El Senado de EE.UU. decidió el 12 de junio no aprobar un proyecto de ley de reforma de la ética de la Corte Suprema patrocinado por los demócratas después de que la medida fuera presentada por el jefe de la mayoría del Senado Dick Durbin (D-Ill.) para el consentimiento unánime.
El senador Lindsey Graham (R-S.C.) se opuso a aprobar la propuesta de Ley de Ética, Recusación y Transparencia de la Corte Suprema (SCERT, por sus siglas en inglés) sin llevar a cabo una votación formal después de que Durbin solicitara el consentimiento unánime de los senadores para su aprobación.
«Seamos claros», dijo Graham en el pleno del Senado. «No se trata de mejorar la Corte, se trata de socavarla».
El Sr. Graham calificó el proyecto de ley como «una extralimitación inconstitucional» de los demócratas destinada a socavar «una Corte que no les gusta».
La objeción de un solo senador bloquea la aprobación de un asunto por consentimiento unánime, según las normas del Senado.
A pesar de la objeción, la medida legislativa sigue viva y podría volver al pleno del Senado siguiendo el proceso normal.
El Sr. Durbin, que también es presidente del Comité Judicial del Senado, había dicho el 11 de junio que tenía sus dudas sobre la fácil aprobación del proyecto de ley.
«Creo que conozco el resultado, pero vamos a hacer el ejercicio para asegurarnos de que ambas partes están de acuerdo», dijo.
Los demócratas llevan aumentando la presión sobre la Corte Suprema desde 2022, cuando anuló el caso Roe contra Wade y devolvió la regulación del aborto a los estados.
También han expresado su preocupación por los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito que aceptaron regalos de donantes republicanos y no los revelaron inicialmente.
Las quejas de los demócratas sobre el juez Alito han aumentado desde que se informó recientemente que una bandera estadounidense ondeaba al revés fuera de su residencia y una bandera de la época de la Revolución Americana «Apelación al Cielo» fue exhibida en su casa de playa. El juez Alito dijo que su esposa izó las banderas.
Los demócratas afirman que las banderas indican que el juez Alito se alinea con el expresidente Donald Trump y no se puede confiar en que sea imparcial en sus fallos.
Quieren que el juez sea recusado de dos casos pendientes de subversión electoral relacionados con Trump que los jueces están deliberando actualmente.
Uno se refiere a si el presidente Trump goza de inmunidad presidencial por las acciones tomadas para disputar las elecciones presidenciales de 2020; el otro es sobre si una ley de reforma contable puede usarse para procesar a personas que supuestamente participaron en la irrupción de seguridad en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, durante los esfuerzos de los legisladores para certificar los resultados electorales.
Los legisladores republicanos responden que no hay evidencia de que los regalos hayan influido en la conducta de ninguno de los jueces y dicen que los demócratas van tras la Corte solo porque no les gustan algunas de las decisiones que ha estado tomando.
Los republicanos del Congreso defienden en general al juez Alito, pero algunos dicen que ondear las banderas fue desacertado.
Los demócratas apoyan el proyecto de ley SCERT del senador Sheldon Whitehouse (D-R.I.), también conocido como S.359, que crearía un sistema que permitiría a los miembros del público presentar quejas contra los jueces por violar un código de conducta o por incurrir en «conductas que socavan la integridad» de la corte.
El Comité Judicial del Senado aprobó el proyecto de ley en julio de 2023 con el voto favorable de todos los partidos.
El proyecto de ley facultaría a un panel de jueces de tribunales inferiores para investigar las quejas contra los magistrados y ordenar medidas disciplinarias.
El panel tendría poderes de citación y la autoridad para llevar a cabo audiencias y publicar informes públicos sobre sus actividades.
Se establecerían normas que exigirían la revelación de regalos, ingresos y reembolsos recibidos por cualquier juez o secretario judicial.
También se permitiría a un litigante presentar una moción para descalificar a un juez de un caso, que sería revisada por un panel de jueces.
La medida obligaría a un juez a recusarse de un caso cuando supiera que una parte o su filial en un procedimiento judicial gastó «fondos sustanciales» para apoyar la confirmación de un juez por el Senado.
La obligación de descalificarse también se aplicaría cuando un juez, su cónyuge, un hijo menor de edad o una entidad privada propiedad de esa persona recibiera ingresos, un regalo o un reembolso de una parte o un afiliado en un procedimiento en un periodo de seis años antes de que el juez se haga cargo del caso.
El proyecto de ley también exigiría una mayor divulgación por las partes que presenten escritos de amigos del tribunal, que tratan de influir en el tribunal en casos específicos.
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