Los esfuerzos por anular las órdenes de vacunación contra COVID-19 tanto para los pacientes hospitalizados como para los trabajadores sanitarios parecen estar ganando impulso en todo Estados Unidos.
En lo que se considera una gran victoria para los pacientes de trasplantes que no se vacunaron contra COVID, uno de los mayores centros de trasplantes de Estados Unidos revocó su política de exigir la vacuna para poder optar a un trasplante de órganos.
La Universidad de Michigan (UM) anunció su nueva política el 4 de mayo, justo antes de que se iniciaran los procedimientos judiciales de una demanda presentada contra ella por declarar a los pacientes no aptos para un trasplante de órganos a menos que aceptaran vacunarse.
La demanda fue presentada en nombre de varios pacientes por David Peters, del Pacific Justice Institute. Al celebrar la revocación Peters declaró simplemente: «¡Estamos ganando!».
En una declaración escrita, la Universidad de Michigan dijo que una «nueva información» es la que les llevó a tomar la «decisión voluntaria» de revertir su política.
«Por la presente, la Universidad notifica a la corte que, a la luz del desarrollo de circunstancias epidemiológicas y otras circunstancias actuariales, a partir del 27 de abril de 2023, esta cambió su Requisito de Vacunación contra COVID-19 del Centro de Trasplantes para Candidatos Adultos a Trasplante. En relación con este litigio, ya no se exigirá la vacuna contra COVID-19 antes de poner en lista de espera a los posibles receptores adultos de trasplantes de órganos sólidos».
La decisión de la Universidad de Michigan se produjo el mismo día en que una jueza federal reprendió a la fiscal general adjunta de Maine, Kimberly Patwardhan, por presentar una moción para desestimar una demanda interpuesta en nombre de los trabajadores sanitarios que perdieron su empleo por negarse a recibir la vacuna contra COVID.
«Es obvio que usted no ha leído la jurisprudencia de la Corte Suprema de EE. UU. sobre este asunto o, de lo contrario, no habría presentado su moción de desestimación», dijo la jueza Sandra Lynch a Patwardhan.
Lynch hizo estos comentarios durante los alegatos orales del caso ante un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Boston. El caso fue presentado por Matt Staver, fundador de Liberty Counsel, en nombre de los trabajadores sanitarios.
Además del bloqueo, la gobernadora de Maine, Janet Mills, también había amenazado con revocar las licencias de todos los empleadores del sector sanitario que no impusieran la vacuna contra COVID a los trabajadores.
El estado rural de Nueva Inglaterra es uno de los seis que prohibieron las exenciones religiosas de la vacunación obligatoria.
Los otros son Nueva York, California, Connecticut, Virginia Occidental y Mississippi.
El mes pasado, en Mississippi, en lo que muchos padres que se oponen a las vacunas esperan que se convierta en un precedente nacional, un juez de una corte federal dictaminó que prohibir las exenciones religiosas de las vacunas, incluida la inmunización obligatoria en las escuelas, era inconstitucional y ordenó que se restablezca la disposición.
Estas sentencias siguen a una decisión de la Corte Suprema que determinó que es discriminatorio que los estados consideren otro tipo de exenciones de la vacuna mientras niegan las religiosas.
Peters, sin embargo, cree que la sentencia del TSE es solo una parte de la razón por la que los hospitales están empezando a anular voluntariamente las obligaciones de la vacuna contra COVID.
Los hospitales están empezando a asumir la realidad de que las vacunas son «si no perjudiciales, inútiles», dijo Peters, quien tiene un doctorado en sociología médica y un máster en medicina.
Además, indicó que tiene otros litigios pendientes contra centros de trasplantes que han denegado a pacientes un puesto en una lista, incluidos a algunos que necesitaban trasplantes de corazón para salvar sus vidas, solo porque no estaban vacunados contra la COVID.
Peters tiene previsto presentar «toneladas» más de demandas en todo el país.
Liberty Counsel también se asoció con abogados de estados como Florida, para presentar demandas similares en nombre de pacientes y trabajadores sanitarios.
La abogada de Florida, Jenna Vasquez, representa a las estudiantes de enfermería en litigios pendientes contra sus universidades por negarse a permitirles completar sus prácticas clínicas a menos que se vacunen contra COVID. «También se nos dice que estamos en una crisis de enfermería», declaró a The Epoch Times Vásquez, quien representa a los estudiantes en nombre de Liberty Counsel.
En Maine, otro grupo, llamado Health Choice Maine, presentó otra demanda en nombre de los paramédicos que fueron despedidos por no vacunarse.
La administración Mills sigue aplicando la orden de vacunación a los trabajadores de EMT a pesar de la grave escasez de técnicos y conductores en Maine, que cuenta con la mayor población de ancianos de Estados Unidos.
Uno de los mayores hospitales de Estados Unidos también fue llevado a los tribunales por denegar exenciones religiosas de la vacuna contra COVID.
En un caso contra el Mass General Brigham (MGB) de Boston, Massachusetts, los alegatos orales están previstos para el 10 de mayo.
En la demanda, 159 trabajadores cuestionaron por qué el hospital concedió exenciones religiosas a 230 empleados, pero denegó sus solicitudes. MGB citó la «dificultad» como la razón, pero no explicó lo que significaba, revela la demanda.
El hospital presentó un juicio sumario pidiendo a la corte que desestime el caso.
El abogado de Massachusetts, Ryan McLane, de McLane & McLane, un bufete de abogados afiliado a Liberty Counsel, representa a los 159 trabajadores de la salud en el caso.
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