Un senador estatal de Carolina del Norte acusó el martes a la directora de la Junta Electoral del estado (BOE) por violar la ley, antes de las elecciones generales de noviembre pasado, al aceptar un acuerdo que cambió las reglas sobre las votaciones. Las acusaciones fueron rechazadas por la directora.
«Siento que violaron la ley», dijo el senador Bill Rabon, un republicano, a la directora ejecutiva de BOE, Karen Brinson Bell, en una audiencia en el Senado el martes.
Las acusaciones de Rabon se referían a que Bell firmó un acuerdo en septiembre de 2020, con un grupo afiliado a un sindicato, para resolver una demanda que buscaba relajar algunos requisitos de votación. El grupo argumentó que las reglas restrictivas del ausentismo limitaban el derecho al voto durante la pandemia de COVID-19, en violación de la constitución estatal.
La junta electoral de Carolina del Norte, controlada por los demócratas, autorizó por unanimidad a Bell para que celebrara el acuerdo. Los republicanos del Senado argumentaron el martes que el cambio a las normas de votación equivalía a modificaciones de las leyes electorales estatales, que, según ellos, son constitucionalmente competencia exclusiva de la Asamblea General del estado.
«Esto no fue más que un esfuerzo sin precedentes para usurpar la Asamblea General de Carolina del Norte», dijo la senadora republicana, Joyce Krawiec, en la audiencia del martes.
Brinson Bell rechazó las afirmaciones de los republicanos diciendo que «se cambiaron las reglas, pero no se cambiaron las leyes».
Agregó que fue un abogado del estado quien negoció los detalles del acuerdo y que los tribunales finalmente confirmaron que los cambios en las reglas eran legales.
“No creo que infringiéramos la ley y los tribunales han sostenido que no infringimos la ley”, dijo.
Krawiec no se mostró convencida y dijo: «Me parece asombroso que todavía crea que no cambió una ley».
El acuerdo de conciliación hizo que la fecha límite para recibir los votos con matasellos se retrasara seis días. También se relajaron las reglas para los testigos de los votos en ausencia y facilitó la entrega de los votos en ausencia en los lugares de votación temprana en persona.
Tras el acuerdo, los dos miembros republicanos de la junta electoral de Carolina del Norte dimitieron. Ken Raymond dijo en su carta de renuncia que los abogados de la oficina del Fiscal General del estado no le explicaron todas las implicaciones del acuerdo antes de que lo firmara.
“Es imposible tener un verdadero bipartidismo cuando ambos lados del pasillo político no tienen la información importante, vital y necesaria para tomar las decisiones correctas”, escribió Raymond.
El acuerdo también provocó que los líderes legislativos republicanos acusaran a los funcionarios electorales por haber llegado a un acuerdo secreto para favorecer a los candidatos y las causas de izquierda.
Los líderes legislativos republicanos y la campaña del presidente Donald Trump impugnaron los cambios en la corte, argumentando que invalidaron las leyes estatales. Sin embargo, aunque un juez federal de primera instancia falló en octubre para que los funcionarios de la junta estatal modificaran su orientación sobre la información de los testigos, la Corte Suprema de Estados Unidos finalmente dejó vigente la extensión del plazo de votación.
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