El senador Ted Cruz (R-Texas), miembro del Comité de Comercio del Senado de EE.UU., junto con otros 12 republicanos, envió el lunes una carta a la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) en la que pide a la agencia que descarte una propuesta de norma sobre el cambio climático.
La norma, iniciada el 14 de noviembre por la NASA junto con el Departamento de Defensa (DOD) y la Administración de Servicios Generales (GSA), implementa un requisito para que los contratistas gubernamentales revelen amplia información sobre las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el riesgo financiero relacionado con el clima como condición para recibir un contrato.
“El Congreso nunca concedió a la NASA ni a las demás agencias asociadas la autoridad estatutaria para establecer las normas de emisión de GEI para sí mismas o para sus contratistas”, escribieron los republicanos de Comercio en la carta al administrador de la NASA, Bill Nelson.
Los legisladores expresaron su preocupación por que la norma no beneficie a la misión declarada de la NASA.
La misión de la NASA, escribieron los senadores, es “explorar lo desconocido en el aire y el espacio, innovar en beneficio de la humanidad e inspirar al mundo a través del descubrimiento”.
«La atención a esa misión crítica se desviará, en su lugar, hacia una normativa altamente politizada», decía la carta.
Luego de que la administración Biden propusiera la norma durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Egipto, la directora de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés), Shalanda Young, dijo que la norma era un importante paso adelante para alcanzar los objetivos climáticos.
«Como mayor comprador de bienes y servicios del mundo, el gobierno federal tiene una oportunidad decisiva de aprovechar su poder adquisitivo para ayudar a reducir los riesgos climáticos y salvaguardar el dinero de los contribuyentes», dijo Young.
Sin embargo, el comité señaló que la regulación aumentaría los costos entre las agencias federales en casi USD 4000 millones.
“Como señalan los senadores, se estima que esta regulación impondrá costos sustanciales a las agencias y contratistas federales, y facultaría a las organizaciones no gubernamentales extranjeras para tomar decisiones políticas sin autorización del Congreso”, escribió la Oficina de Prensa Republicana del Comité de Comercio del Senado en un comunicado de prensa, el lunes.
El comité expresó su preocupación de que el costo para los contratistas individuales, muchos de los cuales son pequeñas empresas, “equivaldría a cientos de miles a millones de dólares por adelantado y anualmente a partir de entonces”.
“Las empresas más pequeñas, con recursos limitados en comparación con las grandes compañías, podrían verse obligadas a abandonar el mercado de la contratación pública o a consolidarse con otras entidades», escribieron los senadores.
También se planteó la preocupación de que la norma permitiera que las organizaciones no gubernamentales extranjeras tomaran decisiones sin la aprobación del Congreso, así como hacer caso omiso a las normas establecidas por la Science-Based Target Initiative, una organización que define y promueve las mejores prácticas en materia de reducción de emisiones y objetivos netos cero en consonancia con la ciencia del clima.
“La regla obligaría a los contratistas estadounidenses a adoptar estándares vagos y arbitrarios para la medición, divulgación y estimación de emisiones, los ‘riesgos’ y objetivos de reducción que han sido creados y administrados por la Iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi, por sus siglas en inglés)”, se lee en la carta.
El comité señaló que la regla exime a tribus, organizaciones sin fines de lucro, universidades, gobiernos estatales y locales, y “entidades que obtienen al menos el 80 por ciento de sus ingresos anuales de contratos federales de gestión y explotación, sin ninguna explicación científica… Haciendo que parezca que la normativa tiene menos que ver con la ‘ciencia’ y más con el favoritismo político hacia grupos de intereses especiales».
Los senadores concluyeron que la regla debería descartarse.
“Después de repetidos intentos fallidos de promulgar políticas ambientales radicales a través de la legislación, esta regla propuesta es otro ejemplo de la estrategia de la administración para implementar su agenda a través de burócratas no elegidos”, dice la carta. “Esta formulación de políticas antidemocráticas solo aumentará los costos, reducirá el progreso y tendrá un efecto paralizante en la inversión energética necesaria en Estados Unidos”.
La NASA no respondió a una solicitud de comentarios.
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