El 6 de mayo el Senado de Canadá aprobó por unanimidad un proyecto de ley destinado a ayudar a combatir el tráfico internacional de órganos. El proyecto de ley S-204 pasará ahora a la Cámara de los Comunes para que los miembros del Parlamento deliberen antes de que pueda convertirse en ley.
«[El tráfico de órganos] es una violación de los principios de equidad, justicia y respeto a la dignidad humana. Seamos líderes mundiales en la lucha contra el tráfico de órganos», dijo en el Senado el 6 de mayo la senadora Salma Ataullahjan, promotora del proyecto de ley.
«Esta ley ha sido la culminación de más de 12 años de trabajo parlamentario sobre el apremiante problema del tráfico de órganos», dijo Ataullahjan, refiriéndose a la legislación anterior sobre el tema en las pasadas sesiones parlamentarias que no se convirtió en ley antes de que terminaran esas sesiones debido a las elecciones cercanas.
Al levantarse en el Senado para apoyar la legislación propuesta, el senador David Richards dijo que «ha llegado el momento de aprobar esta ley».
«A menudo se nos ha pedido en este mundo que luchemos contra la oscuridad que nos amenaza, que luchemos la buena batalla. En esta cámara, durante los últimos cuatro años, he visto que esto ocurre. Creo que el proyecto de ley S-204 y la senadora Ataullahjan son abanderados de esa batalla, y les pido su apoyo», dijo Richards.
El proyecto de ley S-204 declara ilegal que los canadienses obtengan órganos en el extranjero sin el consentimiento del donante, y hace que las personas implicadas en la sustracción forzada de órganos sean inadmisibles en Canadá.
Durante una comisión del Senado que estudió el proyecto de ley el 19 de abril, Ataullahjan dijo que esta legislación es necesaria para ayudar a frenar el tráfico de órganos que se da en muchos lugares del mundo, como en Europa del Este, Asia, América Latina y el norte de África, entre otros.
En su comparecencia ante la comisión, el exparlamentario y secretario de Estado para Asia-Pacífico, David Kilgour, señaló que solo hay un país en el que el gobierno participa en la sustracción forzada de órganos de presos de conciencia, y es China.
«China es el único país del mundo (…) en el que es el gobierno el que se encarga de ello y no gente sin escrúpulos en algún callejón», dijo.
Kilgour y el abogado canadiense de derechos humanos David Matas investigaron por primera vez en 2006 los informes sobre la sustracción de órganos de practicantes de Falun Gong en China, y llegaron a la conclusión de que el grupo perseguido está en el punto de mira del régimen chino a gran escala para la sustracción de órganos para venderlos a compradores nacionales e internacionales. Los órganos se extraen mientras las víctimas están vivas, por lo que se mantienen frescos, y las víctimas mueren en el proceso.
La sustracción de órganos por parte del régimen chino, sancionada por el Estado, se ha ampliado desde entonces a otros grupos perseguidos a gran escala, incluidos los musulmanes uigures, según los investigadores.
«Ya es hora de que Canadá se una a otros diez países que han promulgado leyes al respecto», dijo Kilgour.
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