El Senado de Estados Unidos confirmó este martes el nombramiento de Steve Dettelbach como director de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de fuego (ATF, en inglés), después de un esfuerzo de meses por parte de los demócratas para llenar el cargo, vacante desde hacía 7 años.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien nominó a Dettelbach, celebró en un comunicado la ratificación de «un fiscal extraordinariamente cualificado y condecorado».
Tras la reciente aprobación de la Ley Bipartidista de Comunidades más Seguras, una legislación sobre control de armas, «la votación de hoy es una importante señal de que los dos partidos pueden trabajar juntos» para enfrentarse a la violencia con armas de fuego, dijo Biden.
El mandatario se refirió también a los recientes tiroteos masivos que han tenido lugar en Búfalo (Nueva York), Uvalde (Texas) y, más recientemente, en Highland Park (Illinois), para desear que tanto demócratas como republicanos puedan trabajar juntos para «proteger a los estadounidenses, especialmente a los niños».
Biden aseguró que buscará que el Congreso apruebe mayores restricciones a la compra de armas de fuego y que tratará de que se prohíban los rifles de asalto.
El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, celebró la noticia en un breve comunicado en el que defendió que Dettelbach se asegurará de que las agencias federales pongan «toda la carne en el asador» para luchar contra el tráfico de armas de fuego y mantener a los niños alejados de este tipo de armamento.
La ATF lleva operando bajo el liderazgo de una serie de directores en funciones desde que su anterior líder, B. Todd Jones, nominado por Barack Obama (2009-2017), dejara el cargo en 2015.
Durante el mandato del republicano Donald Trump (2017-2021), nadie fue confirmado para el cargo.
A finales de junio, el Congreso logró aprobar la primera ley relevante de control de armas de los últimos 30 años, gracias a una negociación entre senadores demócratas y republicanos motivada, en gran medida, por el tiroteo de Uvalde.
El acuerdo, de mínimos, incluye una revisión del proceso de compra de armas para los menores de 21 años y extiende a todo el país las llamadas leyes de «alerta de peligro» («Red Flag»), que permiten activar un procedimiento legal para confiscar las armas de fuego de quienes representen un peligro para terceros o para sí mismos.
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