Los senadores estadounidenses han expresado su preocupación por la situación política actual en Mongolia, escribiendo al secretario de Estado Antony Blinken la semana pasada, instando al Departamento de Estado a hacer oír su voz.
El senador Marco Rubio (R-Fla.), miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y el senador Patrick Leahy (D-Vt.), presidente del Comité de Asignación Presupuestaria del Senado, escribieron en la carta: “Los recientes acontecimientos políticos pueden presagiar el futuro de la democracia en el país. Como saben, Mongolia ha sido una historia de éxito democrático notable, particularmente si se tiene en cuenta su situación precaria entre dos vecinos autoritarios, la República Popular de China y la Federación de Rusia, el primero de los cuales ha expresado planes expansionistas hacia Mongolia en el pasado y aún puede albergarlos».
El sistema político de Mongolia es «semipresidencial», con un parlamento y un presidente elegido públicamente que preside el Consejo de Seguridad Nacional y actúa como comandante en jefe de las fuerzas armadas.
El 29 de abril, un mes antes de las elecciones presidenciales, el Partido Popular de Mongolia (MPP, por sus siglas en inglés), el cual tiene mayoría en el parlamento, inició apresuradamente una ley para cambiar las reglas de las elecciones presidenciales y la aprobó en siete minutos, destituyendo al presidente en ejercicio de la boleta, Khaltmaagiin Battulga. La ley prohíbe la reelección del presidente, porque es muy probable que sea reelegido.
Un grupo de miembros del MPP que dirigieron Mongolia bajo el régimen comunista hasta la revolución democrática de 1990 han hecho varios intentos de controlar las elecciones y ahora buscan recuperar el poder y restaurar el régimen de partido único, según el Departamento de Medios Presidenciales.
“Las recientes acciones controvertidas tomadas por el parlamento, el poder judicial y el presidente—incluyendo la apresurada aprobación de una enmienda a la Ley de Elecciones Presidenciales que prohibió que el titular buscara la reelección, la destitución de un juez de la corte constitucional que probablemente impugne la constitucionalidad de la acción del parlamento y la apelación de emergencia del presidente a la Corte Suprema para disolver al partido gobernante—han provocado una crisis política que podría socavar la credibilidad de las elecciones presidenciales del 9 de junio”, dice la carta.
«Nos preocupa que esta cadena de eventos pueda hacer que Mongolia sea cada vez más vulnerable a las tentativas del Partido Comunista Chino (PCCh) por socavar la democracia, el estado de derecho y su sistema judicial a través de la corrupción y la connivencia con ciertos líderes mongoles», agregó.
En noviembre de 2016, tras una visita del Dalai Lama, el PCCh castigó a Mongolia con sanciones económicas. Tsend Munkh-Orgil, el entonces ministro de Relaciones Exteriores y miembro del MPP, apoyó públicamente la demanda de Beijing de que la capital, Ulaanbaatar, prohíba que el Dalai Lama vuelva a visitar el país, una medida sin precedentes dado que el budismo tibetano es la religión dominante de Mongolia.
El secretario general del MPP habría hecho comentarios similares sobre el centenario del MPP en marzo de 2021, y en los últimos años se han llevado a cabo varios intercambios formales entre el PCCh y el MPP que involucran al secretario general y otros altos funcionarios del MPP, según el escrito.
Debido a su posicionamiento geopolítico único, la relación de Mongolia con Estados Unidos no es insignificante y brinda oportunidades para ambos países.
La Justificación del presupuesto del Congreso del Departamento de Estado para operaciones en el extranjero (pdf) afirma que “el objetivo principal de la asistencia de EE. UU. a Mongolia es garantizar que Estados Unidos siga siendo un socio conveniente por encima de sus vecinos geográficos, Rusia y China, y dar a Mongolia una mayor libertad para definir su política exterior y de seguridad independiente».
Los senadores concluyeron: “A la luz de estos acontecimientos, instamos respetuosamente al Departamento de Estado a entablar un diálogo con todos los partidos políticos involucrados con el objetivo de reducir las crecientes tensiones entre ellos, asegurando que a nadie se le niegue arbitrariamente el derecho a presentarse a las elecciones. y cada partido político tenga derecho a nominar al candidato de su elección para que aparezca en la boleta presidencial, y alentar el mantenimiento de un poder judicial imparcial”.
“La promoción de la democracia debe seguir siendo un elemento central de nuestra política exterior, particularmente debido a que fuerzas autoritarias como el PCCh están trabajando incansablemente para erosionar estos valores en todo el mundo”, agregaron.
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