Senadores republicanos exigieron más información al director del FBI, Christopher Wray, sobre el manejo inadecuado de casos de abuso sexual infantil por parte de la agencia.
El senador Chuck Grassley (republicano por Iowa) envió una carta al fiscal general Merrick Garland y a Wray el 10 de octubre en relación con las acusaciones de que el FBI no ha tomado en serio las acusaciones de conducta sexual inapropiada. Grassley dijo que el FBI y el Departamento de Justicia no han presentado la información que él solicitó hace dos años.
Otro grupo de legisladores anunció una investigación respecto a las acciones del FBI el 4 de octubre, interrogando a Wray sobre lo que la agencia ha hecho para realizar cambios en los meses posteriores a una auditoría condenatoria realizada por la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Justicia.
El informe de la auditoría, publicado en agosto, reveló fallas en el manejo de los casos de abuso sexual por parte del FBI, así como en el manejo de las pistas que ha recibido sobre delitos sexuales contra niños.
Un grupo de 11 senadores subrayó la urgencia de la situación en una carta conjunta a Wray.
«En un momento de confianza históricamente baja en las instituciones estadounidenses, el FBI sigue debilitando su propia credibilidad cuando se trata de salvaguardar a nuestros niños de depredadores que desean hacerles daño. No solo es indignante sino inaceptable que el FBI siga defraudando a las víctimas de los abusadores sexuales. Estas víctimas merecen justicia», declararon el senador Eric Schmitt (republicano de Mo.) y otros 10 senadores.
En la carta se pedía además al FBI que respondiera a las deficiencias señaladas en el informe de la OIG y se instaba a la agencia a aplicar las oportunas reformas.
A la luz de las conclusiones de la OIG, Schmitt y sus colegas formularon varias preguntas a Wray, entre ellas si el FBI afronta algún obstáculo que dificulte el cumplimiento de las normas de notificación obligatoria.
Sus preocupaciones giraban en torno al escándalo de Larry Nassar, un médico especializado en deportes entre cuyos clientes había campeonas de gimnasia.
Además, Schmitt y sus colegas han solicitado información sobre las medidas disciplinarias aplicadas contra el personal del FBI que ha incurrido sistemáticamente en negligencia en el cumplimiento de las normas establecidas.
Los senadores querían saber cuántos trabajadores han sido despedidos o puestos en situación de baja administrativa por no acatar la política de la empresa y, en el caso de los que pudieron dimitir, querían saber qué ocurrió antes de que se marcharan.
Los legisladores citaron específicamente la respuesta del FBI al escándalo Nassar, después del cual la agencia aseguró al público que haría todo lo posible para garantizar la existencia de mecanismos que impidan que los errores de ese caso se repitan en el futuro.
El informe de agosto dice que el FBI ha actualizado sus políticas, formación y sistemas desde el informe de 2021 de la OIG sobre Nassar, pero encontró casos de empleados del FBI que no cumplían con la ley o la política pertinente al manejar tales casos.
La campeona olímpica Simone Biles y docenas de otras víctimas de agresiones sexuales cometidas por Nassar, demandaron al FBI por más de mil millones de dólares en junio de 2022, alegando que la oficina ignoró sus advertencias sobre la mala conducta de Nassar. Nassar se declaró culpable en 2017, pero sus agresiones continuaron después de que se reportaran las denuncias al FBI.
El FBI reconoció haber manejado mal el asunto y el Departamento de Justicia resolvió 139 demandas por un total de 138.7 millones de dólares en abril de este año.
Un portavoz del FBI respondió la petición de comentarios del Epoch Times, confirmando la recepción de ambas cartas, refiriéndose a la declaración previa de la agencia sobre el informe de la OIG.
«Garantizar la seguridad de los niños no es solo una prioridad para el FBI; es un deber solemne que nos comprometemos a cumplir con los más altos estándares», dice el comunicado.
«Los esfuerzos del FBI para combatir los delitos contra los niños se encuentran entre las labores más críticas y exigentes que realizamos (…). Estamos comprometidos con mantener la confianza del público mediante la implementación de las mejoras necesarias para garantizar que los importantes cambios que hicimos a nuestro programa de Delitos Violentos contra Menores en 2018 y 2019 tengan el efecto deseado de promover el más alto nivel de cumplimiento y efectividad».
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