En México se desviaron 4.179 millones de pesos (unos 214 millones de dólares) de 2014 a 2019 a través de la emisión de unas 22.933 facturas falsas utilizadas en el sistema de salud, reveló una investigación presentada este lunes en la Ciudad de México.
Las asociaciones Impunidad Cero y Justicia Justa presentaron la investigación «Facturas falsas: la epidemia en el sector salud», la cual dio a conocer que el Estado de México fue la entidad con más desvíos, con un total de 1.804 millones de pesos (92,55 millones de dólares) desviados.
Denise Tron Zuccher, investigadora de Justicia Justa, dijo en entrevista que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue donde más desvíos hubo, con 321 millones de pesos (16,4 millones de dólares) que pagó a «empresas fantasmas» (ficticias).
Mientras que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y la Secretaría de Salud también han utilizado el modelo de recepción de facturas de «empresas fantasmas» para el desvío recursos públicos, denunciaron.
Tron Zuccher señaló que en el análisis que realizaron sobre las facturas destacó el hecho de que la razón social de las empresas ficticias eran: «consultoría», «prestación de servicios», «distribución» y «entrega» o “solo una compañía se refería a algo farmacéutico”.
Esto, destacó, facilitó el desvío de los recursos «porque no hay materialidad que comprobar y es mucho más sencillo simular operaciones y servicios».
La investigación arrojó que existen 837 empresas fantasmas identificadas, que ya se encuentran en la lista del Sistema de Administración Tributaria (SAT), que desviaron los recursos públicos, 80 % de los cuales se concentraron en 23 compañías.
En la investigación se apunto que entidades ligadas al Gobierno muestran el mayor número de facturas falsas, entre ellas la Secretaría de Salud, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX, empresa del Gobierno mexicano dedicada a la investigación y desarrollo de vacunas), institutos nacionales así como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Según el estudio BIRMEX realizó pagos por 213 millones de pesos (10,9 millones de dólares) a 5 empresas fantasma en solo 17 meses, entre 2014 y 2016 con recursos públicos que debían de haberse destinado a la compra de materiales, remuneración de personal médico así como construcción y mantenimiento de hospitales.
Tron Zuccher subrayó que en las siguientes dos semanas podrían presentar denuncias penales sobre las 90 instituciones públicas que, de acuerdo a la investigación, están involucradas.
“Es una práctica que no se limita al periodo que documentamos, es algo que se mantiene y muestra cómo operan las instituciones, no solo de salud, sino en otros sectores. Debemos exigir que se tomen medidas mucho más tajantes para detener estas prácticas”, enfatizó.
Con los más de 4.000 millones de pesos que se desviaron, informó Irene Tello Arista, de Impunidad Cero, se hubieran podido comprar 80.000 camas de hospital o se pudieron invertir en el tratamiento de 41.000 pacientes con cáncer de mama.
Desde su llegada al poder, el 1 de diciembre de 2018, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inició una cruzada para erradicar este fenómeno que, según él, es el que más ha dañado al país en las últimas décadas.
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