Un grupo de senadores republicanos envió una carta a la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, y le pidió que condenara un informe avalado por la ONU que, según alegan, «da crédito» a los pedófilos al mismo tiempo que erosiona las normas que protegen a los menores de abusos y explotación sexual.
Liderados por el senador Marco Rubio (R-Fla.), los senadores escribieron que quieren saber si la Casa Blanca o Thomas-Greenfield conocían el informe antes de su publicación el mes pasado.
«Nos oponemos firmemente a cualquier esfuerzo extranjero que pretenda socavar el principio legal bien establecido de que los niños no poseen la madurez emocional o mental necesaria para consentir relaciones sexuales. Por lo tanto, solicitamos su oposición inmediata a estos esfuerzos y que anulen cualquier dinero de los contribuyentes estadounidenses que pueda haber contribuido a las Naciones Unidas que elaboraron este informe», escribieron los senadores, según un comunicado de prensa de Rubio. «Esto va en contra de las leyes en todo Estados Unidos, y gran parte del mundo afirma que todas las formas de sexo entre niños y adultos son coercitivas».
Se referían a un informe (pdf) de la Comisión Internacional de Juristas, respaldado por la ONU, que dice, en parte, que «la conducta sexual en la que participan personas por debajo de la edad mínima de consentimiento sexual prescrita en el país puede ser consentida de hecho, si no de derecho».
El informe no aboga específicamente por despenalizar las relaciones sexuales entre adultos y menores. Sin embargo, sí sugiere que los niños tienen el derecho legal y la capacidad de tomar tales decisiones.
«La aplicación del derecho penal debe reflejar los derechos y la capacidad de los menores de 18 años para tomar decisiones sobre la participación en conductas sexuales consentidas y su derecho a ser escuchados en los asuntos que les conciernen. De conformidad con la evolución de sus capacidades y su autonomía progresiva, los menores de 18 años deben participar en las decisiones que les afecten, teniendo debidamente en cuenta su edad, madurez e interés superior, y prestando especial atención a las garantías de no discriminación», dice el informe.
Qué dice el informe
Este informe es el resultado de una reunión con la Comisión Internacional de Juristas, ONUSIDA y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Los grupos de la ONU se encuentran entre los que «respaldan y apoyan» el último informe.
«La conducta sexual consentida, independientemente del tipo de actividad sexual, el sexo/género, la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de las personas implicadas o su estado civil, no puede ser penalizada en ninguna circunstancia. Las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, así como las relaciones sexuales consentidas entre personas de distinto sexo, o las relaciones sexuales consentidas con o entre personas trans, no binarias y otras personas de género diverso, o fuera del matrimonio —ya sea prematrimonial o extramatrimonial— no podrán, por tanto, ser penalizadas en ningún caso», según el informe.
«Con respecto a la aplicación del derecho penal, cualquier edad mínima prescrita para el consentimiento sexual debe aplicarse de manera no discriminatoria. La aplicación de la ley no puede estar vinculada al sexo/género de los participantes o a la edad de consentimiento para contraer matrimonio. Además, la conducta sexual en la que participen personas por debajo de la edad mínima de consentimiento sexual prescrita en el país puede ser consentida, de hecho, si no de derecho. En este contexto, la aplicación del derecho penal debe reflejar los derechos y la capacidad de las personas menores de 18 años para tomar decisiones sobre la participación en conductas sexuales consentidas y su derecho a ser escuchadas en los asuntos que les conciernen».
«De conformidad con la evolución de sus capacidades y su autonomía progresiva, las personas menores de 18 años deben participar en las decisiones que les afecten, teniendo debidamente en cuenta su edad, madurez e interés superior, y prestando especial atención a las garantías de no discriminación».
Disputado
La Comisión Internacional de Juristas emitió un comunicado el jueves y afirmó que las afirmaciones en Internet de que el informe pide la despenalización de las relaciones sexuales con menores son falsas.
«Los Principios del 8 de marzo no piden la despenalización de las relaciones sexuales con niños, ni la abolición de una edad mínima de consentimiento sexual prescrita a nivel nacional», dijo la Comisión Internacional de Juristas en un comunicado. «De hecho, la CIJ subraya que los Estados tienen la clara obligación, en virtud del derecho internacional, de proteger a los niños de toda forma de abuso, como el abuso sexual infantil, incluso mediante la penalización de dicha conducta».
En la misma línea se manifestó Christine Stegling, directora ejecutiva adjunta de ONUSIDA: «En la aplicación de la ley, se reconoce que las sanciones penales no son apropiadas contra adolescentes de edades similares por actividad sexual consentida sin explotación».
Alexander A. Boni-Saenz, profesor de Derecho de la Facultad de Derecho de Chicago-Kent, coincidió en que el documento «no aboga por la despenalización de las relaciones sexuales entre adultos y niños».
«Lo que sí hace es sugerir que la ley no debe aplicarse de forma discriminatoria, por ejemplo, estableciendo diferentes edades de consentimiento en función del sexo de los participantes en la actividad sexual o del estado civil de los implicados», dijo Boni-Saenz.
Sin embargo, Rubio y los otros senadores del GOP dijeron que el informe, de hecho, «socava explícitamente las salvaguardias que nuestra sociedad ha establecido para proteger a nuestros niños de las depredaciones sexuales de pedófilos y otros delincuentes sexuales».
Solicitaron que Thomas-Greenfield respondiera a su carta y a sus preguntas sobre el informe respaldado por la ONU.
Con información de The Associated Press.
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