El secretario de Educación, Miguel Cardona, siguió haciendo hincapié en el aumento de la financiación de los servicios de salud mental en las escuelas públicas en una audiencia celebrada el 11 de mayo ante el Comité de Apropiaciones sobre su históricamente elevado proyecto de presupuesto de 90,000 millones de dólares para el año fiscal 2024.
El presupuesto representa un aumento de 10,800 millones de dólares y una revisión del mismo muestra que casi todos los programas existentes y nuevos contienen fondos sustanciales para aumentar los servicios de salud mental en las escuelas, incluyendo la duplicación de lo que Cardona se refirió como trabajadores sociales escolares.
«La estudiante de su familia recibiría un apoyo envolvente», dijo Cardona, que siempre se refiere a un estudiante ficticio como «ella».
«Y si se enfrentara a algún problema con su salud mental, como sabemos que les ocurre a muchos estudiantes, podría acudir directamente a un profesional de la salud mental directamente en su escuela, porque la escuela se beneficiaría de nuestra inversión presupuestaria de otros 500 millones de dólares para avanzar en el objetivo de duplicar el número de consejeros escolares, trabajadores sociales escolares y proveedores de salud mental que están a disposición de nuestros hijos en estos momentos en que vivimos una crisis de salud mental juvenil», añadió.
En financiación general, Cardona ha pedido 578 millones de dólares adicionales para pagar el aumento de proveedores de salud mental en las escuelas.
Eso se suma a los 1000 millones de dólares asignados recientemente en virtud de la Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras (BSCA, por sus siglas en inglés) para hacer frente a lo que el Departamento de Educación denomina «escasez de personal de salud mental».
Además de los 578 millones de dólares, varios programas nuevos propuestos en el presupuesto del Departamento de Educación para 2024 también incluyen partidas para servicios y programas de salud mental en las escuelas.
Entre ellos, 30 millones de dólares adicionales al Fondo para la Mejora de la Educación Postsecundaria (FIPSE) para financiar «apoyos de salud mental» para las necesidades básicas de los estudiantes.
También busca 368 millones de dólares para seguir avanzando en los programas de Escuelas Comunitarias de Servicio Completo, con 25 millones de ese dinero dedicados a los distritos escolares para ayudarles a abordar lo que el presupuesto llama «una serie de necesidades de los estudiantes y las familias».
La incorporación de trabajadores de salud mental a las escuelas públicas de todo Estados Unidos es vista por algunos padres y grupos conservadores como una táctica de posicionamiento para convertir a los niños en pupilos del Estado cuando sus padres rechazan o impugnan las recomendaciones de la escuela de que se sometan a un tratamiento de afirmación de género.
Esa preocupación ha surgido a raíz de que algunos estados se han designado a sí mismos como estados santuario transgénero para menores, lo que incluye disposiciones que eluden el consentimiento paterno y convierten a los niños automáticamente en tutela del estado.
Tras tomar la custodia, el Estado puede internar a los niños en centros de tratamiento de género.
Ramona Bessinger, defensora de los padres en Rhode Island, declaró a The Epoch Times que tiene conocimiento de al menos dos familias en el estado que han perdido la custodia de sus hijos después de que su escuela los denunciara a los servicios de protección de menores por oponerse al uso de pronombres transgénero, nombres o terapias hormonales que cambian el sexo, como los bloqueadores de la pubertad.
«La asociación entre el sistema de educación pública y la industria médica y mental parece ser muy cercana», dijo Bessinger, una profesora de secundaria que ahora está suspendida por lo que ella dice que fueron sus desafíos a la ideología woke en las escuelas.
Lo que no estará en el presupuesto es la financiación para poner dos guardias armados en cada escuela pública, algo que fue propuesto recientemente por los republicanos en respuesta a los tiroteos en las escuelas.
Opuesto a la idea, el senador Brian Schatz (D-Hawái) preguntó a Cardona cómo afectaría al presupuesto la estimación de 36,000 millones de dólares, si la idea se llevara a cabo.
«No hay otra forma de responder a esa pregunta que decir que afectaría a lo que estamos intentando hacer actualmente, que es ayudar a nuestros estudiantes a aprender a leer, a tener éxito… y a tener vías universitarias y profesionales», respondió Cardona.
Schatz también sacó a colación la cuestión de las prohibiciones de libros en las bibliotecas escolares impulsadas por los padres, calificándolas de «básicamente un derecho de acción privado para venir y decir no me gusta ese libro».
Admitió que no se trataba de una cuestión presupuestaria y pareció plantear el tema, que se ha convertido en un debate nacional, sólo para mantener un breve diálogo con Cardona.
«Sé que son decisiones locales», dijo Schatz, «pero como secretario del Departamento a nivel federal, dígame lo que piensa sobre la prohibición de libros».
Cardona dijo que como padre y educador le parecían «alarmantes».
«Quitar libros de las manos de los niños y diezmar las bibliotecas y politizar —que debería ser algo que nos uniera— asegurarnos de que nuestros estudiantes están alfabetizados, proporcionarles textos diversos, para que puedan aprender sobre diferentes culturas, e incluso prohibiciones explícitas sobre la historia que enseña la experiencia de los negros estadounidenses, eso para mí es extremadamente preocupante», dijo.
Sólo cuatro de los 14 republicanos que forman parte del Comité de 29 miembros se pronunciaron en contra del presupuesto propuesto, aunque ninguno cuestionó la necesidad de financiar más trabajadores de salud mental en las escuelas de Estados Unidos.
Un par de republicanos plantearon brevemente la cuestión del aumento del analfabetismo y el descenso de los resultados de los exámenes.
Pero se centraron sobre todo en la controvertida iniciativa de la Administración Biden de eliminar la deuda de hasta 20,000 dólares de los préstamos estudiantiles.
La senadora Katie Britt (R-Ala.) acorraló a Cardona para que admitiera que los préstamos estudiantiles deben devolverse como cualquier otra deuda —como un préstamo de coche o una hipoteca— utilizando un comentario hecho a principios de la semana pasada por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, sobre el aumento del techo de la deuda.
«La secretaria de prensa de la Casa Blanca dijo que si compras un coche, se espera que pagues las mensualidades. Si compras una casa, se espera que pagues la hipoteca cada mes. Esa es la expectativa y la cita, ¿está de acuerdo con esa afirmación?», preguntó el senador Britt a Cardona.
Otros como el senador Shelley Capito (R-W.V.) también cuestionó Cardona acerca de su posición sobre la condonación de préstamos estudiantiles. Ella se centró específicamente en la pausa de larga data en el reembolso de los préstamos estudiantiles financiados por el gobierno.
Según Capito, los pagos se han interrumpido ocho veces en los últimos tres años.
Cardona aseguró a la comisión que estaba totalmente de acuerdo con poner fin a la pausa y a favor de la devolución de los préstamos, aunque comparó los rescates de préstamos universitarios con el dinero de ayuda por el COVID pagado a las empresas durante la pandemia.
Otros indicadores de que el presupuesto favorece el desplazamiento del coste parcial de la universidad a los contribuyentes incluyeron una petición de millones de dólares más en becas Pell, que no tienen que devolverse y en un aumento de los periodos de gracia sin intereses y más programas de aplazamiento.
La republicana Cindy Hyde-Smith (R-Miss.) preguntó a Cardona por qué —con todos los aumentos para otros programas— seguía sin haber un aumento para las escuelas subvencionadas tras cinco años de financiación fija.
Cardona no ofreció ninguna explicación, limitándose a afirmar que seguiría apoyando la financiación existente en el presupuesto para las escuelas subvencionadas.
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