Veintiún senadores republicanos quieren que el presidente Joe Biden reconsidere revocar la Orden Ejecutiva de su predecesor que manda a las agencias federales publicar una guía sobre cómo interpretan y aplican las regulaciones.
En su primer día en la Oficina Oval, Biden revocó la Orden Ejecutiva 13891 del expresidente Donald Trump que requería la creación de una base de datos pública de documentos de pautas de agencias, basada en un proyecto de ley en el Congreso con apoyo bipartidista, la Ley de Orientación para Salir de la Oscuridad (GOOD).
“Sin explicación, usted describió esta orden ejecutiva como una de las ‘políticas y directivas dañinas que amenazan con frustrar la capacidad del gobierno federal para enfrentar [la pandemia (del COVID19), la recuperación económica, la justicia racial y el cambio climático]’, y afirmó–nuevamente sin explicación–que su revocación era necesaria para brindar a las agencias federales la ‘flexibilidad para usar una acción reguladora sólida para abordar las prioridades nacionales’”, dijeron los senadores a Biden en una carta del 8 de febrero.
El senador Ron Johnson de Wisconsin, el republicano de mayor rango en el Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional del Senado, inició la carta, que también fue firmada por los senadores James Lankford de Oklahoma, Rob Portman de Ohio, Rand Paul de Kentucky, Joni Ernst de Iowa, John Cornyn y Ted Cruz de Texas, Thom Tillis de Carolina del Norte, Kevin Cramer de Dakota del Norte, Dan Sullivan de Alaska, John Barrasso de Wyoming, Pat Toomey de Pensilvania, James Risch de Idaho, Mike Lee de Utah, Marsha Blackburn de Tennessee, Rick Scott de Florida, Deb Fischer de Nebraska, Bill Hagerty de Tennessee, Mike Braun de Indiana, Roger Marshall de Kansas y Cynthia Lummis de Wyoming.
Los firmantes señalaron que la propuesta GOOD fue aprobada una vez por la Cámara y dos veces por el Comité de Seguridad Nacional del Senado en Congresos anteriores en los que Johnson fue presidente de ese panel. Trump emitió su orden ejecutiva cuando quedó claro que un atasco legislativo impediría que la propuesta GOOD llegara a su escritorio.
Los firmantes también señalaron que entre los partidarios de la propuesta GOOD cuando estaba ante el panel de Seguridad Nacional estaba la entonces senadora Kamala Harris (D-Calif.), vicepresidenta de Biden.
“La revocación de una orden ejecutiva con un apoyo bipartidista tan extendido y duradero, incluido el apoyo de la vicepresidenta Harris, parece inconsistente con su deseo declarado de llegar a un acuerdo y de ‘cruzar el pasillo y trabajar juntos'», continuaron los firmantes.
“Su revocación de la Orden Ejecutiva 13891 también es contraria a una política sólida. El propósito de la orden ejecutiva y la Ley GOOD es promover la transparencia y garantizar que los estadounidenses afectados por la orientación de la agencia federal sepan cuáles son esos documentos de orientación para que puedan cumplirlos más fácilmente”, dijeron los firmantes a Biden.
“Esta política aborda problemas reales con el creciente estado administrativo que afecta tanto a los estadounidenses cotidianos como a otras entidades reguladas, como los gobiernos estatales y locales. Es justo que las personas, las empresas y los gobiernos locales sepan lo que se les exige.»
“La transparencia no socavará la lucha contra ‘[el COVID-19], la recuperación económica, la justicia racial y el cambio climático’, y es simplemente un error creer que los estadounidenses están mejor sin saber cuáles y cómo se aplican las reglas y regulaciones federales».
Un portavoz de la oficina de prensa de la Casa Blanca no respondió a la solicitud de comentarios de The Epoch Times.
La Orden Ejecutiva de Trump fue parte de los esfuerzos del expresidente para reducir la carga regulatoria sobre la economía que, según Wayne Crews del Competitive Enterprise Institute (CEI), cuesta a los consumidores casi USD 2 billones anuales, equivalente al costo del programa de recuperación del virus del PCCh propuesto por Biden.
Crews, quien es el autor de “Ten Thousand Commandments”, el informe anual de CEI sobre el alcance y los costos de las regulaciones federales, estimó en la edición más reciente que el costo para cada hogar estadounidense de cumplir con las regulaciones federales es de USD 14,000.
El costo agregado total de las regulaciones federales, según Crews, es igual a poco menos de la mitad del gasto federal total en 2019, el último año anterior al virus del PCCh.
Cerca del final del mandato de Trump en la Casa Blanca, se estimó oficialmente que se evitaron más de USD 144,000 millones en costos de cumplimiento normativo en 2020.
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