La administración del presidente Joe Biden debería reclamar casi 100,000 dólares que una exfuncionaria del gobierno utilizó indebidamente, declaró el 4 de agosto el senador Chuck Grassley (R-Iowa).
Katherine Lemos era presidenta y directora general de la Junta de Investigación de Peligros y Seguridad Química de EE. UU. cuando gastó ilegalmente 97,835 dólares en viajes, formación y artículos de oficina, según la Oficina del Inspector General de la Agencia de Protección del Medio Ambiente.
Entre otras cosas, facturó indebidamente al gobierno 20 viajes a Washington desde California, según el organismo de control.
La Sra. Lemos, nombrada por el expresidente Donald Trump, vivía oficialmente en Washington, pero en realidad vivía en San Diego. Facturó a los contribuyentes casi 55,000 dólares por los viajes, realizados entre el 26 de abril de 2020 y el 22 de julio de 2022.
La Sra. Lemos «no tenía derecho a utilizar fondos públicos para pagar sus viajes entre su residencia en San Diego y su lugar de destino oficial en Washington, D.C.», afirmó el organismo de control. «No existe base para tales gastos en… ninguna otra autoridad estatutaria o reglamentaria que la OIG haya podido identificar».
La Sra. Lemos también utilizó ilegalmente fondos del gobierno para viajar al embarque de un portaaviones naval a pesar de que no se trataba de un asunto oficial de la junta, utilizó indebidamente fondos para viajar a Atlanta y Houston desde San Diego, gastó ilegalmente más de 5000 dólares en mobiliario de oficina y gastó indebidamente casi 25,000 dólares en formación personal, concluyó el inspector general.
El Sr. Grassley dijo que, a la luz de las conclusiones, la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés) debería tratar de recuperar el dinero.
El gasto ilegal «ilustra una clara falta de respeto al contribuyente», dijo el Sr. Grassley en una carta a la agencia.
«Esta violación de los recursos de los contribuyentes y de la confianza pública no puede quedar sin respuesta. Estos fondos malgastados deben devolverse para reembolsar a los contribuyentes y disuadir de futuros abusos», afirmó el senador en un comunicado.
La agencia no respondió a la solicitud de comentarios.
No fue posible ponerse en contacto con la Sra. Lemos.
El gasto ilegal fue puesto de manifiesto por primera vez por Empleados Públicos por la Responsabilidad Medioambiental (PEER). Según el grupo, el dinero utilizado para el viaje «salió del pequeño fondo destinado a desplegar investigadores en el lugar de explosiones industriales, incendios y otros accidentes». El grupo también ha pedido a la agencia que recupere los fondos.
Más detalles
La Sra. Lemos dijo a los investigadores del inspector general que un miembro del personal de la junta le dijo que era normal que la junta cubriera los viajes de un presidente entrante hasta que esa persona se instalara en Washington, pero el miembro del personal dijo que no recordaba tal conversación y la Sra. Lemos no pudo señalar ninguna norma federal que respaldara esa postura. Aun así, ningún miembro del personal de la Junta alertó a la Sra. Lemos de que su viaje fuera inapropiado.
Un comunicado de prensa de 2021 en el que se exponían las normas de gasto del PEER mostraba que el viaje financiado por los contribuyentes era ilegal, pero la Sra. Lemos hizo caso omiso del comunicado y dijo a los investigadores que su personal le había dicho que el comunicado contenía «medias verdades».
Más tarde, el personal de la Junta pidió a la Administración de Servicios Generales de EE. UU. que se pronunciara, y la administración dijo que no había autoridad para financiar el viaje en cuestión.
Sin embargo, un abogado de la junta dijo falsamente que la administración «no podía señalar ninguna directriz que sugiriera [que la] postura actual de la agencia es incorrecta». La Sra. Lemos viajó a Washington tres veces más.
La Sra. Lemos también infringió las normas sobre gastos al utilizar fondos públicos para ir a Norfolk, Virginia, a participar en el embarque de un portaaviones de la Marina, a pesar de que no se trataba de un asunto oficial de la Junta, según constató un funcionario de ética de la Junta. La Sra. Lemos realizó el viaje y pasó cuatro días y tres noches en Norfolk. Dijo a los investigadores que el propósito del viaje era asistir a una «reunión educativa sobre seguridad», relacionarse con otros profesionales de la seguridad y aprender del «estilo de liderazgo» de la Marina.
La Sra. Lemos también gastó más de 5000 dólares en nuevo mobiliario de oficina, y dijo a los investigadores que los artículos viejos estaban «rotos» y «no funcionaban». Los empleados rebatieron esas afirmaciones, y las imágenes parecían mostrar que los muebles estaban en buen estado. Y la Sra. Lemos utilizó fondos de la Junta para formación de medios de comunicación y coaching ejecutivo, a pesar de no haber recibido aprobación, lo que constituye una violación de las normas federales.
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