La primera demanda federal contra las vacunas COVID-19 impuestas por los empleadores ha añadido un segundo demandante que afirma que fue despedido tras rehusarse a cumplir con la obligación de vacunación del condado.
Anthony Zoccoli, exempleado del Centro de Detención del Condado de Doña Ana, en Nuevo México, afirma que fue despedido de su trabajo porque se negó a recibir la «inyección experimental», según una demanda enmendada presentada el 4 de mayo.
La demanda es consecuencia de una directiva emitida en enero por el administrador del condado, Fernando Macias, para que todos los primeros socorristas del condado de Doña Ana, incluidos los funcionarios del centro de detención y «otro personal que tenga contacto cara a cara con los reclusos», reciba la vacuna COVID-19 como condición para seguir trabajando.
«Como lo exige la OSHA y de acuerdo con el deber del Condado de proporcionar y mantener un lugar de trabajo libre de peligros conocidos, estamos adoptando una directiva de vacunación obligatoria contra el COVID-19», escribió Macias en un memorando del 29 de enero, añadiendo que la vacunación es un «requisito y una condición de empleo continuo con el Condado».
Macias es uno de los cinco acusados nombrados en la demanda. Los otros cuatro son el director del centro de detención Bryan Baker, los capitanes Ben Mendoza y Joshua Fleming, y el Condado de Doña Ana.
Un portavoz del Departamento de Trabajo, en un correo electrónico enviado a The Epoch Times el 15 de marzo, dijo que la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) no exige que los empleadores impongan la vacuna.
«La OSHA no obliga a las empresas a exigir a sus empleados que se vacunen, pero un empleador puede hacerlo si es coherente con otras leyes laborales y de empleo federales, estatales o locales», escribió el portavoz.
El abogado del condado, Nelson Goodin, que representa a los demandados, negó que Zoccoli fuera despedido por no vacunarse.
«El señor Zoccoli era un empleado a prueba y como tal podía ser despedido con o sin causa», dijo Goodin a The Epoch Times por correo electrónico. «Fue despedido durante su período de prueba como lo permite la política del condado».
«No fue despedido porque se negara a ser vacunado. La política del condado es que cuando se despide a un empleado a prueba solo se le avisa de que es porque está en periodo de prueba y, como tal, lo hace a voluntad ”, agregó.
El empleo «a voluntad» significa que un empleador tiene la autoridad de despedir a un empleado en cualquier momento y por cualquier motivo, siempre que no sea ilegal. Del mismo modo, un empleado puede dejar su trabajo por cualquier razón o sin ella sin preocuparse de las ramificaciones legales.
Nuevo México es uno de los 49 estados donde se aplica el empleo «a voluntad». Montana es el único estado en que no aplica como resultado de una ley que fue aprobada en 1987 que establece que los empleadores deben tener una causa justa para despedir a un empleado después del periodo de prueba.
Goodin también confirmó a The Epoch Times que Isaac Legarreta, exfuncionario del centro de detención y el demandante original que presentó la demanda, «ya no trabajaba en el centro de detención», ya que había «renunciado voluntariamente».
En la demanda enmendada, tras negarse a recibir la vacuna COVID-19, Legarreta «recibió una reseña de ‘entrenamiento y asesoramiento’ por no cumplir con la directiva» y posteriormente fue reasignado a un «puesto menos deseable» en la sección de menores del centro de detención tras la presentación de la demanda. Además, alegó que fue «despedido de un puesto que tenía en el equipo de respuesta a emergencias del Centro de Detención, lo que supuso una pérdida de ingresos».
La abogada de Legarreta, Ana Garner, de la organización New Mexico Stands Up!, dijo a The Epoch Times que su cliente dejó su trabajo porque «el empleador creó condiciones de trabajo hostiles, lo que resultó en una dimisión forzada».
La dimisión forzada se produce cuando un empleado renuncia debido a que el empleador hace que las condiciones de trabajo sean intolerables.
Pero Goodin dice que Legarreta no fue despedido del equipo de respuesta a emergencias, sino que fue «puesto en pausa operativa debido al riesgo de exposición potencial para él mismo y para otros empleados o detenidos» y que «siguió recibiendo la remuneración hasta el momento de su renuncia».
Ley federal
La cuestión central de la demanda es que la obligación de disponer de un producto médico «no aprobado» en virtud de una autorización de uso de emergencia (EUA) infringe tanto las directrices de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) sobre la autorización de emergencia de productos médicos como la Ley federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, que establece que las personas tienen la opción de vacunarse o no.
La sección 360bbb-3 de la ley establece que las personas tienen «la opción de aceptar o rechazar la administración del producto, de las consecuencias, si las hay, de rechazar la administración del producto, y de las alternativas al producto que están disponibles y de sus beneficios y riesgos».
Las tres vacunas contra el COVID-19 utilizadas en Estados Unidos se distribuyen actualmente bajo la EUA, no están aprobadas a nivel federal por la FDA y siguen en un ensayo clínico en el que se sigue recogiendo e investigando su seguridad y eficacia durante uno o dos años más.
Cualquier producto médico distribuido bajo la EUA se considera un fármaco en investigación y se suspendería si hubiera un producto médico disponible, aprobado y adecuado para tratar el COVID-19, la enfermedad que provoca el virus del PCCh (Partido Comunista Chino).
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) también subrayaron el pasado otoño que cualquier vacuna contra el COVID-19 emitida en virtud de una EUA no puede ser obligatoria.
«Solo quiero recordar a todo el mundo que bajo una autorización de uso de emergencia, una EUA, no se permite que las vacunas sean obligatorias», dijo en agosto de 2020 la Dra. Amanda Cohn, secretaria ejecutiva del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC. «Así que al principio de esta fase de vacunación, los individuos tendrán que aceptar y no podrán ser obligados».
El Departamento de Salud de Nuevo México dice que no hará obligatoria la vacuna COVID-19, sin embargo «algunas entidades privadas pueden requerir que sus empleados se vacunen».
Mark Sadaka, abogado litigante y fundador de Law Offices of Sadaka Associates, dijo a The Epoch Times que las empresas pueden exigir a sus empleados que se vacunen, pero hay factores que hay que considerar.
«Los empleadores que hacen de la vacuna COVID un requisito también corren el riesgo de perder personal cualificado que no quiera vacunarse», escribió Sadaka en un correo electrónico en marzo.
«Lo contrario también es cierto. El personal cualificado puede marcharse si un empleador no hace de las vacunas COVID un requisito, especialmente si hay mucha interacción en persona como requisito para el trabajo».
Garner dijo que ella y su abogado adjunto, Jonathan Diener, esperan que el tribunal «declare que la ley federal dice lo que dice, y es que gobierna sobre cualquier mandato que una agencia estatal o local haría» y que «los potenciales receptores de la medida cautelar» tienen derecho a rechazar la vacuna sin alegar una exención médica o religiosa.
«En este caso, buscamos específicamente a las personas que no alegaron una de las excepciones porque queremos que esté disponible, queremos que el desagravio declaratorio [la sentencia del tribunal que declara los derechos del demandante] esté disponible para todas las personas que quieran negarse, y no tienen que dar una razón».
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