Los persistentes desacuerdos sobre un controvertido programa de vigilancia hicieron que los líderes del Senado se esforzaran el 19 de abril por llegar a un acuerdo antes de la medianoche para reautorizar la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA).
«Todavía estamos tratando de ver si hay un camino para conseguir este proyecto de ley rápidamente, pero sigue habiendo desacuerdos sobre cómo proceder. Nuestro trabajo no ha terminado. Así que vamos a seguir en ello», dijo el líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, en el pleno del Senado.
«Nosotros queremos entregar la FISA lo antes posible, porque es muy importante para nuestra seguridad nacional. Pero como todo el mundo sabe, cualquier miembro puede detener el progreso en esta cámara. Así que ambas partes tienen que cooperar plenamente si queremos conseguir que se haga la FISA».
De aprobarse, la Ley de Reforma de la Inteligencia y Seguridad de Estados Unidos reautorizaría la Sección 702 durante dos años. Los defensores del proyecto de ley afirman que el programa es crucial para proteger la seguridad nacional.
«Las amenazas a la seguridad de Estados Unidos están en rojo», dijo el líder de la minoría, Mitch McConnell (R-Ky.). «Nuestros adversarios están tan empeñados como siempre en sembrar el caos y la violencia, por lo que votar hoy a favor de devolver esta legislación crítica a la Cámara es votar a favor de facilitarles el trabajo. El Senado no debe permitir que la Sección 702 se oscurezca».
La Sección 702 de la FISA autoriza a las agencias de inteligencia a llevar a cabo vigilancia sin orden judicial de ciudadanos extranjeros en el extranjero. Pero el uso indebido de esta herramienta por parte del FBI para espiar a los ciudadanos estadounidenses alarmó a ambos extremos del espectro político.
El senador Ron Wyden (D-Ore), expresó sus objeciones al proyecto de ley y la describió como «una ampliación muy sustancial y peligrosa» de las facultades de vigilancia sin orden judicial del gobierno federal.
Una de las disposiciones del proyecto de ley, señaló el Sr. Wyden, amplía la lista de proveedores de servicios electrónicos a los que el gobierno federal podría obligar a facilitar las comunicaciones de los ciudadanos estadounidenses sospechosos de haberse contactado con objetivos extranjeros.
«No hace falta cambiar las normas que se apuntan para amenazar la privacidad de los estadounidenses», dijo el Sr. Wyden. «Si el gobierno cree que sus objetivos extranjeros se están comunicando con personas en Estados Unidos, pueden ir directamente a la fuente: el WiFi, las líneas telefónicas, los servidores, los servidores que transmiten o almacenan esas comunicaciones».
El senador Josh Hawley (R-Mo.) compartió esa preocupación, advirtiendo en un posteo en X que el proyecto de ley «convertiría a los arrendadores y reparadores de ordenadores en espías».
Desacuerdo sobre las órdenes judiciales
Republicanos y demócratas por igual expresaron su apoyo a exigir a las agencias de inteligencia que obtengan una orden judicial —para lo cual tendrían que demostrar causa probable para creer que se ha cometido un delito— para ver las comunicaciones de los ciudadanos estadounidenses.
Pero el senador John Cornyn (R-Texas) argumentó que añadir ese requisito «diezmaría la eficacia de la Sección 702».
«La Sección 702 proporciona la agilidad que necesitamos para mantenernos a la vanguardia», dijo el Sr. Cornyn en el pleno del Senado. «Exigir una orden judicial para cada consulta de información recopilada legalmente en la base de datos 702 obstaculizaría significativamente la capacidad de responder a las amenazas emergentes».
El senador presentó la medida ante el Senado como un «proyecto de reforma» que, incluso sin una disposición de orden judicial, aborda muchas de las cuestiones que se han planteado sobre la Sección 702 en su forma actual.
En concreto, el proyecto de ley reduce la lista de personas autorizadas a autorizar y buscar en la base de datos FISA 702, prohíbe el uso de esta herramienta para recabar pruebas de un delito e instituye nuevos requisitos para las solicitudes dirigidas a personas estadounidenses ante la Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera. La medida también endurece las penas por investigaciones ilegales y facilita al Congreso la supervisión del programa.
El Sr. Cornyn afirmó además que si no se reautoriza la Sección 702, las capacidades de inteligencia de Estados Unidos «se verán afectadas, de eso no hay duda».
La Casa Blanca adoptó la misma postura sobre el proyecto de ley.
A principios de esta semana, el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, emitió un comunicado en el que aplaudía a los líderes del Senado por haber tomado rápidamente la legislación.
«Esta legislación, que fue aprobada por la Cámara de Representantes con un sólido apoyo bipartidista, garantiza que el Gobierno de Estados Unidos disponga de las herramientas necesarias para proteger nuestra seguridad nacional, a la vez que mejora drásticamente la protección de la privacidad y las libertades civiles», afirmó el Sr. Sullivan. «Nosotros pedimos al Senado que envíe rápidamente el proyecto de ley a la mesa del Presidente».
Si es aprobado por el Senado, el proyecto de ley se dirigirá a la Casa Blanca para su promulgación al final del día.
Con la contribución de Joseph Lord
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