Las prisiones de los condados tienen una población creciente de reclusos con problemas de salud mental, abuso de sustancias y problemas de salud crónicos, por lo que los condados están desembolsando miles de millones de dólares de los contribuyentes para proporcionar tratamientos dentro de las cárceles locales.
Según la Asociación Nacional de Condados (NACo), el 44 por ciento de la población de reclusos tiene un problema de salud mental importante, y el 63 por ciento tiene problemas de drogodependencia o abuso de drogas.
La Política de Exclusión de Reclusos de Medicaid de 1965 restringe a los presos en prisión preventiva el acceso a todas las prestaciones federales de salud, lo que a menudo interrumpe su tratamiento de salud mental y cuesta a los funcionarios locales y a los contribuyentes miles de millones de dólares anuales.
Los gobiernos de los condados administran 2875 de las 3160 cárceles locales de la nación. Según la NACo, «las cárceles locales admiten anualmente 18 veces más individuos que las prisiones estatales o federales».
La Asociación Nacional de Condados estima que al gobierno federal le costaría un poco más de 3000 millones de dólares anuales proporcionar beneficios de Medicaid a los reclusos antes del juicio, lo que es significativamente menor a lo que los condados pagan ahora.
Cuando una persona es arrestada y puesta en la cárcel, los gobiernos de la ciudad y del condado están obligados a pagar los costos de la atención médica del recluso hasta que esa persona sea juzgada. Si es condenado, el gobierno federal o estatal generalmente se hace cargo de los costos del tratamiento médico durante el resto de la sentencia.
Un sheriff republicano de la parroquia de St. Charles de Luisiana, Greg Champagne, dijo que la política federal que niega a las personas en prisión preventiva el acceso a sus beneficios de salud viola sus derechos constitucionales en virtud de la Quinta y la Decimocuarta Enmiendas.
Algunos agentes de la ley del condado dicen que quitarles los beneficios a quienes no pueden pagar la fianza es discriminatorio. Aquellos cuyas familias pueden pagar la fianza conservan su atención médica mientras esperan la fecha del juicio.
A los que no pueden pagar la fianza se les corta la cobertura médica, lo que a menudo significa detener o cambiar los medicamentos psiquiátricos o para enfermedades crónicas, lo que deja al recluso en una situación vulnerable.
Los funcionarios locales han visto que la denegación de los beneficios federales de salud está vinculada a altos riesgos de mortalidad, recaída en enfermedades mentales y reincidencia.
Según la NACo, «el 70 por ciento de los 2 millones de jóvenes arrestados cada año en los EE.UU. sufren de una condición de salud mental» y «el 96 por ciento de los detenidos y reclusos no reciben una sentencia de prisión y regresan a la comunidad».
Un grupo de sheriffs bipartidistas del condado, comisionados y otros funcionarios locales han estado presionando al Congreso para que cambie esta política de larga data y permita que los detenidos en prisión preventiva conserven su cobertura médica mientras están en custodia.
«La Exclusión de Reclusos de Medicaid (MIE) obliga a muchos individuos involucrados en el sistema de justicia a entrar en un círculo vicioso de adicción, encarcelamiento y reincidencia que devasta familias y comunidades, y drena los presupuestos estatales y locales mientras perjudica la salud pública y nuestra economía», dijo la congresista Annie Kuster (D-N.H.).
Actualmente existe una legislación en el Senado para revertir la Política de Exclusión de Reclusos de Medicaid y permitir que los arrestados mantengan su cobertura de seguro médico federal, permitiendo la continuidad del tratamiento y quitando la carga financiera de los gobiernos locales.
Los defensores dicen que el acceso a Medicaid mientras se espera el juicio está alineado constitucionalmente porque asume la inocencia hasta que se demuestre lo contrario.
Los defensores de proporcionar cobertura médica federal a los reclusos también señalan que la continuidad del tratamiento hace que las comunidades sean más seguras y saludables.
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