Una tendencia creciente de programas de seguros de salud que se niegan a cubrir los costos de las pruebas del virus del PCCh (también conocido como nuevo coronavirus) para los asegurados, tiene a un grupo de ocho senadores republicanos en busca de medidas correctivas por parte del secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar.
«Desafortunadamente, nos ha llamado la atención que los cambios realizados en una guía reciente de tres agencias, publicada el 23 de junio de 2020, han creado cierta confusión con respecto a los requisitos de cobertura para las pruebas de COVID-19», dijeron los senadores en una carta dirigida a Azar.
“En las últimas semanas, nos hemos enterado del aumento de las negaciones de cobertura para pruebas de COVID-19 por parte de los planes de salud, particularmente para personas asintomáticas”, dijeron los senadores a Azar en una carta del 30 de octubre que se hizo pública el lunes.
Los ocho firmantes de la carta incluyen al senador Rick Scott, de Florida; Joni Ernst, de Iowa; David Perdue, de Georgia; James Lankford, de Oklahoma; Ben Sasse, de Nebraska; Martha McSally, de Arizona; Thom Tillis, de Carolina del Norte, y Kevin Cramer, de Dakota del Norte.
Ernst, Perdue y Tillis están todos en campañas de reelección, mientras que McSally también se enfrenta a los votantes el martes en una reñida competencia mientras busca un mandato completo de seis años después de ser nombrada para el cargo en diciembre de 2018 tras la muerte del senador John McCain (R-Ariz.).
“Para los estadounidenses que desean regresar de manera segura a la escuela y al trabajo, el acceso a las pruebas es fundamental y no deberían tener que cuestionarse si su seguro cubre o no las pruebas de diagnóstico o de anticuerpos de COVID-19”, dijeron los senadores en su carta.
“Nadie debería tener que pagar por una prueba. Si alguien quiere una prueba, debería poder hacerse una prueba, y esa prueba debería estar cubierta por el seguro sin ningún gasto por cuenta propia”, dijeron.
Se han realizado más de 100 millones de pruebas del virus del PCCh desde que la enfermedad provocó un bloqueo económico nacional en marzo que continúa hoy en diversos grados en todo el país. Las pruebas generalizadas son un factor en la reciente tendencia al alza de los casos confirmados de virus del PCCh.
La Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus (FFCRA) y la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES) promulgadas por el presidente Donald Trump a principios de este año exigen que las compañías de seguros cubran el costo total de las pruebas de virus del PCCh para las personas.
Trump también firmó una orden ejecutiva que exige que las pruebas estén cubiertas por programas de seguros.
El asunto es importante para millones de estadounidenses a quienes los empleadores les exigen que presenten los resultados de las pruebas que demuestren que son negativos antes de que se les permita regresar al trabajo.
Pero la confusión sobre la guía regulatoria emitida por el departamento de Azar ha creado oportunidades para que las compañías de seguros rechacen la cobertura de las pruebas, en ocasiones porque el procedimiento fue realizado por un proveedor de atención médica fuera de la red y en otras ocasiones debido a situaciones en las que un individuo busca una prueba pero luego no la recibe realmente.
También ha habido casos de personas a las que se les cobraron tarifas exorbitantes por el procedimiento, incluida una mujer de California que recibió una factura de USD 1840 y una mujer de Texas cuya factura por la prueba fue de USD 6000.
Los ocho senadores republicanos le dijeron a Azar que quieren que se mueva rápidamente para revisar la guía del HHS “para aclarar que las personas que necesitan una prueba puedan recibir una sin costo compartido, gestión médica o autorización previa, y sin importar si la persona tiene síntomas».
El tema de las pruebas y la controversia relacionada sobre el procedimiento de salud pública conocido como «rastreo de contactos» también son problemas importantes que obstaculizan otro acuerdo de alivio del virus del PCCh entre Trump y los demócratas de la Cámara encabezados por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-Calif.).
Los negociadores parecen estar cerca de un acuerdo sobre una medida que podría costar entre 1.8 y 2.2 billones de dólares. Sin embargo, los demócratas quieren un nuevo proyecto de ley de alivio que incluya pruebas nacionales rigurosas y rastreo de contactos que se utiliza para identificar a las personas que pueden haber estado expuestas a una persona que da positivo en la prueba del virus.
Los republicanos son reacios a aprobar medidas excesivamente intrusivas para las pruebas o el rastreo, mientras que los demócratas sostienen que los procedimientos son esenciales para controlar la propagación del virus del PCCh.
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