Los senadores Marco Rubio (R-Fla.) y Jeff Merkley (D-Ore.) presentaron la Ley de Reautorización de la Política de Derechos Humanos Uigures de 2024 para mantener el apoyo de Estados Unidos a los derechos humanos de los uigures en la región de Xinjiang y otros grupos étnicos minoritarios en China.
El Congreso promulgó la Ley de Política de Derechos Humanos Uigures en 2020 en respuesta a los abusos generalizados contra los derechos humanos en Xinjiang. Rubio fue el patrocinador de la legislación.
El proyecto de ley fue promulgado por el presidente Donald Trump en 2020 y entró en vigor el mismo año. Sus sanciones expirarán en 2025, cinco años después de su promulgación. Los dos senadores buscan reautorizar la sección de sanciones por cinco años más.
“En un momento en que la diáspora uigur y los disidentes chinos siguen siendo objetivos de la represión transnacional a manos de la China comunista, debemos tener las herramientas necesarias para enfrentar esta amenaza. Esta reautorización es esencial e insto a mis colegas a apoyar esta iniciativa”, dijo Rubio.
La legislación exige que el presidente estadounidense imponga sanciones a los funcionarios chinos involucrados en violaciones de derechos humanos contra los uigures y otros grupos étnicos de la región. También pide al presidente que solicite a las autoridades chinas que cierren la red de campos de internamiento masivo donde al menos un millón de uigures están detenidos ilegalmente. Las formas de sanciones incluyen la congelación de activos y la denegación de visas.
La ley también exige que el secretario de Estado, dentro de los 180 días siguientes a su promulgación, denuncie los abusos contra los derechos humanos en Xinjiang. El informe debe abordar detalles sobre las violaciones, incluido el número de detenidos, los métodos de “reeducación”, los trabajos forzados, los métodos de tortura y otros abusos graves.
El director de inteligencia nacional también debe informar sobre las amenazas a la seguridad nacional que surgen de las políticas del régimen comunista chino en Xinjiang, incluida la tecnología utilizada para la vigilancia masiva.
Washington acusa a Beijing de genocidio y crímenes de lesa humanidad en curso contra los uigures y otros grupos étnicos y religiosos minoritarios en Xinjiang. El régimen comunista chino niega las acusaciones.
El Departamento de Estado de Estados Unidos concluyó que “los abusos documentados contra los derechos humanos incluyen métodos coercitivos de control de la población, trabajos forzados, detenciones arbitrarias en campos de internamiento, tortura, abuso físico y sexual, vigilancia masiva, separación familiar y represión de la expresión cultural y religiosa”.
La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su informe de 2022 concluyó que Beijing puede haber cometido múltiples “violaciones graves de derechos humanos” contra los uigures en la región, y que las “pruebas creíbles” de tortura equivalen a “crímenes contra la humanidad”.
En julio de 2020, la administración Trump sancionó al secretario del partido de Xinjiang, Chen Quanguo, miembro del politburó y funcionario chino de más alto rango jamás afectado por sanciones estadounidenses, por su papel en la persecución religiosa en la región. Otros funcionarios chinos sancionados incluyeron a Zhu Hailun, ex subsecretario del partido de Xinjiang; Wang Mingshan, director de Xinjiang y secretario del Partido Comunista; y Huo Liujun, exsecretario del partido de Xinjiang.
“Estados Unidos debe seguir enviando un mensaje claro respecto a que no seremos cómplices de la persecución y el genocidio a los musulmanes uigures por parte del gobierno chino”, dijo Merkley. “El gobierno chino está torturando, encarcelando, esclavizando, obligando a trabajar y presionando a los uigures y otros grupos étnicos en Xinjiang para que abandonen sus prácticas religiosas y culturales. Aprobar este proyecto de ley es vital para responsabilizar a China por estas graves violaciones de derechos humanos y al mismo tiempo proteger a las víctimas de este genocidio”.
Rubio también patrocina la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur, que se promulgó el 23 de diciembre de 2021.
En 2020, un informe de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China (CECC), un grupo bipartidista, dirigido por Rubio y el representante Jim McGovern (demócrata por Massachusetts), encontró que varias corporaciones, incluidas Adidas, Nike, Coca-Cola y Costco, estaban presuntamente vinculadas con el trabajo forzoso en la región.
A principios de este año, la Cámara aprobó la Ley de Política Uigur para ayudar a los uigures y otros grupos étnicos a preservar sus identidades frente a los intentos del régimen chino de borrarlos de la historia. La legislación también tiene como objetivo promover la conciencia internacional sobre la persecución y orientar las respuestas a estas violaciones de derechos humanos en la región.
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