El senador australiano Eric Abetz solicitó al Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio (DFAT) que responda al veredicto emitido por del tribunal independiente de China que determinó sin lugar a duda, que el régimen chino está practicando la sustracción forzada de órganos a sus propios ciudadanos.
Abetz, un liberal que ocupa un cargo en el Senado de Tasmania, dijo a la radio ABC, el 19 de noviembre que DFAT le ha informado que actualmente está en el proceso de revisar el informe final del Tribunal de China y que espera con interés recibir la respuesta del departamento.
«Claramente, estos temas están en el radar del gobierno y nuestra ministra de Relaciones Exteriores, Marise Payne, tiene muy buen historial de estar preocupada por todos los asuntos relacionados con los derechos humanos», comentó Abetz.
El tribunal independiente, presidido por Sir Geoffrey Nice QC, concluyó que la sustracción forzada de órganos fue llevada cabo contra los practicantes de Falun Dafa, o Falun Gong, en China. Falun Dafa, una disciplina espiritual que consiste en ejercicios de meditación y enseñanzas morales basadas en la verdad, la benevolencia y la tolerancia, ha sido brutalmente perseguida por el régimen chino durante las últimas dos décadas. Los adeptos a esta práctica son arrojados a prisiones, campos de trabajo forzado y centros de lavado de cerebro donde muchos son torturados en un esfuerzo por forzarlos a renunciar a su fe.
Las conclusiones del tribunal también informaron de un «riesgo» en los uigures de Xinjiang, que podrían estar siendo sometidos a la sustracción forzada de órganos mientras están detenidos, dentro de los ampliamente denunciados, «campos de reeducación» establecidos por las autoridades chinas.
Nice señaló que el tribunal llegó a estas conclusiones después de considerar todas las pruebas disponibles, incluyendo el testimonio de más de 50 testigos en dos audiencias. Anteriormente, Niza dirigió el procesamiento del expresidente yugoslavo Slobodan Milosevic ante el Tribunal Penal Internacional. En el panel se unieron a él seis expertos internacionales en las áreas de derecho, cirugía de trasplante, política internacional, historia de China y negocios. También se invitó a China a presentar pruebas al tribunal, pero éste se negó a hacerlo.
«No tengo ninguna razón para dudar de que todo el informe sea cierto y correcto», afirmó Abetz. «Creo que el gobierno australiano y la comunidad internacional deben adoptar una postura muy firme y decir a las autoridades chinas que lo que están llevando a cabo es ilegal, es brutal, es una violación de todos los derechos humanos fundamentales que se puedan imaginar».
Según las conclusiones del tribunal, en los hospitales chinos se realizan anualmente entre 60.000 y 90.000 operaciones de trasplante, cifra muy superior a la sugerida por el régimen chino de 10.000 a 20.000 al año.
Matthew Robertson, estudiante de doctorado de la Universidad Nacional Australiana (ANU), publicó recientemente en la revista BMC Medical Ethics el 14 de noviembre que «los números de donación de órganos reportados en Beijing no se acumulan y hay evidencia altamente convincente de que están siendo falsificados».
«Es difícil imaginar cómo se podría haber llegado a este modelo por simple casualidad, lo que plantea la clara posibilidad de que se pretendía engañar», afirmó Robertson en un comunicado de prensa. Robertson fue anteriormente editor en The Epoch Times.
El coautor del estudio, Jacob Lavee, profesor de cirugía de la Universidad de Tel Aviv, manifestó a The Epoch Times por correo electrónico que, al aplicar la estadística forense a los conjuntos de datos oficiales de donación chinos, el estudio encontró que las cifras se ajustan casi con precisión a una fórmula matemática, una función cuadrática.
El Senador Abetz aseguró que los abusos de los derechos humanos contra los practicantes de Falun Gong en China son indicativos de genocidio y se extienden a otros grupos religiosos en China.
«El simple hecho es que la evidencia está ahí: que los practicantes de Falun Gong parecen ser el objetivo principal, que los budistas, uigures, cristianos de iglesia y, de hecho, los criminales, han sido el blanco de la recolección de órganos. Es un comercio brutal, que debe ser condenado», sostuvo.
Asociaciones de derechos humanos en China persisten
En agosto, el DFAT suspendió, en silencio, una asociación de derechos humanos de dos décadas con China por la detención masiva de uigures étnicos en Beijing.
El programa fue establecido entre el DFAT, la Comisión Australiana de Derechos Humanos y el Ministerio de Relaciones Exteriores de China para promover la reforma de los derechos humanos bajo el partido comunista.
El Primer Ministro Scott Morrison comunicó a la radio FiveAA que el programa «no estaba haciendo el trabajo».
Mientras tanto, a dos políticos australianos, el diputado Andrew Hastie de Australia Occidental y el senador victoriano James Paterson, ambos del Partido Liberal, se les negó la entrada a Beijing para asistir a un viaje de estudio de tres días.
Hastie se ha pronunciado en contra de la influencia del PCCh en Australia, y en agosto recibió críticas del régimen chino cuando comparó la respuesta de Occidente al ascenso de China y la incapacidad de Francia para contener el avance de la Alemania nazi.
Paterson ha hablado sobre los riesgos de la influencia extranjera en las universidades australianas y la escalada de violencia en Hong Kong. Afirmó que continuará haciéndolo.
Joint Statement with Andrew Hastie MP pic.twitter.com/lIoXfiOFnq
— James Paterson (@SenPaterson) 15 de noviembre de 2019
«Si ese es el precio por hablar, por ser honestos con nuestros electores acerca de nuestras preocupaciones acerca de nuestra relación con China, entonces ese es el precio que estoy seguro que Andrew al igual que yo, está dispuesto a pagar «, precisó a ABC.
Los reporteros de Epoch Times Cathy He, Frank Fang, Mimi Nguyen Ly Australian Associated Press contribuyeron a este informe.
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