Los republicanos han reactivado un proyecto de ley presentado por primera vez hace años que permitiría a los estados excluir a los proveedores de abortos del programa Medicaid, gestionado por el gobierno.
El proyecto de ley se titula Ley de Salud Pública y Seguridad de las Mujeres y tiene por objeto poner fin a los millones de dólares que recibe Planned Parenthood en concepto de reembolsos de Medicaid.
Según un informe reciente de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés), la organización abortista recibió 1300 millones de dólares en reembolsos de Medicaid en los últimos tres años.
El senador James Lankford (R-Okla.), uno de los principales promotores del proyecto de ley de desfinanciación del aborto, afirmó que ese dinero representa el 81% de los impuestos federales que recibe Planned Parenthood.
«El aborto no es atención médica», dijo Lankford. «No debería ser controvertido decir que los contribuyentes no deberían verse obligados a apoyar a los proveedores de abortos».
Planned Parenthood no respondió a las preguntas de The Epoch Times sobre la medida propuesta.
En diciembre, antes de que los republicanos tomaran el control de la Cámara, el grupo elogió la legislación liderada por los demócratas que pedía una financiación récord de más de 600 millones de dólares para apoyar el aborto.
También pretendía acabar con la antigua Enmienda Hyde, que restringe el uso del dinero federal de Medicaid para abortos.
«Esta enmienda perjudica sobre todo a las personas que, debido al legado de racismo y prejuicios sistémicos de este país, han dependido más de Medicaid, incluidos los negros, los latinos y las personas LGBT», afirmó en un comunicado Alexis McGill Johnson, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood Federation of America.
El congresista Michael Cloud (R-Texas), principal promotor de la Ley de Salud Pública y Seguridad de las Mujeres, subrayó que cada estado puede decidir si acepta o no la financiación de abortos por Medicaid en virtud de la medida.
Citó un estudio según el cual el 60% de los estadounidenses se oponen a los abortos financiados por los contribuyentes.
«Durante demasiado tiempo, los proveedores de abortos han operado con el dinero de los contribuyentes, mientras realizaban abortos electivos en nombre de la ‘asistencia sanitaria'», dijo Cloud.
El proyecto de ley, que remonta sus orígenes a una propuesta similar presentada por los republicanos en 2016, cuenta con el apoyo de varias organizaciones provida, incluida Students for Life Action, que recientemente denunció a las universidades cristianas con vínculos con Planned Parenthood.
Ethics and Public Policy Center HHS Accountability Project también ha respaldado la legislación. Esta organización conservadora se opone a las interrupciones del embarazo y asume la cuestión del aborto como un derecho constitucional de protección del bebé.
Con el control de la Cámara, los republicanos están introduciendo una serie de proyectos de ley que murieron bajo los demócratas. Muchos de ellos se refieren a la financiación del aborto por parte del gobierno.
Otro proyecto resucitado en esta sesión es la Ley de Prohibición del Aborto en Terrenos Federales, que prohibiría cualquier tipo de promoción del aborto en propiedades del gobierno federal, incluidas instalaciones militares, parques nacionales y juzgados.
La Ley de Notificación de Aborto Infantil Interestatal, de la que se han presentado varias versiones desde 1998, vuelve a presentarse en el Congreso. En virtud de esta ley, toda persona que transporte a una menor —que no sean sus padres— a través de la frontera de un estado para someterse a un aborto será acusada de un delito penal y se enfrentará a penas de prisión.
También se han presentado nuevas leyes contra el aborto, como la H. R. 330, que pretende ampliar el Título X para prohibir la concesión de subvenciones en virtud de la Ley de Servicios de Salud Pública a cualquier organización que practique o apoye el aborto.
Proyectos de ley demócratas a favor del aborto
Otro proyecto de ley patrocinado por los republicanos, denominado Ley de Valores Estadounidenses, pretende modificar la Ley de Ayuda Exterior de 1961, promulgada bajo la administración del presidente John F. Kennedy, para excluir la financiación de abortos como método de planificación familiar.
La Ley de Protección de la Conciencia de los Farmacéuticos pretende proteger a los farmacéuticos que se nieguen a dispensar recetas de fármacos abortivos basándose en sus creencias morales o religiosas y también les proporciona una vía para presentar una demanda civil contra una agencia gubernamental que viole la ley propuesta.
En enero de 2023, la Cámara aprobó otro nuevo proyecto de ley que otorgaría a los bebés que hayan sobrevivido a un aborto el mismo derecho a recibir asistencia médica que un recién nacido deseado, de acuerdo con la legislación vigente.
El proyecto de ley traduce ese derecho en el enjuiciamiento penal de los médicos por no reanimar a los bebés nacidos tras un aborto fallido.
«Un niño que sobrevive a un intento de aborto, que está fuera del útero, respirando y luchando por la vida, ¿no merece la misma protección ante la ley?», preguntó la representante Kat Cammack (R-Fla.) en una audiencia sobre la propuesta.
Aunque en número superado por los proyectos de ley antiaborto patrocinados por los republicanos, hay algunos proyectos de ley demócratas a favor del aborto, incluido uno que pide la eliminación de un requisito existente de evaluación de riesgos antes de recibir mifepristona.
También conocido como RU-486, este medicamento oral se utiliza para provocar un aborto espontáneo en los primeros 63 días de un embarazo no deseado. También se utiliza para interrumpir el embarazo en el segundo trimestre.
En total, hay actualmente unos 50 proyectos de ley y otra docena de propuestas de resolución sobre el aborto en el Congreso.
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