El Senado del estado de Ohio ha aprobado unánimemente una legislación que prohíbe las llamadas zonas de libre expresión, que limitan la libertad de expresión a áreas específicas en los campus universitarios.
La votación se produce casi un año después de que el presidente Donald Trump firmara la Orden Ejecutiva 13864 el 21 de marzo de 2019, ordenando a los colegios y universidades de la nación que defiendan la libertad de expresión en los campus o que pierdan los fondos federales para la investigación.
«Bajo el disfraz de ‘códigos de expresión’ y ‘espacios seguros’ y ‘desencadenar advertencias’, estas universidades han tratado de restringir el libre pensamiento, imponer una conformidad total y acallar las voces de grandes jóvenes estadounidenses como los que están hoy aquí», dijo a una reunión de estudiantes en la Casa Blanca.
La legislación se produjo después de que las instituciones de enseñanza superior de todo Ohio y la nación prohibieron a los oradores conservadores o impusieron lo que los oradores consideraron como tasas exorbitantes para proporcionar seguridad a los eventos del campus.
Aprobado 33-0 el 28 de enero, el proyecto de ley 40 del Senado, la propuesta «Ley de Formación de Mentes Universitarias Abiertas y Robustas», está actualmente en proceso de aprobación en la Asamblea General, la otra cámara de la legislatura estatal de Ohio.
El senador estatal Andrew O. Brenner, republicano y copatrocinador de la medida, dijo a The Columbus Dispatch que el proyecto de ley se inspiró en hechos como las violentas manifestaciones encabezadas por activistas de Antifa y estudiantes de izquierda que tuvieron lugar cuando el controvertido conservador Milo Yiannopoulos intentó infructuosamente pronunciar un discurso el 1 de febrero de 2017 en la Universidad de California, Berkeley.
Los alborotadores que exigieron que Yiannopoulos fuera silenciado, según se informa, causaron cientos de miles de dólares de daños al campus y a la ciudad circundante.
Cuando presentó el proyecto de ley el año pasado, Brenner dijo que «las ideologías conservadoras (…) han sido sofocadas por las administraciones de los colegios y universidades debido a la parcialidad, el miedo, o ambos».
El proyecto de ley impediría que las entidades financiadas por el estado fomenten un comportamiento que ahogue la expresión protegida por la Constitución. Prohibiría a las universidades hacer «zonas de libre expresión» o designar «otras áreas exteriores de los campus donde se prohíben las actividades expresivas», impediría a las universidades prohibir «actividades expresivas no comerciales», impediría a las universidades interferir con la circulación de peticiones, la distribución de literatura y la exhibición de letreros, y prohibiría a las universidades cobrar cuotas de seguridad «basadas en el contenido de su expresión, el contenido de la expresión de su invitado o la reacción anticipada a la expresión de un invitado».
El proyecto de ley también eliminaría una sección del código de Ohio que permite a las universidades prohibir a los grupos comunistas o sediciosos el acceso a las propiedades de las escuelas.
«No soy un fanático del comunismo, estoy en contra de ello y ni siquiera soy un fanático del socialismo, pero tienen derecho a la libertad de expresión, y eso no debería ser infringido», dijo Brenner. «Hay una Primera Enmienda por una razón».
En una declaración proporcionada a Campus Reform, James Smith, presidente de Jóvenes Americanos por la Libertad (YAF) de la Universidad Estatal de Ohio, elogió la legislación, que dijo «ayudaría a hacer que los campus universitarios sean más un mercado de ideas y menos dominados por el grupo de pensamiento izquierdista».
David Jackson del Congreso de la Asociación Americana de Profesores Universitarios de Ohio se opuso al proyecto de ley.
«Hay una diferencia sustancial entre prohibir una idea y desautorizar a un orador polémico que causaría trastornos masivos y crearía multitudes que la policía del campus no podría controlar», dijo Jackson en un testimonio presentado a los legisladores de Ohio el año pasado.
«Si se aprobara una legislación como ésta, sacando así estas decisiones de las manos de las instituciones, esperaríamos que la legislatura también proporcione fondos para cubrir los costes de las multitudes y la seguridad necesaria que supondría acoger a oradores polémicos», dijo.
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