SANTA CLARA, California— En una votación unánime el 29 de junio, el Ayuntamiento de San José decidió avanzar con dos estrategias sobre la regulación de armas.
Una estrategia es exigir a los propietarios de armas que tengan un seguro de responsabilidad civil para sus armas de fuego. La segunda es exigirles que paguen una tasa para compensar a los contribuyentes por el coste de los incidentes relacionados con las armas.
La iniciativa se planteó después de un tiroteo masivo ocurrido en mayo en el patio de la Autoridad de Transporte del Valle del Condado de Santa Clara, en el que murieron nueve personas.
Un propietario de armas señaló los problemas de la normativa y cuestionó si es legal gravar un derecho constitucional.
«Una vez que ellos empiezan a gravar este derecho de la Segunda Enmienda, ¿van a gravar la Primera Enmienda?». cuestionó Evan Gan, fundador de Happy Guntry, a NTD Television. «¿Porque yo quiero decir algo, tengo que utilizar un canal especial para ser aprobado primero y demostrar que lo que estoy diciendo (…) se alinea con lo que el gobierno quiere predicar? Eso suena a otro país, no a Estados Unidos».
«Aunque la Segunda Enmienda protege el derecho a portar armas, no exige que los contribuyentes subvencionen la posesión de armas», declaró el alcalde de San José, Sam Liccardo, en un comunicado de prensa.
Se encontró que los incidentes relacionados con las armas en San José cuestan a los contribuyentes 442 millones de dólares al año y se pensó que hacer que los propietarios de armas paguen una tasa aliviará los gastos públicos, como las respuestas médicas y policiales.
Según Gan, falta claridad y responsabilidad en cuanto al destino de los fondos. Tampoco se siente protegido por la nueva ley.
«Me parece que las nuevas leyes que están saliendo son más protectoras de los delincuentes que de los ciudadanos», declaró. «No se hace nada para proteger a la población y solo alienta a más delincuentes, porque los delincuentes cometen delitos con armas y todos saben que las armas son ilegales».
Dado que la posesión de un arma de fuego está bajo la regulación federal, la policía local podría no tener forma de hacer cumplir la nueva ley y comprobar quién tiene armas.
El 1 de julio, el fiscal general de California, Rob Bonta, publicó datos sobre las ventas de armas en todo el estado en 2020. De 2019 a 2020, las ventas de armas de mano aumentaron un 65.5 por ciento y las de armas largas un 45.9 por ciento.
«Las ventas legales de armas no equivalen automáticamente a un incidente violento o a un crimen, y los californianos responsables que eligen poseer un arma de fuego ciertamente tienen ese derecho en California y en esta nación», dijo Bonta.
La ley tendrá una votación final en septiembre.
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