Los senadores Tom Cotton (R-Ark.) y Kelly Loeffler (R-Ga.) presentaron una serie de proyectos de ley destinados a responsabilizar a los alborotadores por destruir propiedades y por dañar a los residentes de las ciudades de EE. UU.
“Bajo políticas izquierdistas indulgentes, los revoltosos en todo el país continúan saqueando las comunidades estadounidenses. Ya es hora de que tomemos medidas enérgicas contra sus acciones destructivas. Mi legislación incapacitará a estos alborotadores para evitar una mayor destrucción y aumentar sus sanciones, haciendo que el castigo se ajuste a sus crímenes”, dijo Cotton en un comunicado escrito.
Las protestas estallaron en los Estados Unidos desde mayo, luego del asesinato de un hombre negro, George Floyd, y aunque muchas protestas han sido pacíficas, otras se hicieron violentas. Los estadounidenses de todo el país vieron cómo sus negocios eran destruidos, saqueados y quemados por los anarquistas y alborotadores.
La violencia en Portland Oregon, Seattle Washington, Nueva York y Washington fueron particularmente notables.
Cotton y Loeffler han patrocinado tres proyectos de ley para asegurarse de que quienes infrinjan las leyes al dañar la propiedad pública y aterrorizar a los vecindarios, sean responsables de sus acciones.
La Ley «No Catch-and-Release for Rioters» («Ley de Prohibición de Capturar y Liberar a los Alborotadores») requeriría que la policía retenga a una persona acusada de disturbios hasta su juicio, a menos que haya pruebas que sugieran lo contrario; la Ley «Rioting Restitution» («Ley de Indemnización por Disturbios») crearía un derecho de acción civil, federal y privada contra los alborotadores que cumplen con la definición federal de disturbios, permitiendo que las víctimas obtengan indemnizaciones por el triple de los daños, y la Ley «Support Peaceful Protest» («Ley de Apoyo a la Protesta Pacífica») haría que los alborotadores condenados por el gobierno federal no sean elegibles para los subsidios de desempleo como ayuda por la pandemia.
En agosto, el evento de campaña local de Loeffler fue interrumpido por los manifestantes de Black Lives Matter, quienes intentaron detener el evento, pero los partidarios de la senadora se mantuvieron firmes.
La senadora de Georgia es una detractora pública de Black Lives Matter, y dijo que la izquierda radical crea caos y alboroto. Ella dijo que el incidente dejó en claro el «marcado contraste» que los votantes tienen en las elecciones de noviembre para escoger entre el orden y el caos.
“¿Ellos quieren la oportunidad de tener libertad de expresión, tener el estado de derecho, la seguridad y la protección en sus comunidades? Este es el tipo de legislación que he presentado para ayudar al presidente a asegurarse de que tengamos una economía fuerte y segura”, dijo Loeffler a Fox News.
Por otro lado, el presidente Donald Trump firmó un memorando el 2 de septiembre ordenando una revisión de los fondos federales a ciertos gobiernos estatales y locales que «estén permitiendo la anarquía, la violencia y la destrucción en las ciudades de EE. UU.».
El memorando del presidente ordena a todos los departamentos y agencias ejecutivos federales que presenten un informe al director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) detallando todos los fondos federales que se han proporcionado a Seattle, Portland, la ciudad de Nueva York y Washington, «o a cualquier entidad o dependencia de las jurisdicciones anteriores».
Dentro de los 14 días posteriores a la orden, el director de la OMB, Russ Vought, debe enviar una guía a las agencias federales para que presenten sus informes.
La orden también estipulaba que Vought debe, dentro de los 30 días posteriores a la orden, emitir una guía a los jefes de las agencias federales sobre «restringir la elegibilidad o desfavorecer de otra manera (…) a las jurisdicciones anarquistas de recibir subvenciones federales».
El documento también ordena al fiscal general William Barr, junto con Chad Wolf, el secretario interino de Seguridad Nacional, y Vought, que publiquen en el sitio web del Departamento de Justicia una lista de «jurisdicciones anarquistas», descritas como «jurisdicciones estatales y locales que han permitido que persista la violencia y la destrucción de bienes y se han negado a tomar medidas razonables para contrarrestar estas actividades delictivas».
Con información de Mimi Nguyen Ly.
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