El secretario de Trabajo de Estados Unidos, Marty Walsh, durante una actividad mediática dijo el jueves que la nueva norma de la administración Biden, que requiere que los empleados particulares muestren un comprobante de vacunación contra COVID-19 o regularmente se hagan una prueba de detección del virus, no es una orden.
«No se trata de una orden, sino de vacunarse o hacerse una prueba de detección», dijo Walsh, exalcalde de Boston, durante una aparición en la cadena de noticias MSNBC.
«Lo que queremos hacer es simplemente animar a la gente a vacunarse, si deciden no vacunarse les pedimos que se hagan la prueba y luego en el lugar de trabajo cuando estén cerca de otras personas lleven puesta una mascarilla. Esto no es una orden», añadió el secretario de Trabajo a CNN.
La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), que forma parte del Departamento de Trabajo, promulgó a primera hora del jueves lo que se conoce como norma temporal de emergencia, que establece requisitos para los empleadores privados.
El requisito obliga a las empresas con 100 o más trabajadores a obtener un comprobante de vacunación contra COVID-19 de cada empleado o los resultados de las pruebas de COVID-19 realizados con regularidad, al menos una vez por semana. Es posible que esta norma se amplíe a las empresas más pequeñas antes de que se le de término.
Los críticos dijeron que la norma es claramente una orden.
«Esta nueva norma es ilegal e inconstitucional. Elude el proceso legal normal con el Congreso de reclamar poderes de emergencia para imponer una orden a las empresas estadounidenses», dijo en una declaración Rick Esenberg, presidente y consejero general del Instituto de Derecho y Libertad de Wisconsin, quien representa a dos empresas que demandan a la administración Biden por la nueva norma.
A las pocas horas de darse a conocer esta normativa se presentaron múltiples demandas. Muchas de ellas la describen como una orden.
La administración Biden cita la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, una ley federal promulgada en 1970 tras ser aprobada por el Congreso y firmada por el entonces presidente Richard Nixon.
La ley permite a OSHA emitir una norma de emergencia «si la agencia determina que los empleados están sujetos a un grave peligro por la exposición a sustancias o agentes determinados como tóxicos o físicamente nocivos o por nuevos peligros, y es necesaria una norma temporal de emergencia (ETS) para proteger a los empleados de dicho peligro». Según la agencia, el SARS-CoV-2 o virus del PCCh (Partido Comunista Chino), que causa el COVID-19, constituye un grave peligro.
«No creo que nos estemos extralimitando», dijo Walsh, y añadió que confía, al igual que otros funcionarios de la administración Biden, en que la norma resistirá las impugnaciones legales.
Usando el razonamiento del secretario de Trabajo, el otro requisito emitido el jueves sería una orden.
Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid del Departamento de Salud aparte anunció que es necesario que los trabajadores sanitarios de los centros que reciben fondos de Medicare o Medicaid se vacunen contra el virus del PCCh. Estos centros, que emplean a más de 17 millones de trabajadores, se rigen por el requisito no por la norma de OSHA.
Ellos no tienen la opción de excluirse de las pruebas de detección del virus.
Cuando se le preguntó qué pasaría con los trabajadores sanitarios que se nieguen a vacunarse, Walsh dijo a PBS que «los empleadores podrán aplicar las medidas que consideren correctas».
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