Un proyecto de ley que permitiría a los residentes de Luisiana demandar a las empresas de redes sociales por eliminar o limitar el discurso religioso o político no pasó el Senado del estado esta semana.
El proyecto de ley conocida como Proyecto de Ley del Senado 196 (pdf), también habría permitido emprender acciones legales contra las empresas de redes sociales con más de 75 millones de usuarios que utilicen un algoritmo para desfavorecer o censurar el discurso religioso o político de un usuario. Un usuario de las redes sociales en el estado podría reclamar daños reales y punitivos de hasta 75,000 dólares.
Según la propuesta, los usuarios no tienen un motivo de demanda cuando una empresa de redes sociales toma medidas contra el discurso de odio, los llamados a la violencia, el contenido obsceno o pornográfico o errores operativos.
El Senado, controlado por los republicanos, votó el martes 19 a 18 por el proyecto de ley, quedándose a un voto de ser aprobado en la cámara alta. Un proyecto de ley similar tampoco obtuvo el apoyo necesario en la Cámara de Representantes. El proyecto de ley fue reconsiderado el miércoles y devuelto al cronograma para que se tome una nueva medida o se considere más adelante.
Los republicanos y los conservadores de todo el país están defendiendo medidas legales para combatir lo que consideran una moderación y censura injustas del discurso conservador en las redes sociales. Esto se produce después de que varias tecnológicas, como Facebook y Twitter, aumentaran la vigilancia del discurso de los usuarios, en particular, durante el período previo a las elecciones del 3 de noviembre y después de la irrupción del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos.
La moderación de las empresas de redes sociales hizo que las cuentas del expresidente Donald Trump fueran suspendidas permanentemente en Twitter y prohibidas en Facebook.
En otros estados se presentaron proyectos de ley similares al de Luisiana, pero ninguno ha sido promulgado. A su vez algunos estados liderados por republicanos también han propuesto otras medidas para evitar que las grandes empresas tecnológicas utilicen su monopolio para vigilar el discurso con el que no están de acuerdo.
Por ejemplo, Florida propuso que se sancione a las empresas de redes sociales que desplacen a los candidatos durante las elecciones. La legislación multaría a las empresas con 100,000 dólares al día hasta que se restablezca el acceso del candidato a la plataforma. Texas también está considerando una legislación similar.
El proyecto de ley de Luisiana, presentado por el senador Jay Morris (R-West Monroe), avanzó la semana pasada a un comité del Senado.
Al defender el proyecto de ley, Morris dijo en la audiencia del comité que protege «la libertad de expresar las propias opiniones políticas y religiosas sin que un edificio lleno de personas en California decida lo que el público estadounidense, en particular el de Lousiana, puede ver u oír o escribir».
Chris Sevier, partidario del proyecto de ley y abogado, prestó testimonio en la audiencia del comité, argumentando que el proyecto de ley de Morris era la solución a la censura percibida por las empresas de redes sociales. Servier argumentó que la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, un estatuto federal, permite a los estados crear leyes para derrotar una defensa de inmunidad, comúnmente conocida como la defensa de inmunidad de la Sección 230, que proporciona a las compañías de redes sociales que no actúan como editores un escudo contra las acciones civiles.
Morris no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de The Epoch Times sobre el proyecto de ley.
Quienes se oponen al proyecto de ley sostienen que la medida es inconstitucional y viola la ley federal. Eric Peterson, director del Pelican Center for Technology and Innovation, argumentó en la audiencia del comité que el proyecto de ley no es una solución específica para tratar el tema de la censura, sino que crea una serie de problemas para Luisiana.
Peterson argumentó que los sitios web que no estaban destinados a ser objeto de este proyecto de ley, como eBay, Amazon y Spotify, también pueden quedar atrapados en el lenguaje de la ley propuesta.
Se están llevando a cabo varias investigaciones antimonopolio sobre las grandes compañías digitales. El Departamento de Justicia dijo anteriormente que abrió investigaciones antimonopolio sobre las principales empresas de tecnología digital y presentó una demanda contra Google por acusaciones anticompetitivas. Asimismo, Texas también presentó su propia demanda antimonopolio contra Google.
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