El Senado de México aprobó este martes un decreto que prohíbe y penaliza las terapias de reorientación sexual, estableciendo hasta 6 años de prisión para quienes la violen.
Las terapias de reorientación sexual, conocidas como “Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género” (ECOSIG), son sesiones psicológicas y de consejería religiosa para cambiar la orientación sexual de una persona homosexual o bisexual a heterosexual, según una guía de referencia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Mediante este decreto aprobado con 59 votos a favor en lo particular, se añadirá el capítulo “Delitos contra la Orientación Sexual o la Identidad de Género de las Personas” al Código Penal Federal y un artículo 465 Bis a la Ley General de Salud de México.
“Se sancionará con dos a seis años de prisión y una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona”, dice el Senado.
También sugiere que las sanciones sean mayores cuando se trate de menores de 18 años, adultos mayores, o personas con discapacidad.
Los profesionales médicos, técnicos o auxiliares de salud que realicen este tipo de prácticas también estarán sujetos a las mismas penas; además, de ser suspendidos en su ejercicio profesional hasta por tres años.
En caso de reincidencia, se estipula la cancelación del registro de la cédula profesional respectiva.
El dictamen ya había sido propuesto en agosto del 2018 por el diputado Jorge Álvarez Máynez Morena, del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, y discutido desde entonces. Luego, fue presentado un proyecto similar al Senado en octubre del 2018 por diferentes grupos como Morena y Movimiento Ciudadano.
Uno de los senadores que impugnaron el proyecto de decreto a los artículos propuestos fue Damián Zepeda Vidales del Partido Acción Nacional (PAN). Zepeda dijo estar «completamente en contra» a obligar a cualquier persona a hacer algo.
“Es un abuso quererle prohibir a un adulto, que tiene pleno ejercicio de su ser, decidir ir a recibir cualquier tipo de terapia”, dijo.
“¿Quién creen que son para invadir la decisión libre de un ser humano en México?», cuestionó. «Quienes están mayoritariamente apoyando este dictamen, están completamente a favor de que se pueda hacer, porque el argumento central es ‘es que tiene libertad la persona’, pero están planteando hoy que le prohíbas a un adulto que pueda ir con un psicólogo a abordar el tema de orientación sexual”.
Por su parte, el senador Víctor Fuentes Solís, de la misma bancada, dijo que si se trata de reformar la Ley General de Salud, se debió haber enviado el tema a la Comisión de Salud, a quien le correspondía dictaminar el proyecto.
«Cuando pasan este tipo de temas como el que hoy estamos votando, no me queda la menor duda que los movimientos progresistas son movimientos acomodaticios a la moda», añadió.
«Si hoy está de moda delimitar la libertad de una persona a ir a asistirse con un profesional para recibir una terapia de orientación sexual, pues vamos a votarlo que al cabo está moda», dijo. «¡Nos vale que nos llevemos, de encuentro, el más sagrado de los principios de derechos humanos, que es la libertad!».
El proyecto de decreto fue enviado a la Cámara de Diputados donde se revisará y discutirá.
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