Una audiencia sobre el presupuesto propuesto por el presidente Joe Biden se enfocó en las estufas de gas el 23 de marzo, cuando el representante Dan Newhouse (R-Wash.) preguntó a la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, sobre la regla propuesta por su departamento sobre los electrodomésticos.
«Ha habido una gran cantidad de desinformación al respecto», dijo Granholm a Newhouse.
Granholm reconoció, sin embargo, que la mitad de las estufas de gas podrían verse afectadas por una propuesta del Departamento de Energía.
“La mitad de las estufas de gas que están en el mercado en este momento ni siquiera se verían afectadas”, dijo.
El Departamento de Energía propuso el 1 de febrero una norma que podría retirar del mercado muchas estufas de gas. Esa propuesta se produjo pocas semanas después de que un comisionado de la Comisión para la Seguridad de Productos al Consumidor (CPSC), Richard Trumka, Jr., dijera a Bloomberg que la prohibición de las estufas de gas estaba “sobre la mesa”.
El presidente de la CPSC, Alexander Hoehn-Saric, dijo el 11 de enero: «No tengo intención de prohibir las estufas de gas y la CPSC no tiene ningún procedimiento para hacerlo», retractándose del comentario de Trumka.
Del mismo modo, Granholm dijo a fines de enero que la noción de una prohibición de las estufas de gas era «muy ridícula» y «simplemente no es cierta», repitiendo los comentarios de la Casa Blanca del 11 de enero restando importancia a las conversaciones sobre una prohibición.
Sin embargo, un memorando interno de octubre de 2022 de Trumka indicaba que el organismo tenía pruebas suficientes para proponer la prohibición de las estufas de gas en los hogares este año fiscal.
El memorando ha sido revisado por The Epoch Times y se puede ver aquí.
La CPSC a principios de este mes dio un paso hacia una nueva regulación de las estufas de gas, a través de una petición formal de información sobre los posibles peligros para la salud de las estufas de gas.
Esa solicitud puede consultarse aquí.
Comentarios sobre la propuesta del Departamento de Energía
Granholm le dijo a Newhouse el 23 de marzo que el momento en que se presentó la última propuesta del Departamento de Energía tenía que ver con un reciente decreto de consentimiento.
“Solo estamos siguiendo el cronograma que se nos ha pedido que sigamos”, dijo.
Ese decreto de consentimiento, que surgió de una demanda contra el DoE por parte del Sierra Club, otros grupos ambientalistas y varios estados, requiere que el DoE resuelva el problema de las estufas de gas antes del 31 de enero de 2024, ya sea a través de nuevos estándares de conservación de energía o decidiendo no alterar las actuales normas de conservación de energía.
Granholm afirmó que las «estufas de gas de gama alta» eran las que estaban en riesgo, debido a sus rejillas más pesadas y quemadores de forma ovalada.
Granholm describió esas características como “un malgasto de gas natural”.
«Desde luego, no dice que a cualquiera que tenga una estufa de gas se la vayan a quitar», agregó.
El intercambio ocurrió durante una audiencia del Subcomité de Desarrollo de Energía y Agua y Agencias Relacionadas del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes.
Granholm no se refirió a los comentarios de Newhouse sobre el posible impacto de la propuesta del Departamento de Energía en los restaurantes, que suelen utilizar cocinas de gas.
Hace solo unos días, los republicanos de la Cámara propusieron una legislación destinada a evitar que la administración Biden lleve a cabo una prohibición de las estufas de gas.
El debate sobre las estufas de gas se produjo mientras los legisladores preguntaban a Granholm sobre el gasto en el DoE en el presupuesto de 2024 que Biden propuso el 9 de marzo.
Biden quiere un aumento del 13.6 por ciento en el presupuesto del DoE con respecto a lo que se promulgó en 2023. El departamento recibiría un total de USD 52 millones.
El documento presupuestario de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) afirma que el gasto del DoE «promueve la justicia y la equidad ambiental», incluso a través de «USD 54 millones para la Oficina de Impacto Económico y Diversidad para ayudar a implementar las labores de la Iniciativa Justicia40 del Departamento».
Se trata de un gran avance con respecto al presupuesto aprobado para el año fiscal 2023, que destinaba USD 34 millones a esa oficina.
La misma oficina recibió solo USD 20 millones en el año fiscal 2022, alrededor del 37% de lo que el presidente busca tan solo dos años después.
El testimonio de Granholm se produjo justo un día después de que Michael Regan, administrador de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, hablara sobre el presupuesto de Biden ante la Comisión de Medio Ambiente y Obras Públicas del Senado.
Esta comparecencia es tan solo una de las muchas que celebrará la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes el 23 de marzo en relación con partes concretas de la solicitud presupuestaria de Biden.
Algunas de las otras audiencias de hoy se enfocan a solicitudes de presupuesto del Servicio Forestal de EE. UU., la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia y el Departamento de Defensa.
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