Los votantes de San Francisco evaluarán en la boleta electoral del martes un par de medidas de seguridad pública que reflejan la frustración por la delincuencia y el consumo de drogas en la ciudad políticamente liberal, incluida una propuesta para obligar a tratamiento a los adultos que consumen drogas ilegales y que reciben prestaciones sociales en efectivo.
La otra medida electoral ampliaría los poderes de la policía, otorgando a los agentes de la ciudad mayor margen de maniobra para perseguir a sospechosos en vehículos, autorizaría el uso policial de drones y cámaras de vigilancia y reduciría los requisitos de papeleo, incluso en casos del uso de la fuerza.
El alcalde London Breed, un demócrata centrista que se encuentra en una dura batalla para la reelección, incluyó ambas medidas en la boleta electoral. Se enfrenta a tres opositores serios quienes afirman que su administración no ha abordado los delitos relacionados con las drogas, el vandalismo y los robos. En San Francisco no hay primarias —los votantes clasificarán a todos los candidatos por preferencia en las elecciones de noviembre.
Los líderes demócratas en las ciudades liberales de todo Estados Unidos han obtenido resultados dispares mientras luchan por equilibrar las reformas progresistas de la justicia penal con el hartazgo de los votantes. En San Francisco, los robos en comercios, el récord de muertes por sobredosis de fentanilo y la lucha por recuperarse de la pandemia han frustrado a los residentes y han atraído la atención negativa de los medios de comunicación nacionales.
En 2022, los votantes destituyeron al fiscal de distrito progresista Chesa Boudin en unas reñidas elecciones revocatorias, por considerar que era demasiado indulgente con los delincuentes. Al otro lado de la Bahía de San Francisco, en Oakland, el alcalde progresista Sheng Thao se enfrenta a unas posibles elecciones revocatorias debido a una ola de delitos que ha hecho que el gobernador Gavin Newsom envíe agentes de la Patrulla de Caminos de California y fiscales estatales para ayudar.
Los partidarios de las dos propuestas en la votación del martes han superado con creces a sus oponentes. Incluyen grupos de defensa cívica respaldados por la tecnología y directores ejecutivos como Chris Larsen de la empresa de criptomonedas Ripple y Jeremy Stoppelman de Yelp.
«Estas dos propuestas son increíblemente populares», dijo Kanishka Cheng, directora ejecutiva de TogetherSF Action, el brazo político de TogetherSF, un grupo de defensa cívica que cofundó al comienzo de la pandemia con el multimillonario capitalista de riesgo Michael Moritz.
Incluso si las medidas no son perfectas, dijo, «la gente está tan frustrada que está dispuesta a probar algo diferente. Ese es la opinión que escucho de los votantes todos los días».
Los opositores acusan a los multimillonarios tecnológicos de intentar comprar las elecciones y afirman que Breed simplemente intenta apuntalar los votos para noviembre. Afirman que las propuestas no harán que los ciudadanos estén más seguros.
La Propuesta F requeriría que los adultos solos sin personas a su cargo que reciben asistencia social local—unas 9000 personas al año— sean examinados para detectar el uso de drogas ilegales. Si se descubre que están consumiendo drogas, un especialista en adicciones y el beneficiario acordarían opciones de tratamiento que incluyen atención residencial, un programa de 12 pasos, asesoramiento individual y medicamentos de reemplazo.
No hay ningún imperativo de sobriedad, solo que la persona haga un esfuerzo de buena fe para participar en el tratamiento si desea recibir asistencia en efectivo, que alcanza un máximo de poco más de USD 700 al mes.
Entre sus partidarios se incluyen defensores de la recuperación, que dicen que es demasiado fácil para las personas conseguir y consumir drogas ilegales en San Francisco y que no hay suficientes opciones para ayudarles a recuperar la sobriedad.
Sara Shortt, portavoz de la campaña No a la F, responde que la medida castiga a las personas que necesitan ayuda y podría hacer que perdieran su vivienda.
«La gente no se sentirá cómoda solicitando servicios si saben que les harán preguntas intrusivas y luego les ordenarán participar en un programa», dijo.
La Propuesta E introduciría una serie de cambios en el departamento de policía, incluida la reducción de los poderes de la comisión de supervisión de la policía ciudadana, que según el alcalde está microgestionando el departamento.
La medida también permitiría que la policía instale cámaras de vigilancia pública, utilice drones, reduzca el papeleo y participe en más persecuciones de vehículos, algo que actualmente sólo pueden hacer en casos de un delito violento o una amenaza inmediata a la seguridad pública.
Personas como Michael Hsu, cuya tienda de calzado y ropa deportiva Footprint ha sido objeto de varios robos, el último el 1 de enero, apoyan la idea de dar más libertad de acción a la policía. La policía llegó cuando los sospechosos se marchaban, pero no pudo perseguirlos porque no había vidas en riesgo. Hsu dijo que el robo le costó unos 20,000 dólares.
Pero Yoel Haile, director de justicia penal de la Unión Americana de Libertades Civiles del Norte de California, que encabeza la oposición, afirmó que la ampliación de las persecuciones de automóviles provocará que más personas resulten heridas o incluso muertas en la densamente poblada ciudad.
Mientras tanto, flexibilizar los requisitos de trámites significará menos transparencia y el uso de la tecnología permitirá una mayor vigilancia secreta por parte de la policía, dijo, añadiendo que la manera de hacer que los vecindarios sean más seguros es a través de más viviendas, opciones de tratamiento y empleos.
«Lo que se propone es más poder para la policía, más recursos para la policía, más políticas punitivas», dijo Haile. «Esas se han probado y han fracasado».
Por Janie Har.
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