El 16 de marzo, el Senado acordó una extensión de 77 días a un conjunto de herramientas de vigilancia del FBI bajo la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), que había expirado el domingo por la noche, para dar a los legisladores tiempo para nuevas negociaciones sobre las reformas necesarias para el poderoso programa de escuchas internas que permitió las escuchas telefónicas en la campaña Trump.
La medida, que amplía y actualiza las normas de vigilancia nacional en virtud de la FISA, es retroactiva al sábado. Aún debe ser aprobada por el Senado y requiere la firma del presidente Donald Trump antes de que pueda convertirse en ley.
El Senado tenía previsto celebrar una votación inicial el lunes por la noche sobre un proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes la semana pasada, que habría reautorizado y reformado parte del programa.
En su lugar, los senadores, encabezados por el líder de la mayoría del Senado, el republicano Mitch McConnell, acordaron unánimemente la extensión temporal para permitir una mayor consideración de las enmiendas al proyecto de la Cámara.
El papel de la Corte FISA se ha convertido en un tema de controversia.
Los partidarios del presidente Donald Trump han pedido reformas de FISA, después que el inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, emitiera en diciembre de 2019 un informe crítico que culpó al FBI por «al menos 17 errores y omisiones importantes» en las solicitudes presentadas al tribunal FISA cuando éste trató de interceptar las llamadas telefónicas del exasesor de campaña de Trump, Carter Page, como parte de su investigación de los supuestos contactos entre la campaña de Trump y Rusia, una narración que desde entonces ha sido descartada por el Informe Mueller.
Trump, que está convencido de que las herramientas de vigilancia cubiertas por la legislación fueron utilizadas indebidamente contra su campaña de 2016, ha exigido controles más estrictos a las autoridades permitidas por la ley.
Los partidarios del programa lo consideran una herramienta esencial para los esfuerzos de las agencias de inteligencia en la lucha contra el terrorismo.
El proyecto de ley aprobado en la Cámara fue escrito junto al fiscal general William Barr, considerado uno de los más fuertes defensores de Trump. Pero no pasó la oposición en el Senado sin que se votaran las enmiendas.
Se espera que el senador Rand Paul (R-Ky.) presione para que el Senado vote una propuesta para bloquear las órdenes de FISA, para que no sean usadas contra los estadounidenses. Mientras tanto, se espera que el senador Mike Lee (R-Utah) proponga una enmienda que refuerce las protecciones legales para los objetivos de vigilancia, informó The Hill.
El senador Ron Wyden, (D-Ore.), quien sirve en el Comité de Inteligencia del Senado, presionó el lunes por una enmienda que pondría fin a la vigilancia de los navegadores web y que establecería una supervisión independiente del proceso FISA.
«Bajo este acuerdo, el Senado tendrá la oportunidad de debatir si el gobierno puede llevar a cabo el seguimiento digital de los estadounidenses sin una orden judicial», dijo Wyden, según Fox News. «Todos los que estaban preocupados por que el gobierno recogiera los registros de su biblioteca, o por ver a quién llamaba, deberían estar aterrorizados de que el gobierno pueda tomar su historial de navegación por Internet sin una orden judicial.
El fiscal general, William Barr, expresó la semana pasada su apoyo a la aprobación del proyecto de ley de la Cámara, reautorizando a la FISA.
«Es de suma importancia que los abogados e investigadores del Departamento trabajen siempre de manera consistente con los más altos estándares profesionales, y este paquete general de medidas ayudará a asegurar la integridad del proceso de la FISA y protegerá contra futuros abusos en el futuro», expresó Barr.
Reuters contribuyó a este informe.
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