La industria porcina está pidiendo a la Corte Suprema que derogue una ley aprobada por los votantes en California que prohibiría la venta de carne porcina en el estado procedente de cerdos criados en cualquier parte del mundo que no cumplan la norma de producción del estado que exige que cada cerda disponga de una cantidad específica de espacio que supere las normas de la industria.
Los funcionarios de California están redactando el reglamento de implementación para la ley, que los partidarios promovieron como una medida de bienestar animal, que entrará en vigor el 1 de enero de 2022. Para seguir vendiendo carne de cerdo a los 40 millones de consumidores que viven en el estado, lo que representa aproximadamente el 15 % del mercado de carne de cerdo de Estados Unidos, los productores de carne de cerdo tendrían que cambiar a nuevos sistemas de criaderos de cerdas con un coste de miles de millones de dólares, nuevos gastos que serán asumidos por los consumidores a través del aumento de los precios de la carne porcina, según la Federación de la Oficina Agrícola Americana.
«Pedimos a la Corte Suprema que considere la constitucionalidad de que un estado imponga regulaciones que van mucho más allá de sus fronteras y ahogan el comercio interestatal e internacional», dijo la presidenta del Consejo Nacional de Productores de Cerdo, Jen Sorenson, en un comunicado.
«En este caso, normas arbitrarias de criadero de animales que carecen de base científica, técnica o agrícola y que solo causarán perjuicios a los criadores de cerdos de EE. UU.»
La Propuesta 12 de California, la Iniciativa de Confinamiento de Animales de Granja, apareció en la boleta electoral en el Estado Dorado el 6 de noviembre de 2018, como una propuesta de estatuto estatal iniciada. La pregunta fue aprobada con un voto de 62.66 % «sí» (7,551,434 votos) a 37.34 % de «no» (4,499,702 votos), según Ballotpedia.
La iniciativa «establecería requisitos de espacio mínimo basados en pies cuadrados para los terneros criados para la ternera, los cerdos de cría y las gallinas para la producción de huevos, y prohibiría la venta de (a) carne de ternera, (b) carne de cerdo de los cerdos de cría y (c) huevos de las gallinas cuando los animales estén confinados en áreas por debajo de los requisitos de los pies cuadrados mínimos».
La demanda en el caso, National Pork Producers Council vs. Ross, expediente judicial 21-468, fue presentada ante la Corte Suprema el 27 de septiembre. El otro demandante es la American Farm Bureau Federation (AFBF). Karen Ross, una de las demandadas, es secretaria del Departamento de Alimentos y Agricultura de California (CDFA, por sus siglas en inglés). Los otros demandados son Tomas Aragon, director del Departamento de Salud Pública de California, y Rob Bonta, el fiscal general del estado.
La apelación se produce luego de que la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Noveno Circuito fallara en contra de los demandantes en julio, encontrando que no hubo violación de la Constitución y que la nueva ley podría conducir a «efectos dramáticos en la corriente ascendente y (…) cambios generalizados en la industria porcina a nivel nacional». Los demandantes argumentan que la decisión entra en conflicto con otras sentencias de la corte federal de circuito.
La Propuesta 12 convierte en una infracción penal y civil la venta de carne de cerdo en el estado «a menos que el cerdo del que procede haya nacido de una cerda—una hembra adulta—alojada con 24 pies cuadrados de espacio y en condiciones que permitan a la cerda darse la vuelta libremente sin tocar su corral», según la demanda a la Corte Suprema.
Casi ninguna cerda criada comercialmente en Estados Unidos tiene 24 pies cuadrados de espacio habitable, «incluso aquellas criadas en corrales grupales; y los granjeros casi universalmente mantienen cerdas en corrales individuales que no cumplen con la Propuesta 12 durante el período entre el destete y la confirmación de la preñez, por razones de salud animal y comerciales».
Los demandantes argumentan que la Cláusula de Comercio otorga al Congreso la autoridad para regular el comercio entre los estados y restringe a los estados regular el comercio fuera de sus fronteras, excepto por razones de salud pública y seguridad.
“Las pequeñas granjas familiares más allá de las fronteras de California serán las más afectadas, ya que se verán obligadas a realizar cambios costosos e innecesarios en sus operaciones”, dijo el presidente de la AFBF, Zippy Duvall, en un comunicado.
Steve Lyle, director de Asuntos Públicos del Departamento de Agricultura de California, a quien se le preguntó acerca de la apelación a la Corte Suprema y dijo: «No tenemos comentarios en este momento».
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