Mientras que los demócratas de la Cámara de Representantes están impulsando un renovado intento de ampliar la Corte Suprema (SCOTUS), los demócratas del Senado siguen divididos tanto en la viabilidad del proyecto de ley como en el valor que les significa el plan.
El plan que añadiría cuatro nuevos asientos al SCOTUS está contenido en el proyecto de Ley Judicial del representante Hank Johnson (D-Ga.).
El renovado impulso para agregar el proyecto de ley se produjo tras la histórica decisión de la Corte Suprema en el caso Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization, en el que se anuló la norma sobre el aborto establecida en el caso Roe vs. Wade en 1973. La decisión de los jueces con 6-3 votos contó con el apoyo de los seis magistrados conservadores del tribunal y la oposición de los tres magistrados liberales.
Después de esa decisión, los jueces conservadores de la Corte Suprema también anularon una ley de control de armas del Estado de Nueva York que consideraron inconstitucional, además de una decisión que restringe severamente el alcance de las regulaciones sobre el carbono de la Agencia de Protección Ambiental.
Esta serie de decisiones conservadoras, en particular la decisión en el caso Dobbs, derivó a que los demócratas busquen soluciones para debilitar el poder de los conservadores en el tribunal.
Durante una conferencia de prensa el 18 de julio, varios demócratas progresistas de la Cámara renovaron sus llamados para ampliar la Corte Suprema y con ello añadir cuatro nuevos asientos, un esquema que los críticos han denominado durante mucho tiempo «court-packing» o designación de jueces afines.
Los demócratas insistieron en que no estaban designando jueces afines, sino que los conservadores ya lo habían hecho bajo el gobierno del presidente Donald Trump, probablemente ante la negativa del entonces líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell (R-Ky.), a considerar la nominación de Merrick Garland para cubrir la vacante dejada por la inesperada muerte del juez Antonin Scalia. Más tarde, McConnell avanzó rápidamente con la nominación de Amy Coney Barrett, llegando incluso a cambiar las reglas del filibusterismo para asegurar su confirmación en el Senado que estaba entonces controlado por los republicanos.
«El escenario aterrador del court-packing del GOP (Partido Republicano) ya está aquí», dijo el representante Mondaire Jones (D-N.Y.) «En primer lugar así es como consiguieron esta mayoría de 6-3 de extrema derecha».
El representante Mark Takano (D-Ca.) amplió la afirmación de Mondaire, argumentando que los republicanos han hecho hincapié durante mucho tiempo en las nominaciones judiciales para cimentar su control sobre el gobierno federal.
Tras la exitosa confirmación de tres jueces conservadores bajo el mandato de Trump, que dejó a la rama liberal de la Corte Suprema sustancialmente superada, la Corte Suprema se ha «vuelto rebelde» y «se ha convertido en una institución radical», afirmó Takano.
Johnson, que patrocinó la Ley Judicial, indicó que la mayoría conservadora ha dejado a «[la] Corte Suprema en crisis consigo misma y con nuestra democracia». Debido a la mayoría «las libertades básicas están bajo asalto», agregó el legislador.
Aunque el proyecto de Johnson no carece de precedentes —la Corte Suprema se ha ampliado en varias ocasiones— la última ampliación de este tipo de la Corte elevó el número de asientos de siete a nueve y se produjo bajo el mandato del presidente Andrew Jackson en 1837.
La medida, que podría obtener el apoyo necesario para ser aprobada en la Cámara de Representantes, es más polémica en el Senado.
Algunos legisladores de la cámara alta, como el senador Ed Markey (D-Mass.), pidió que se anule el filibusterismo para aprobar la Ley Judicial, que tendría pocas posibilidades de ser aprobada en el Senado, ya que está dividido en partes iguales entre ambos partidos.
«Tenemos que derogar el filibusterismo para que podamos ampliar la Corte Suprema y recuperar los dos puestos robados en un tribunal ahora ilegítimo, que están robando los derechos del pueblo estadounidense», dijo Markey, quien apareció en la conferencia de prensa de los demócratas de la Cámara de Representantes el 18 de julio, poco después de la anulación de Roe.
La senadora Elizabeth Warren (D-Mass.), que en el pasado había dicho que «la supermayoría de 6-3 del tribunal seguiría amenazando las libertades básicas durante décadas, apoyó estos llamados».
Sin embargo, otros demócratas del Senado más vulnerables, que se enfrentan a duras batallas de reelección han manifestado su oposición a la propuesta.
«Habría que hablar de detalles específicos, yo no he estado a favor de ampliar el tamaño del tribunal», dijo el senador Mark Kelly (D-Ariz.), cuya victoria en 2020 hizo que Arizona enviara a dos demócratas al Senado por primera vez en décadas. Los estrategas republicanos suelen considerar que el escaño de Kelly está entre los más vulnerables en las elecciones de mitad de mandato de este año.
Por su parte, el senador Raphael Warnock (D-Ga) pidió a su partido que se centre en combatir la inflación por el momento.
«Ahora mismo, estoy centrado en reducir los costos para los georgianos que están siendo presionados a la baja y quiero que pongamos un tope al costo de la insulina, que es un proyecto de ley que tenemos que hacer», dijo Warnock el 12 de julio.
La senadora Maggie Hassan (D-N.H.), que en 2016 ganó su escaño por un margen de 0,16%, también manifestó que se opone a la ampliación del tribunal.
Dada la oposición moderada al plan de la Cámara de Representantes, es muy poco probable que el esfuerzo vaya a ninguna parte. En el Senado, los demócratas que apoyen el proyecto de ley necesitarían el apoyo de al menos 60 miembros para superar el umbral de obstruccionismo o podrían tener que influir en los senadores moderados como Joe Manchin (D-W. Va.) y Kyrsten Sinema (D-Ariz). .) a favor de una excepción obstruccionista.
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