RNC pide que la Corte Suprema bloquee el voto en noviembre de 41,000 electores de Arizona

Por Anastasia Gubin
19 de agosto de 2024 2:32 PM Actualizado: 19 de agosto de 2024 2:32 PM

El Comité Nacional Republicano (RNC) pidió el 19 de agosto a la Corte Suprema que impida votar en las elecciones presidenciales de noviembre a 41,000 votantes inscritos porque supuestamente no acreditaron su ciudadanía estadounidense.

Arizona es un campo de batalla muy disputado que podría ayudar a determinar quién gana las elecciones. En 2020, el presidente Joe Biden ganó en Arizona por 10,457 votos.

La nueva presentación judicial en el caso RNC vs. Mi Familia Vota, se produjo después de que el RNC presentara una solicitud de emergencia ante la corte el 8 de agosto. El demandado, Mi Familia Vota, es un grupo sin fines de lucro activo en Arizona y varios otros estados.

La solicitud está pendiente ante la jueza Elena Kagan.

Lo que está en juego en el caso son las leyes de Arizona, H.B. 2492 y H.B. 2243, que la Legislatura estatal aprobó en 2022.

Las leyes exigen que las personas que se registren para votar en el estado presenten una prueba «satisfactoria» de ciudadanía, como un certificado de nacimiento, para acreditar su derecho al voto. Las leyes también requieren que los solicitantes de registro proporcionen su estado o país de nacimiento y requieren que los condados lleven a cabo verificaciones de ciudadanía y purguen a los no ciudadanos de las listas de votantes.

El 2 de mayo, la jueza de distrito, Susan Bolton, detuvo la aplicación de la ley de probar la ciudadanía, citando la llamada Ley federal del Votante Motorizado y una orden judicial estatal previa.

Un panel dividido de la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Noveno Circuito confirmó la orden de la jueza Bolton por un voto, en una decisión 2-1 del 1 de agosto.

Aunque el Congreso ha facilitado a los estadounidenses el registro para votar, no se debe permitir que las normas federales sustituyan «la autoridad soberana de la Legislatura de Arizona para determinar las cualificaciones de los votantes y estructurar la participación en sus elecciones», dijo el RNC en la solicitud que presentó originalmente el 8 de agosto.

En la presentación judicial del 19 de agosto, el RNC se refirió a la invocación de la otra parte del llamado Principio Purcell, que es una doctrina judicial que establece que las cortes no deben cambiar las reglas cerca de una elección porque hacerlo crea un riesgo de causar confusión.

Pero este planteamiento es erróneo porque exigiría que «los tribunales hicieran una evaluación independiente de si la aplicación o no aplicación de la ley electoral estatal tiene más probabilidades de causar confusión».

El argumento de los demandados impondría una norma injusta, ya que obliga a las cortes federales a examinar la política de aplicación del estado y «considerar que el status quo pesa a favor de una orden judicial si la aplicación no ha sido lo suficientemente enérgica», dice el escrito.

Esta remodelación del Principio Purcell también haría que las cortes federales «ponderaran Purcell a favor de una medida cautelar si suficientes funcionarios electorales estatales prefirieran ese resultado, incluso cuando otros funcionarios estatales hicieran cumplir la ley estatal».

Este enfoque de Purcell permitiría a las autoridades federales interferir en los procesos legislativos estatales.

«Permitir que el Noveno Circuito use Purcell como arma contra la ley electoral estatal solo fomentará más mandatos judiciales de última hora por parte de las cortes federales», dice el escrito.

El secretario de Estado de Arizona, Adrian Fontes, instó a la Corte Suprema a rechazar la solicitud en un escrito presentado el 16 de agosto.

Ya está demasiado cerca la elección para que la Corte Suprema actúe en este caso sensible al tiempo, dijo el Sr. Fontes.

«En tan solo 7 semanas comenzará la votación anticipada en Arizona. Sin duda, en esta coyuntura de las elecciones en Arizona, el tiempo no solo es esencial, sino que escasea».

«Cambios de última hora en la política estatal como los solicitados en la petición, no importa cuán pequeños puedan parecer a algunos, pueden (y el secretario Fontes cree que lo harán) impactar drásticamente en cómo se recogen y procesan los votos afectados».

Con informarción de Katabella Roberts


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