Mucho después de que se imprimieran las papeletas, y apenas unas semanas antes de las elecciones del 5 de noviembre, una iniciativa ciudadana relacionada con el aborto para modificar la Constitución de Florida, está en peligro legal por un supuesto fraude en la recolección de las firmas.
Días después de que salieran a la luz las evidencias de la supuesta irregularidad, cuatro residentes del estado presentaron una demanda civil solicitando a un juez del tribunal de circuito del condado de Orange que eliminara la «Enmienda para limitar la interferencia del gobierno en el aborto», conocida como Enmienda 4, de la papeleta electoral de noviembre y la declarara nula y sin efecto.
La enmienda propuesta dice: «Ninguna ley prohibirá, penalizará, retrasará o restringirá el aborto antes de la viabilidad o cuando sea necesario para proteger la salud de la paciente, según determine el profesional médico de la paciente».
Se necesita una mayoría del 60% de los votos para que se apruebe la medida, que convertiría el aborto en un derecho constitucional en Florida.
El 11 de octubre, un informe provisional de la Oficina de Delitos Electorales y Seguridad de Florida (OECS) reveló que la iniciativa de la Enmienda 4 posiblemente no había obtenido la cantidad de firmas legítimas necesarias para aparecer en la papeleta.
Una investigación de la OECS sobre las peticiones de la medida en los condados de Osceola, Palm Beach y Orange reveló que el 16.4% de las firmas, comprobadas incorrectamente, eran fraudulentas.
Según el informe de la OECS, las entidades que trabajaban para la aprobación de la Enmienda 4 reunieron 997,035 firmas en todo el estado, un 11.8% más que el umbral de 891,523 necesarias para poder votar.
Los demandantes argumentan que, si la tasa de firmas no válidas del 16,4% se produjo en todo el estado, la campaña de recolección de firmas quedaría corta en 163,514 firmas.
Los demandantes también pidieron al Tribunal de Circuito del Condado de Orange que prohibiera a los demandados — funcionarios electorales del estado y del condado— contar y publicar los resultados de los votos emitidos sobre la Enmienda 4 en las Elecciones Generales.
En la demanda no se acusa de irregularidad a ningún funcionario estatal.
Con la Enmienda 4, se invalidarían las leyes de previo consentimiento paterno de Florida relativas al aborto. También eliminaría la ley que obliga a que un aborto sea realizado por un médico autorizado y suprimiría otras disposiciones sobre salud y seguridad.
La modificación propuesta también dejaría sin efecto la Ley de Protección del Latido del Corazón de Florida, una ley de 2023 que declara ilegal el aborto después de la sexta semana de embarazo, con excepciones de violación, incesto, trata de seres humanos, una anomalía fetal mortal y una amenaza para la vida de la madre.
Conclusiones del informe
En la demanda también aparece el grupo proabortista Floridians Protecting Freedom (FPF), uno de los principales patrocinadores de la petición.
Con base en las pruebas del informe de la OECS, la demanda señala que, en cooperación con PCI Consultants de California y otros agentes de captación de firmas, FPF contrató a «reconocidos estafadores» para hacer circular la petición y a personas que supuestamente se dedicaron al «robo masivo de identidades».
Las acusaciones se ven reforzadas por las pruebas recolectadas por los investigadores de la OECO, que encontraron peticiones con varias firmas falsificadas, que además incluían a votantes que habían fallecido.
Los investigadores de la OECS aseguraron que algunos encargados de dar a conocer la petición, tras falsificar las firmas de los votantes, usaron sus datos personales sin su consentimiento para llenar los formularios de la petición, lo que constituye una violación a la legislación de Florida.
Según la denuncia, algunos recolectores de firmas juraron falsamente haber sido testigos del momento del registro de las firmas de los votantes.
Al parecer, los encargados de obtener las firmas cobraban por cada una, una práctica ilegal.
La directora de campaña de la FPF, Lauren Brenzel, calificó la demanda de «uso antidemocrático y profundamente preocupante del poder judicial».
«Estas demandas, que llegan tras el último intento del Estado de Florida de debilitar el derecho de los floridanos a votar la Enmienda 4, son desesperadas», escribió en un correo electrónico a The Epoch Times.
«Nuestra campaña está ganando y el gobierno y sus aliados extremistas están tratando de hacer todo lo posible para impedir que los floridanos tengan los derechos que merecen».
El sitio web de la FPF dice de la Enmienda 4 que «La abrumadora mayoría de los floridanos piensa que todos deberíamos tener la libertad de tomar nuestras propias decisiones personales sobre el cuidado de la salud sin la injerencia de los políticos».
PCI Consultants no respondió a una solicitud de comentarios.
Mat Staver, presidente del grupo legal pro-vida Liberty Counsel, dijo sobre los hallazgos de las firmas de la petición: «La evidencia convincente de fraude necesita ser examinada más a fondo para determinar el alcance total de las peticiones inválidas».
«El proceso de enmienda constitucional debe estar libre de fraude y engaño», dijo Staver en un comunicado de prensa.
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