Los senadores Chuck Grassley (republicano por Iowa) y Gary Peters (demócrata por Michigan) presentaron el jueves una legislación bipartidista para reforzar la Ley de Protección del Inspector General (IG) de 2008.
«Presentaré una legislación bipartidista el jueves para aclarar cualquier ambigüedad sobre las expectativas del Congreso cuando los presidentes decidan despedir a los inspectores generales. Esta legislación refuerza el mandato de la notificación previa para requerir ‘razones sustantivas, incluyendo razones detalladas y específicas de cada caso’, términos que la corte dijo que faltaban en la ley de 2008», dijo Grassley.
La Ley de Seguridad de Independencia del Inspector General también es copatrocinada por los senadores Susan Collins (R-Maine), Dianne Feinstein (D-California), James Lankford (R-Oklahoma), Tom Carper (D-Delaware), Mitt Romney (R-Utah), Jon Tester (D-Montana), Rob Portman (R-Ohio) y Maggie Hassan (D-Nueva Hampshire).
La ley de protección del IG de 2008 se aprobó por unanimidad para promover la independencia política de los organismos de control y desalentar la interferencia externa con los deberes del IG para combatir el fraude, el despilfarro, el abuso y la mala conducta, pero los legisladores han observado desde entonces la necesidad de actualizar la antigua ley.
«Esta legislación que estamos introduciendo hoy aclara y construye sobre esa ley y ayudará a asegurar que los IG permanezcan independientes de la influencia o presión inapropiada de las agencias gubernamentales que supervisan», dijo Collins.
«Este proyecto de ley deja claro que deben tomarse medidas importantes y necesarias antes de que un inspector general pueda ser destituido de su cargo. El Congreso debe recibir un informe detallado de las razones de la destitución, y un plazo de 30 días completos mientras el inspector general permanece en el trabajo para considerar esas razones», dijo Portman.
Grassley ha pasado su carrera abogando por la independencia en la comunidad de vigilancia y el tratamiento justo de los IG de ambos partidos. Grassley dijo que el presidente Obama y el presidente Trump despidieron a los inspectores sin dar una justificación detallada de por qué fueron despedidos.
«La administración Obama sentó un mal precedente al ignorar la ley de protección del inspector general, pero un tribunal confirmó sus acciones, y la administración Trump aplicó el mismo estándar. El Congreso debería esperar más de lo mismo de futuras administraciones si no actúa para aclarar la ley. Este proyecto de ley especifica las expectativas del Congreso de la rama ejecutiva cuando el presidente decide remover a un IG y previene los conflictos de intereses que pueden surgir cuando los IG son reemplazados por nombramientos políticos», dijo Grassley.
Hay 75 oficinas de inspectores generales que trabajan en todo el gobierno federal para detener el fraude y el abuso. Grassley dijo que su trabajo ha ahorrado a los contribuyentes miles de millones de dólares. En 2020 hasta ahora, los IG identificaron más de 20 mil millones de dólares en ahorros potenciales a través de sus auditorías, informes y recomendaciones.
El 4 de junio, Grassley anunció que estaba poniendo en suspenso la nominación de Christopher C. Miller para ser el director del Centro Nacional Antiterrorista hasta que la Casa Blanca explique por qué el Inspector General de la Comunidad de Inteligencia, Michael Atkinson, fue despedido. También bloqueó la nominación de Marshall Billingslea para ser el subsecretario de control de armas y seguridad internacional del Departamento de Estado hasta que se dieran razones detalladas de la terminación del Inspector General del Departamento de Estado Steve Linick.
Grassley anunció el jueves que está eliminando esas objeciones.
«Aunque no estoy de acuerdo con las razones declaradas por el presidente para la eliminación [de los IG Atkinson y Linick], mi objeción a estos nominados fue diseñada para motivar el cumplimiento de la Ley de Reforma del IG, lo que el presidente ha hecho ahora», dijo Grassley hoy en una declaración para el registro del Senado eliminando su objeción. También dejó claro que no se trataba de una cuestión partidista, ya que también estaba en desacuerdo con las razones de la administración de Obama para eliminar al inspector general Walpin.
Aunque la Constitución da al presidente la autoridad para eliminar a un IG, la nueva legislación hará que la rama ejecutiva tenga un mayor nivel de responsabilidad, requiriendo que se proporcione al Congreso una razón específica para la decisión.
«Aunque la Constitución le da al presidente la autoridad para manejar al personal del poder ejecutivo, el Congreso ha dejado claro que si el presidente encuentra una razón para despedir a un inspector general, debe haber una buena razón para ello», dijo Grassley el jueves.
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