La Cámara de Senadores de México aprobó en la madrugada de este viernes la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que traslada el control operativo, administrativo y financiero de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La iniciativa, que ya se había aprobado en la Cámara de Diputados el sábado pasado, se aprobó con 71 votos a favor, 51 en contra y una abstención, la del coordinador del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal.
Monreal, quien pretende ser candidato presidencial, se abstuvo en medio de desacuerdos políticos con López Obrador, quien no ha respaldado sus aspiraciones.
Para continuar con la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena se tienen que dar reformas en varia leyes: la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley de la Guardia Nacional; Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Tras una discusión de más de 12 horas, que resultó por momentos intensa, los senadores de oposición, en términos generales, señalaron que la aprobación de esa reforma ahondaría en la militarización del país.
Mientras que los senadores que votaron a favor, la mayor parte de Morena, partido del presidente López Obrador, defendieron fuertemente la iniciativa del mandatario.
En días previos, Organizaciones como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) se mostraron en contra de esta iniciativa.
AI señaló que la experiencia demuestra que «hoy en día México es más peligroso que hace 16 años cuando se decidió que militares salieran a las calles» y que la Constitución mexicana, la ley de la Guardia Nacional y su reglamento interno «establecen que ésta tendrá el carácter de actividades civiles, no militares».
Mientras que HRW advirtió que dejar a los militares en tareas de seguridad pública «agudizará el desastre» de derechos humanos que atraviesa el país.
Intervenciones
La senadora del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, dijo que «no hay una estrategia de seguridad», por lo que la reforma «no solamente es comprometer a esta institución, sino es condenarnos a más muerte y a más desapariciones».
En tanto, la senadora Sylvan Beltrones, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que es obvio que «queremos seguridad en México, pero también queremos que esa seguridad se dé en un marco institucional, que sea plenamente respetuoso de los derechos humanos».
En tanto, la legisladora Geovanna Bañuelos, del oficialista Partido del Trabajo, aliado de Morena, destacó que el único fin de esta reforma, «es que la gente se sienta segura, que salga a las calles sin miedo y con la certeza de que existe una institución protectora de la ciudadanía».
Control militar
La iniciativa trasladaría el control de la Guardia Nacional, institución creada por López Obrador en 2019 con la promesa de mantenerla civil, a la Sedena, encargada del Ejército mexicano.
El pasado martes, el presidente López Obrador planteó realizar una consulta popular para que la ciudadanía decida si quiere mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y evaluar a la Guardia Nacional cuando pase a control militar.
La actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ha causado polémica en México por afrontar acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y uso desproporcionado de la fuerza.
Apenas la semana pasada, una niña de 4 años, Heidi Mariana, murió a causa de una bala perdida del Ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la frontera norte de México, según denuncias de su familia.
Pero López Obrador, quien en campaña prometió devolver los militares a los cuarteles, ahora justificó su utilización en tareas de seguridad para enfrentar el crimen.
El trabajo de la Guardia Nacional ha sido una de las principales acciones del presidente para frenar la violencia en México, que registró 33,315 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato de López Obrador, con 34,690 víctimas de asesinato en 2019 y 34,554 en 2020.
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