Los seis perros que residían en la vivienda de la localidad madrileña de Colmenar de Oreja, donde murieron atacadas por dos de ellos su dueña, de 57 años, y su hija, de 41 años, fueron sacrificados.
Los veterinarios del Centro Integral de Acogida de Animales de la Comunidad de Madrid elaboraron un informe de los seis canes, de la raza Dogo de Burdeos y de un cruce de esta familia con otra, que determinó «el grave e inminente riesgo para la seguridad de las personas y otros animales».
Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid indicaron a Efe que los técnicos hicieron un análisis clínico, se estudió su comportamiento, características físicas, y «el grado de agresividad mostrado y sus posibilidades de recuperación o sociabilización».
De acuerdo con medios locales, los 2 perros de la raza dogo de Burdeos estaban cruzados con American Staffodshire Terrier, de la que proceden los otros cuatro. La primera raza no está en la lista de peligrosos en la Comunidad de Madrid (aunque sí en otras regiones españoles y otros países) mientras que los American Staffodshire sí están en dicho catálogo.
Los animales se encontraban en cuarentena en el centro de la Comunidad de Madrid desde que el pasado miércoles dos de ellos mataran a mordiscos a su dueña en la vivienda en la que residían.
Tras repetidas llamadas a su madre que no recibieron respuesta, su hija decidió acudir al domicilio familiar. Un mordisco en el cuello de uno de los perros fue mortal al afectar a la yugular, según indicaron fuentes de la investigación.
Fueron los maridos de ambas, que además son hermanos, quienes hallaron en el domicilio familiar a las dos víctimas, que murieron desangradas.
La ley autonómica de protección de animales de compañía, aprobada en julio de 2016, prohíbe su sacrificio, salvo por riesgo de salud pública, motivo por el cual se les ha practicado la eutanasia a los seis perros de Colmenar de Oreja dada su agresividad.
La Guardia Civil continúa con la investigación de qué pudo ocurrir para que se produjera el ataque, así como recopilando información como si los perros llevaban microchip y si estaban debidamente vacunados.
Desde la Consejería de Medio Ambiente recuerdan que la tenencia de estos animales está regulada por ley, «que establece las medidas de seguridad, licencia y registro».
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