Las autoridades rusas declararon este viernes extremistas y terroristas a varios aliados y abogados del líder opositor ruso Alexéi Navalni, fallecido en extrañas circunstancias en prisión el pasado febrero.
Según la lista de Rosfinmonitoring, supervisor financiero ruso, esta condición se le aplica ahora a la directora del Fondo de Lucha contra la Corrupción, María Pevchij, la portavoz de Navalni, Kira Yarmish, la presentadora del canal Navalni LIVE Nina Voljónskaya y otros colaboradores del fallecido político.
También fueron declarados terroristas y extremistas dos abogados de Navalni, Olga Mijáilova y Alexandr Fedúlov, que residen en el exterior.
Entre las personas vinculadas con el opositor que entraron en la lista de Rosfinmonitoring y se encuentran en Rusia están la periodista Antonina Favórskaya, la activista Olga Komleva y el informático Alexéi Malyarevski, todos acusados de cooperación con el Fondo contra la Corrupción, fundado por Navalni.
Esta noticia se produce cuando se cumple medio año de la muerte de Navalni en una cárcel en el Ártico ruso.
Los familiares y simpatizantes del opositor acudieron este viernes al cementerio Borísovo de Moscú para rendir homenaje al político, de cuya muerte la viuda de Navalni, Yulia, culpa directamente al presidente ruso, Vladímir Putin.
Según informó este jueves Yulia Naválnaya, las autoridades concluyeron que falleció por arritmia.
«La muerte se produjo a causa de … la arritmia. Y díganme, ¿cómo encontraron esa arritmia durante la autopsia? Es imposible establecer un trastorno del ritmo cardíaco tras la muerte y Alexéi no tenía ninguna enfermedad cardíaca cuando estaba vivo», escribió Yulia Naválnaya en la web de su fallecido esposo.
Según la viuda del político opositor, el diagnóstico ofrecido por las autoridades es «una burla».
«Es otro intento bastante patético de ocultar que lo sucedido es un asesinato», aseguró.
Navalni, quien sobrevivió en 2020 a un intento de envenenamiento con el agente químico Novichok, falleció en febrero en una prisión de máxima seguridad de Siberia en la que se encontraba desde finales del año pasado y donde cumplía una condena de 19 años motivada por su activismo político, según defensores de derechos humanos.
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