Los senadores republicanos reintrodujeron una legislación que exige a las universidades estadounidenses que revelen todas las grandes donaciones extranjeras realizadas a sus instituciones, denominada Ley de Transparencia de Influencias Extranjeras. Este proyecto de ley fue creado en gran parte como respuesta a los Institutos Confucio (IC) el régimen chino.
El proyecto de ley de los senadores estadounidenses Rob Portman (R-Ohio), Marco Rubio (R-Fla.) y Tom Cotton (R-Ariz.), modifica la Ley de Educación Superior y exige que organizaciones como los IC de China se registren en virtud de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés).
Desde 2004, China financió programas de idiomas de IC bajo el Ministerio de Educación del régimen comunista que forman asociaciones con universidades estadounidenses. En los Estados Unidos, IC es una empresa multimillonaria y tiene sucursales en todos los campus estadounidenses.
«El pueblo estadounidense debe saber cuándo está tratando con un agente de un gobierno extranjero, y esta legislación traerá una mayor transparencia a las actividades de las naciones extranjeras que operan en Estados Unidos», dijo Rubio.
«Al obligar a los agentes de gobiernos extranjeros a registrarse en el Departamento de Justicia, esta legislación cerraría las lagunas de la ley actual que permiten al Partido Comunista Chino infiltrarse en nuestros colegios y universidades a través de los Institutos Confucio».
El senador Portman dijo que las escuelas de EE.UU. no reportaron 6500 millones de dólares en fondos extranjeros. El senador de Ohio quiere que el público sepa quién influye en sus universidades.
«Me complace unirme a los senadores Rubio y Cotton en la reintroducción de esta importante legislación para aumentar la transparencia en nuestros campus universitarios en lo que respecta a la financiación extranjera», dijo Portman.
«China explotó rutinariamente esta falta de transparencia controlando, financiando y dotando de personal a los Institutos Confucio en los campus de todo nuestro país(…)No podemos permitir que esta asombrosa falta de transparencia continúe».
El senador Cotton dijo que los estudiantes merecen saber qué influencias están en juego en sus campus.
«Si queremos libertad de expresión y un debate honesto en los campus universitarios, necesitamos saber cuándo otros países están impulsando sus intereses en suelo estadounidense», dijo Cotton.
El senador Portman, como presidente del Subcomité Permanente de Investigaciones (PSI, por sus siglas en inglés), publicó un informe bipartidista en febrero de 2019 en el que se detallaba la falta de transparencia en la forma en que los colegios y universidades estadounidenses gestionan los IC.
El informe expuso el hecho de que el régimen chino controla casi todos los aspectos de las IC incluyendo la financiación, el personal y la programación. Encontró que hay 1000 aulas de IC en todo el mundo y 500 en Estados Unidos.
El informe decía que el personal del IC se compromete a «salvaguardar concienzudamente los intereses nacionales» y su contrato termina si «violan la ley china» o «participan en actividades perjudiciales para los intereses nacionales».
En el informe de la PSI también se comprobó que el Departamento de Educación no realiza una supervisión periódica de las universidades estadounidenses para determinar el nivel de cumplimiento de la obligación de presentar informes sobre donaciones extranjeras.
Si bien China amplió los IC en los Estados Unidos, la investigación determinó que China no responde con el mismo grado de apertura para permitir a los funcionarios y educadores estadounidenses el acceso a las instituciones chinas.
En un comunicado del 12 de febrero, el Departamento de Educación dijo que la Universidad de Yale podría no haber revelado en sus registros 375 millones de dólares de fondos extranjeros en los últimos cuatro años.
«Se trata de la transparencia», dijo la Secretaria de Educación de EE.UU. Betsy DeVos. «Si las universidades aceptan dinero y regalos extranjeros, sus estudiantes, donantes y contribuyentes merecen saber cuánto y de quién. Además, es lo que la ley requiere. Desafortunadamente, cuanto más indagamos, más nos damos cuenta de que muchas carecen de información o no informan en absoluto. Seguiremos pidiendo cuentas a los colegios y universidades y trabajaremos con ellos para garantizar que sus informes sean completos, exactos y transparentes, como exige la ley».
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