Más de 1600 personas han sido eliminadas de las listas de votantes en Virginia desde agosto en virtud del programa estatal centrado en los no ciudadanos, que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y los grupos de defensa, que están demandando al estado, sostienen que es ilegal.
El alcance de las expulsiones se conoció después de que el 21 de octubre un magistrado federal ordenara al estado que revelara los nombres y direcciones de las personas expulsadas a los grupos demandantes, incluidos el DOJ y la Liga de Mujeres Votantes.
El gobernador Glen Youngkin (R-Va.) anunció el programa en agosto como parte de una orden ejecutiva que codifica medidas de seguridad electoral que incluyen la creación del «mejor programa de mantenimiento de listas de votantes del país». Dijo que todos los votos legales deben ser contados sin ser «diluidos por votos ilegales o máquinas inexactas».
Esto llevó al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) a presentar una demanda a principios de este mes, alegando que el programa viola un «período de silencio» de 90 días antes de las elecciones de noviembre, como lo exige la Ley Nacional de Registro de Votantes.
«Los estados deben completar cualquier programa que elimine sistemáticamente los nombres de votantes inelegibles de la lista oficial de votantes elegibles a más tardar 90 días antes de las elecciones primarias de mantenimiento de la Lista de Registro de Votantes o de las elecciones generales para cargos federales», según el sitio web del DOJ.
El período de silencio existe para evitar la privación accidental del derecho al voto de votantes legítimos en la temporada electoral, al no ofrecer la oportunidad de corregir los errores antes de las elecciones.
El Departamento de Justicia solicitó una medida cautelar para bloquear el programa y restaurar los registros de los eliminados de las listas. La audiencia está prevista para el jueves en Alexandria.
El estado se ha opuesto a una orden judicial en los archivos judiciales, diciendo que sería una intrusión innecesaria en los procedimientos electorales de Virginia.
Youngkin ha defendido la orden ejecutiva del 7 de agosto, diciendo que se basa en el precedente de una ley estatal de 2006. Dicha ley ordena al Departamento de Vehículos Motorizados que actualice mensualmente a la Junta Electoral del estado una lista de las personas que no han podido demostrar su ciudadanía. La lista de no ciudadanos se envía a los registradores locales. La orden ejecutiva dispone que los no ciudadanos sean eliminados diariamente utilizando esa información.
El gobernador dijo que el proceso es «individualizado» y no sistemático, en una entrevista con los medios de comunicación.
«Todo comienza con una premisa básica: cuando alguien ingresa a una de nuestras oficinas del DMV [Departamento de Vehículos Motorizados de Virginia] y se identifica como no ciudadano, y luego termina en el padrón electoral, ya sea intencionalmente o por accidente, pasamos por un proceso individualizado, no sistemático, un proceso individualizado basado en la autoidentificación de esa persona como no ciudadano, para darle 14 días para afirmar que es ciudadano y, si no lo hace, lo eliminamos del padrón electoral”, dijo Youngkin a Fox News.
El fiscal general de Virginia, Jason Miyares, apoyó este argumento en una presentación judicial en la que se opone a la petición del demandante de que la corte ordene a los funcionarios electorales del estado y del condado que «vuelvan a incluir en las listas de votantes a las personas que fueron eliminadas recientemente tras identificarse como no ciudadanos en la información que proporcionaron al Departamento de Vehículos Motorizados de Virginia».
La demanda sostiene que el hecho de que una persona se identifique como no ciudadano en el DMV se hace de forma individual y, por lo tanto, no se considera sistemático.
Con información de The Associated Press
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