Cinco senadores están pidiendo a la Administración Biden imponer sanciones a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y a sus familiares por corrupción.
En una carta dirigida al presidente Joe Biden, los senadores James Risch (R-ID), Marco Rubio (R-FL), Rick Scott(R-FL), John Cornyn (R-TX)y Bill Hagerty (R-TN) le pidieron que tome medidas para responsabilizar a Fernández de Kirchner y sus familiares “por su participación o actos de corrupción significativa».
Los senadores también citaron varios casos judiciales de corrupción en los que están involucrados tantoFernández de Kirchner, quien también fuera vicepresidenta durante el mandato del presidente saliente Alberto Fernández como sus familiares y colaboradores cercanos.
La justicia argentina la declaró culpable el pasado mes de marzo por defraudación e irregularidades en la concesión de obras públicas y condenada a seis años de prisión a la exfuncionaria.
Mientras Fernández de Kirchner estuvo en el poder “permitió que actores malignos como China e Irán profundizaran su influencia corrupta” en Argentina, país al que calificaron como “aliado crítico de Estados Unidos”, indicaron los senadores.
Todo esto ocurrió mientras Argentina “fue llevada a la bancarrota y la hiperinflación”. Esto “permitió importantes transacciones financieras entre el gobierno de Argentina y China, Rusia y Venezuela”, según la carta.
Los senadores hicieron referencia a contratos de obras públicas que pusieron en riesgo la seguridad de ambos países, “incluida una estación de espacio profundo en Argentina controlada por el ejército chino”.
Esto ocurre a menos de una semana de que Javier Milei tomara posesión de la presidencia de Argentina, iniciando su mandato con duras medidas para levantar la economía del país, que se encuentra en una crisis económica tras el mandato de Alberto Fernández que dejó a la Argentina en medio de una inflación del 142% y un nivel de pobreza del 40.1%.
Casos de corrupción contra Cristina Fernández
Actualmente hay varios casos abiertos en contra de la exvicepresidenta, quien también fue inhabilitada de forma perpetua para aspirar a cargos públicos tras ser declarada culpable ante la corte hace unos meses.
Hace tan solo unos días se reabrió una investigación conocida como la «Ruta del dinero K», en la que se le acusa de lavado de dinero. Lázaro Báez, un funcionario cercano a ella, fue condenado a 10 años de prisión a principios de este año por ese mismo caso.
En septiembre, la justicia Argentina reabrió otros dos casos de corrupción en su contra. Uno de ellos involucra a dos de sus hijos: Máximo y Florencia Kirchner. Se les acusa de utilizar sus negocios familiares para lavado de dinero, asociación ilegal y recepción de pagos ilegales para proyectos de obras públicas.
En el segundo caso, se acusa a Fernández de confabularse con Irán para encubrir su papel en el atentado terrorista del 18 de julio de 1994 contra un centro comunitario judío. Esto incluye un antecedente muy particular: el fiscal especial del caso, Alberto Nisman, apareció muerto en su apartamento con un disparo en la cabeza pocos días antes de presentar la acusación contra Fernández frente al Congreso.
Esta no es la primera vez que congresistas estadounidenses piden sanciones contra Fernández y sus allegados. El pasado mes de marzo, el senador Ted Cruz propuso imponer sanciones y realizar investigaciones por corrupción contra varios funcionarios argentinos, incluyendo a la exvicepresidenta.
Los senadores firmantes de la reciente misiva indicaron que “es fundamental” que la Administración Biden continúe fortaleciendo las relaciones bilaterales con el país sudamericano y que contrarreste “las amenazas mutuas a la seguridad que plantea la corrupción”.
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