El Senado aprobó el jueves una ley que reautoriza la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA).
La ley permite a los investigadores del gobierno solicitar a un tribunal secreto que espíe a los estadounidenses. A principios de este año el inspector general del Departamento de Justicia encontró que el programa FISA tenía problemas generalizados.
La Cámara de Representantes aprobó la ley en marzo.
El fiscal general, William Barr, apoyó la legislación, que según sus partidarios, implementa las reformas necesarias para un sistema fallido.
«Tenemos la oportunidad de reformar este estatuto para proteger tanto nuestros derechos constitucionales como nuestra seguridad», dijo el senador Tom Udall (D-N.M.) a sus colegas en el piso del Senado.
Los críticos alegan que el sistema FISA está tan descompuesto que las autoridades de inteligencia no deberían poder obtener órdenes judiciales contra los estadounidenses.
«La deficiencia de la corte FISA, y por qué no es constitucional, es que no tienes un abogado. En realidad ni siquiera te dicen que has sido acusado de un crimen», dijo el senador Rand Paul (R-Ky.) a sus colegas legisladores.
«Creo que no se puede arreglar el tribunal FISA para que sea constitucional para los estadounidenses», añadió.
Las facultades de espionaje en virtud de la ley se prorrogaron el 16 de marzo por 77 días mientras los legisladores negociaban las disposiciones del proyecto de ley.
La legislación necesitaba 60 votos para ser aprobada y a partir de las 2:30 p.m. del jueves, llevaba 79. Otros 16 senadores votaron en contra. El fuerte apoyo bipartidista significa que un posible veto del presidente Donald Trump sería anulado.
El presidente del comité de Inteligencia del Senado, Richard Burr (R-N.C.), quien se apartó de su posición en medio de una investigación sobre posibles ventas de acciones impropias, fue uno de los que votaron por el no.
El miembro de Inteligencia del Senado, Mark Warner (D-Va.), votó a favor.
La ley da a las autoridades poderes de espionaje hasta diciembre de 2023.
Barr destacó a principios de este año que el proyecto de ley incluía disposiciones que él y el director del FBI, Christopher Wray, recomendaron después de que el inspector general, Michael Horowitz, localizara los problemas tras revisar las solicitudes que hicieron los agentes del FBI.
«El proyecto de ley contiene una serie de nuevos requisitos y disposiciones de cumplimiento que protegerán contra el abuso y el mal uso en el futuro, al tiempo que asegura que esta herramienta fundamental esté disponible cuando sea apropiado para proteger la seguridad del pueblo estadounidense», dijo Barr en un comunicado.
Horowitz, sin embargo, mas tarde describió más problemas, diciendo a Wray que no confiaba en que el FBI haya ejecutado una política decisiva destinada a asegurar que los agentes tengan las pruebas adecuadas para apoyar una solicitud de espionaje.
El tribunal de la FISA rara vez negó una solicitud de espionaje. Su funcionamiento está cubierto de secreto. El sistema fue puesto en el punto de mira cuando se utilizó para espiar a los miembros de la campaña del presidente Donald Trump, incluyendo a Carter Page.
Horowitz encontró que los agentes retenían información crucial de la corte, incluyendo el hecho de que Page era un miembro activo de la CIA.
Los agentes cometieron 17 errores u omisiones importantes en sus cuatro solicitudes de la orden judicial para espiar a Page.
Horowitz concluyó que los errores y otras fallas constituyen «serias fallas de desempeño por parte de los agentes supervisores y no supervisores».
Una solicitud de orden judicial FISA presentó reclamos por un expediente no verificado de una investigación de la oposición sobre Trump. El exoficial de inteligencia británica, Christopher Steele, compiló el expediente utilizando fuentes de segunda y tercera mano con vínculos con el Kremlin. Fue pagado por el Comité Nacional Demócrata y Hillary Clinton, quien compitió contra Trump en las elecciones presidenciales de 2016.
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