El secretario de Estado de Ohio, Frank LaRose, remitió a 600 no ciudadanos para su enjuiciamiento porque estaban registrados ilegalmente para votar, incluidos 138 que se descubrió que habían emitido votos en las elecciones.
LaRose dijo en un comunicado de prensa el miércoles que su oficina tenía el deber de asegurarse de que los no ciudadanos no estaban votando en las elecciones.
En comparación, 148 casos de no ciudadanos fueron remitidos en 2022, 117 fueron remitidos en 2021 y 354 fueron remitidos en 2019. Más de 8 millones de personas están registradas para votar en Ohio.
«La ley me obliga a remitir a estas personas al fiscal general, y eso es lo que estamos haciendo hoy», dijo LaRose.
A principios de este año, su oficina auditó la base de datos de registro de votantes de Ohio, lo que dio lugar a la eliminación de 154,995 registros, porque estaban inactivos durante al menos cuatro años consecutivos.
Las organizaciones de derechos civiles afirmaron entonces que se trataba de una forma de supresión de votantes. Sin embargo, LaRose afirmó que la iniciativa sigue en marcha y que aún podrían cancelarse más inscripciones antes de las elecciones presidenciales de noviembre.
El secretario de Estado afirmo que sus esfuerzos de verificación de la ciudadanía este año son los más exhaustivos que la oficina haya emprendido jamás. El análisis incluye comprobaciones cruzadas con los registros proporcionados por la Oficina de Vehículos Motorizados de Ohio, la base de datos federal de no ciudadanos del Departamento de Seguridad Nacional, la Administración de la Seguridad Social, los datos del jurado federal y otros recursos.
LaRose, según su oficina, creó una División de Integridad Pública a tiempo completo de la Oficina estatal de Análisis de Datos y Archivos para administrar las elecciones.
«La Asamblea General de Ohio está estudiando la legislación para convertir la Unidad de Integridad Electoral de la división en una función permanente de la oficina», añade el comunicado de prensa.
Estado indeciso
Ohio ha sido considerado durante mucho tiempo uno de los varios estados indecisos que pueden influir en el resultado de las elecciones presidenciales, aunque el expresidente Donald Trump ganó el estado tanto en 2016 como en 2020. Desde las últimas elecciones, Trump se promuncio sobre el posible fraude electoral en los comicios.
Antes de las elecciones presidenciales de noviembre, los republicanos presentaron varias demandas que apuntan a varias leyes electorales estatales.
El Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés), que sufrió una remodelación de su cúpula a principios de este año, ha presentado demandas relacionadas con las leyes de identificación de votantes, los votos por correo y el mantenimiento del censo electoral, entre otras cuestiones.
A principios de esta semana, la Corte Suprema de EE.UU. se pronunció sobre una demanda relacionada con las elecciones. La alta Corte, en una decisión de 5-4, accedió a una petición del RNC de reinstaurar una ley de identificación de votantes de Arizona aprobada en la legislatura estatal controlada por los republicanos, que exige a los nuevos votantes que demuestren su ciudadanía estadounidense al utilizar un formulario de votante estatal.
La decisión de los jueces afecta a unos 41,000 votantes del estado indeciso que utilizaron formularios de registro estatales y no acreditaron su ciudadanía presentando un certificado de nacimiento u otro documento.
«Enorme victoria para la integridad de las elecciones», escribió el Partido Republicano en las redes sociales en respuesta al fallo de la corte.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh votaron a favor de restablecer la norma de ciudadanía. Los jueces Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett y Ketanji Brown Jackson votaron en contra.
Con informacion de The Associated Press
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