Los republicanos de la Cámara de Representantes están instando a la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés), a que emita su evaluación sobre la decisión del presidente Joe Biden de detener los fondos asignados por el 116º Congreso para la construcción de la valla fronteriza del sur, como legal o ilegal según las leyes actuales.
En su más reciente intento de obtener respuestas sobre la legalidad de la congelación de los fondos para el muro fronterizo adoptada por Biden, los republicanos enviaron el martes una carta (pdf) al contralor general de la GAO, Gene Dodaro, solicitando una actualización del estado de esa investigación.
«En el testimonio de la GAO, afirmaron haber comenzado a investigar la decisión del presidente Biden de congelar la financiación del muro fronterizo en enero, lo que significa que un informe y las conclusiones están ahora muy retrasados», escribió el líder republicano del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, Jason Smith (R-Mo.). «El continuo retraso solo favorece las políticas fallidas de la Administración Biden que han creado una crisis humanitaria y de seguridad nacional en la frontera sur».
La GAO dijo previamente al comité de Smith en una audiencia el 29 de abril que la oficina esperaba recibir la opinión legal de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Seguridad Nacional en una semana.
«Esta fecha límite ha pasado y, por lo tanto, solicitamos una actualización del estado de la investigación de la GAO», escribió Smith.
Inmediatamente después de asumir el cargo el 20 de enero, Biden emitió una proclamación titulada, Sobre la terminación de la emergencia con respecto a la frontera sur de Estados Unidos y la redirección de los fondos desviados a la construcción del muro fronterizo, que ordenó que la construcción del muro fronterizo restante se detuviera indefinidamente.
La consejera general adjunta de la GAO, Edda Emmanuelli Perez, dijo al panel en abril que su agencia comenzó a investigar la legalidad de la congelación de los fondos del muro fronterizo por parte de Biden ya en enero, cuando la Casa Blanca anunció por primera vez la directiva. «De hecho, empezamos a estudiar este asunto cuando el presidente lo anunció en enero», dijo Perez a la comisión.
Los senadores republicanos presionaron previamente a la GAO sobre su evaluación de la decisión de Biden.
El 17 de marzo, la senadora Shelley Moore Capito (R-W.Va.) encabezó a 40 senadores republicanos que enviaron una carta en la que pedían a la oficina que evaluara si estaba justificada en virtud de la ley federal. Los republicanos de la Cámara de Representantes se unieron más tarde, y más de 70 miembros del GOP firmaron la carta de Moore Capito.
En la carta del martes, los republicanos dijeron que están «profundamente perturbados» por no haber recibido ninguna respuesta de la GAO sobre el informe que se suponía debía haber sido emitido.
«Lo que hace que esta situación sea especialmente preocupante es el hecho de que la GAO emitió una opinión legal sobre un incidente similar en aproximadamente dos meses después de recibir una solicitud del Congreso en 2019. Teniendo en cuenta que más de 100 miembros del Congreso solicitaron una opinión legal de la GAO en marzo de 2021, esto sugiere que la GAO es capaz de emitir una opinión dentro de un plazo similar», se afirma en la carta.
Mark R. Paoletta, miembro principal del Centro para la Renovación de Estados Unidos y consejero general de la OMB bajo la Administración de Trump, dijo al Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes que la retención de fondos de Biden para la construcción de la barrera fronteriza es ilegal.
«El presidente Biden está reteniendo, en su incautación de fondos para la construcción de un muro a lo largo de la frontera sur, incluyendo $ 1,4 mil millones, específicamente apropiados para la construcción del muro fronterizo», dijo Paoletta durante la audiencia del Comité de Presupuesto del 29 de abril. «Según la opinión de la GAO sobre la financiación de Ucrania, la retención del presidente Biden es claramente ilegal y una violación de la Ley de Control de Confiscación (ICA), pero los demócratas en este comité han guardado silencio sobre este asalto directo al poder del Congreso», continuó Paoletta.
La ICA, o su título completo, La Ley de Control de Presupuestos y Embargos del Congreso de 1974, consolidó el poder del Congreso sobre los fondos. El Título X de la ley «Control de los Embargos», «estableció procedimientos para evitar que el presidente y otros funcionarios del gobierno sustituyeran unilateralmente sus propias decisiones de financiación por las del Congreso». La medida también creó los Comités de Presupuesto de la Cámara de Representantes y del Senado y la Oficina Presupuestaria del Congreso.
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