Robert F. Kennedy Jr. prometió el 5 de abril nombrar a un fiscal especial, si es elegido presidente, para investigar si los fiscales que procesan a personas por la irrupción en el Capitolio de EE. UU. el 6 de enero de 2021 han abusado de su poder.
«Como a muchos estadounidenses razonables, me preocupa la posibilidad de que objetivos políticos motivaran el vigor del procesamiento de los acusados del 6E, sus largas condenas y su duro trato. Eso encajaría en una pauta inquietante de usar como arma las agencias gubernamentales… contra los oponentes políticos», dijo el Sr. Kennedy en una declaración.
«Uno puede, como yo, oponerse a Donald Trump y a todo lo que representa, y aún así sentirse molesto por usar el gobierno como arma contra él. Como presidente, nombraré a un abogado especial —una persona respetada por todas las partes— para que investigue si se ha abusado de la discreción del fiscal con fines políticos en este caso, y corregiré cualquier error que descubramos».
Los comentarios del Sr. Kennedy se produjeron después de que su campaña desmintiera un correo electrónico de recaudación de fondos que describía a los acusados del 6 de enero como activistas.
El correo electrónico, enviado el 4 de abril, estaba encabezado por una petición de dinero para ayudar a Kennedy a «desenmascarar al Estado profundo» y «liberar a Julian Assange», el fundador de Wikileaks acusado por las autoridades estadounidenses, según reportaron los medios de comunicación. También hizo referencia a Edward Snowden, el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense que sacó a la luz el espionaje ilegal por parte de la agencia.
«Esta es la realidad a la que se enfrentan todos los ciudadanos estadounidenses, desde Ed Snowden hasta Julian Assange, pasando por los activistas del 6E que están sentados en una celda de Washington D.C. despojados de sus libertades constitucionales. Por favor, ayuda a nuestra campaña a denunciar las acciones antiliberales de nuestro propio gobierno», decía el correo electrónico.
La campaña del Sr. Kennedy dijo que la parte del correo electrónico que hacía referencia a los acusados del 6 de enero no debería haberse enviado.
«Esa declaración fue un error que no refleja las opiniones del Sr. Kennedy. Fue insertada por un nuevo contratista de marketing y se coló a través del proceso normal de aprobación», dijo un portavoz de la campaña a The Epoch Times por correo electrónico.
La campaña dice que anuló el contrato con el proveedor, que no ha querido identificar.
«Cualquiera que haya infringido la ley el 6 de enero debe ser objeto de las sanciones penales y/o civiles pertinentes», añadió el portavoz.
El Sr. Kennedy, de 70 años, se postula a las elecciones presidenciales de 2024 como independiente, tras verse obstaculizado por los demócratas que apoyan la candidatura a la reelección del presidente Joe Biden.
El portavoz del Comité Nacional Demócrata, Matt Corridoni, dijo en un comunicado que la declaración de desautorización del Sr. Kennedy «capta perfectamente sus puntos de vista».
«Esto no debería sorprender a nadie que haya seguido la candidatura de RFK Jr.: se ha pasado la semana afirmando que el presidente Biden es una amenaza mayor para la democracia que Donald Trump; está siendo apoyado por el mayor donante de Trump; y ha sido elogiado por gente como Steve Bannon. Lo sorprendente es que RFK Jr. y su campaña crean que todo el mundo sería lo bastante ingenuo como para mirar hacia otro lado cuando suelta más discursos MAGA», añadió el Sr. Corridoni. El Sr. Bannon es un exasesor del presidente Trump, que ha utilizado el lema de campaña «Make America Great Again», o MAGA.
El Sr. Kennedy también dijo el viernes que muchos de los acusados del 6 de enero infringieron la ley, pero que no estaba seguro de que los disturbios fueran una insurrección. Dijo que estaba escuchando a personas con distintos puntos de vista sobre la situación «para dar sentido al suceso y a lo que siguió».
El Sr. Kennedy dijo anteriormente que, si gana las elecciones, consideraría la posibilidad de indultar a algunas de las personas acusadas por la insurrección.
El Sr. Kennedy también ha dicho que indultaría definitivamente al Sr. Assange, a quien las autoridades estadounidenses han estado intentando extraditar de Londres a Estados Unidos para que se enfrente a cargos de conspiración y otros relacionados con la solicitud y obtención de información gubernamental por parte de WikiLeaks, y al Sr. Snowden, acusado de violar la Ley de Espionaje y que actualmente vive en Rusia.
«Yo indultaría a la gente», dijo Kennedy en Fox News. «Tengo la intención de utilizar el poder de indulto, y tengo la intención de utilizarlo muy rápidamente en el cargo. Voy a indultar a Julian Assange. Voy a indultar a Edward Snowden. Puede que indulte a Ross Ulbricht si descubro que su procesamiento fue, que su condena, su larguísima condena, fue el resultado de dar un escarmiento para castigar a Bitcoin y la criptodivisa».
El Sr. Ulbricht cumple cadena perpetua por dirigir Silk Road, un sitio web que permitía a la gente comprar y vender drogas y otros bienes y servicios.
El expresidente Donald Trump, durante su mandato, dijo que estaba considerando la posibilidad de indultar al Sr. Snowden, pero nunca lo indultó. El presidente Trump, según ha declarado Assange, le ofreció un indulto a cambio de una declaración en la que afirmara que Rusia no hackeó el Comité Nacional Demócrata. La Casa Blanca durante la presidencia Trump negó esta afirmación.
El Sr. Kennedy ha tratado de atraer personas que no votarán por Trump o Biden.
En varias ocasiones, Biden ha arremetido contra las personas acusadas por la irrupción y no ha expresado ningún interés en indultarlas. El expresidente Trump ha empezado recientemente a cuestionar el trato dado a los acusados, describiéndolos como «rehenes» y diciendo que estudiaría la posibilidad de indultarlos si gana otro mandato.
Algunos acusados del 6 de enero han permanecido en prisión preventiva durante meses o incluso años. Algunos están actualmente en prisión preventiva.
Hasta el 6 de marzo, más de 1350 personas fueron acusadas en relación con la irrupción, entre ellas alrededor de un tercio por agredir, resistirse u obstaculizar a funcionarios o empleados. Unos 770 acusados se declararon culpables, mientras que 152 fueron declarados culpables en juicios. De los aproximadamente 860 acusados que han recibido su sentencia, unos 500 han sido condenados a penas de cárcel.
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