Un proyecto de ley que pretendía ampliar las oportunidades de desviación de algunos delitos fue rechazado por el Senado de California el 23 de mayo.
El Proyecto de ley del Senado 1282, escrito por la senadora Lola Smallwood-Cuevas, habría dado a los jueces la discreción para ofrecer a los acusados de ciertos delitos menores y de ciertos delitos graves la opción de someterse a programas, tales como los de abuso de sustancias y atención de la salud mental. Además, si los completaban con éxito dentro de dos años, los cargos por los delitos del acusado serían retirados.
«Nosotros queremos evitar que el mayor número posible de personas ingrese en prisión por delitos menores y graves no violentos», declaró la Sra. Smallwood-Cuevas a The Epoch Times el 24 de mayo. «Este proyecto de ley trata de alternativas que funcionan y, por desgracia, hay demasiados californianos que no tienen esta opción. (…) Démosles una opción».
Mientras que los programas de desviación de delitos se ofrecen actualmente en algunos condados para algunos delitos menores, el proyecto de ley incluía a todos los condados de California e incluía algunos casos de delitos más graves.
Los acusados de delitos que requieren el registro de delincuentes sexuales, violencia doméstica, delitos violentos —incluyendo asesinato y homicidio voluntario, entre otros— violación, abuso sexual de menores, y otros, no habrían sido elegibles para la desviación.
A los jueces no se les ordenaría ofrecer desviación, pero el proyecto de ley habría permitido a la corte remitir a los acusados a atención de salud mental, servicios de vivienda, tratamiento de abuso de sustancias u otros programas y servicios que se consideren apropiados.
La autora afirmó que el Estado y sus ciudadanos se beneficiarían de la ampliación del programa.
«Mientras nosotros nos aseguramos de que estamos fortaleciendo y ampliando las mejoras y siendo duros con el crimen, seamos inteligentes al respecto», dijo la Sra. Smallwood-Cuevas.
El proyecto de ley se enfrentó a una dura oposición en el Senado y no consiguió los 21 votos necesarios para ser aprobado. Aunque la autora pidió varias veces a sus colegas que apoyaran la medida —la propuesta se presentó en el Senado tres veces en aproximadamente una hora— dos demócratas aceptaron y elevaron a 20 el número total de votos a favor, pero luego otros tres miembros del partido cambiaron sus anteriores votos afirmativos por negativos, con lo que la propuesta quedó anulada.
«Al final, no hubo suficiente coraje en la sala (…) y no pudimos conseguir los votos que necesitábamos», dijo la Sra. Smallwood-Cuevas. «Momentos [como éste] nos están llevando de nuevo hacia el encarcelamiento masivo (…) pero mi esperanza es que mis colegas vean la luz y se levanten (…) y yo voy a seguir trabajando en ello».
Los partidarios del proyecto de ley dijeron que su ampliación a los condados de todo el estado crearía equidad para los acusados, independientemente del lugar donde se cometió el delito.
«Cada condado debe estar obligado a operar al menos un programa de desvío de cargos para que las comunidades y las fuerzas del orden en todo el estado puedan acceder a su gama de beneficios», dijo en los análisis legislativos el Instituto Vera, una organización sin fines de lucro de investigación y política de justicia penal, y patrocinador del proyecto de ley.
La organización sin ánimo de lucro también sugirió que California debería seguir el ejemplo de otros estados, incluidos Colorado, Georgia y Arizona, que permiten la desviación para algunos delitos graves.
«Cuando alguien con cargos por delitos graves puede recibir una desviación sin ningún riesgo para la seguridad de la comunidad, la ampliación de la discreción de los jueces les dará mejores opciones para mantener la seguridad de la comunidad», dijo el grupo.
Los proponentes también argumentaron que los programas de desviación de delitos reducen la reincidencia, ahorran dinero al estado y proporcionan servicios beneficiosos, incluyendo capacitación laboral, apoyo a la vivienda y educación, entre otros.
«La desviación de delitos se centra en las causas de la conducta de las personas y proporciona recursos para atender sus necesidades no satisfechas», afirma el grupo. «Al hacerlo, los programas de desviación de delitos son también mucho más rentables que las prisiones».
Sin embargo, los críticos de ambos lados expresaron su preocupación. Algunos indicaron que el proyecto de ley podría potencialmente poner en peligro la seguridad pública.
«Aunque entiendo la intención, este proyecto de ley va demasiado lejos al ampliar el estatuto de delito menor de la mayoría de los delitos graves y permitiría a los jueces ejercer su discreción en la concesión de la desviación de delitos a los autores acusados de algunos delitos muy, muy graves», dijo la senadora Marie Alvarado-Gil en el pleno del Senado el 23 de mayo. «También hay aquí una suposición de que somos una California donde los delitos y los recursos en los entornos urbanos son exactamente los mismos que los delitos ocurridos y los recursos en los entornos rurales. Esto no es así».
Ella indicó la excepción a la inclusión de homicidio vehicular, abuso infantil, asalto agravado, y otros delitos que habrían sido elegibles para la desviación.
«Este proyecto de ley no tendría en cuenta ningún requisito en interés de la justicia o de la seguridad pública», dijo la Sra. Alvarado-Gil. «No olvidemos a las víctimas de estos delitos, que se ven obligadas a vivir con el trauma que les han causado sus agresores».
Señalando la necesidad de «equilibrar la rehabilitación con la rendición de cuentas», ella instó a sus colegas a rechazar la medida legislativa y dijo que mientras que los defensores de la reforma de la justicia penal se centran en las injusticias raciales en el sistema penal, ella también se centra en un sistema legal justo y equitativo por lo que su razonamiento para votar no se basaba en preocupaciones de seguridad pública.
«No estoy aquí para poner a más personas negras y morenas entre rejas, no, esto es realmente acerca de las consecuencias de las acciones, acciones que ponen en peligro y dañan a otras personas, independientemente de su credo, color, clase, raza u origen étnico», dijo la Sra. Alvarado-Gil. «Nuestras prioridades deben ser proteger a nuestras comunidades y garantizar que se haga justicia a todas las víctimas de delitos».
Casi dos docenas de organizaciones apoyaron el proyecto de ley en los análisis legislativos, entre ellas la Unión Americana de Libertades Civiles y la Asociación de Defensores Públicos de California, entre otras, mientras que las asociaciones de Fiscales de Distrito de California, de Jefes de Policía de California y de Sheriffs del Estado de California se opusieron.
Con una fecha límite para aprobar los proyectos de ley el 24 de mayo, la medida legislativa quedó efectivamente paralizada por este año, pero podría volver a presentarse en 2025.
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