en un plazo de dos días legislativos una vez que ella la lleve al pleno.
La Sra. Luna dijo en la conferencia de prensa del 26 de junio que no hacer cumplir la citación hace que el Congreso sea impotente en sus deberes de supervisión.
El Servicio de Investigación del Congreso, que no es partidista, señaló que «aunque parece que el Congreso puede ser capaz de hacer cumplir sus propias citaciones a través de una acción civil declaratoria, confiar en este mecanismo para hacer cumplir una citación dirigida a un funcionario ejecutivo puede resultar un medio inadecuado para proteger las prerrogativas del Congreso debido al tiempo necesario para lograr una sentencia definitiva y ejecutable en el caso».
El Sr. Johnson no ha descartado la forma de proceder de la Sra. Luna, pero ha dicho: «No creo que haya nada decidido».
The Epoch Times se puso en contacto con el DOJ para pedirle comentarios sobre la resolución, pero no recibió ninguno al cierre de esta edición.
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