Dos importantes senadores de EE. UU. presentaron este miércoles un proyecto de ley para frenar la minería ilegal en Latinoamérica, y evitar que beneficie al régimen de Nicolás Maduro de Venezuela.
Marco Rubio (R-FL) y Bob Menéndez (D-NJ) propusieron la “Ley de Estrategia de Asociación de Minería y Oro Legal de Estados Unidos” en un comunicado, señalando que tanto la minería como el tráfico ilícito de oro plantean un gran desafío para la seguridad y estabilidad de la región, y agregaron que “benefician financieramente al narcorégimen de Maduro en Venezuela», señalando que además destruyen ecosistemas sensibles, y generan abusos contra los derechos humanos en toda la región.
“La minería de oro ilícita es una fuente importante de financiamiento para el régimen dictatorial de Maduro y comprende una gran parte del mercado internacional del oro”, dijo el senador Rubio. “Es momento de tomar medidas enérgicas contra esta empresa criminal corrupta. Estados Unidos debe responsabilizar a los involucrados en esta industria ilegal y evitar que Maduro y sus cómplices obtengan más ganancias mientras [que] el pueblo venezolano sufre dificultades inimaginables”.
Por su parte, el senador Menéndez, que es presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, mencionó los riesgos que implica la extracción ilícita y el tráfico de oro en la región.
“La extracción ilícita y el tráfico de oro en América Latina y el Caribe financia a organizaciones criminales transnacionales, degrada las selvas tropicales y la biodiversidad de nuestro hemisferio, facilita los abusos contra los derechos humanos y ayuda a apuntalar dictaduras brutales como la de Nicolás Maduro en Venezuela”, dijo el senador demócrata.
La legislación pide que el presidente establezca una estrategia para romper los vínculos entre la minería artesanal y de pequeña escala (ASM) y los actores ilícitos. Los senadores piden que se bloqueé el financiamiento de actores ilícitos, desaliente la minería ASM en áreas ambientalmente protegidas, que se ayude a los mineros de ASM a formalizar sus actividades comerciales, y utilizar prácticas ambientalmente sostenibles, además de apoyar los programas de desarrollo socioeconómico, la creación de capacidad para hacer cumplir la ley y las iniciativas internacionales.
El proyecto de Ley de los senadores también advierte que en esta práctica de extracción y tráfico ilegal de oro suelen estar involucrados grupos criminales trasnacionales de narcotráfico y terrorismo, y cita un informe de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional, indicando que más del 70% del oro extraído en varios países latinoamericanos, se obtiene por medios ilícitos, además de alrededor del 80% del mineral extraído en Venezuela. Y gran porcentaje de ese oro se vende a Minerven la empresa minera estatal sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
En 2019, la organización civil sin fines de lucro Transparencia Venezuela, lanzó una investigación llamada «Oro Mortal» donde reveló que la extracción ilegal del mineral estaba viciado de diversas prácticas ilegales que incluyen el contrabando del oro, de combustible, trata de personas, tráfico de drogas y armas.
La investigación indicó que entre el 70 y 90 % del oro extraído salía del territorio del país de manera ilegal, y que en las operaciones se involucraban «funcionarios del alto gobierno y familiares cercanos al entorno presidencial». El tráfico del metal habría dejado una derrama económica en 2018 de USD 2711 millones, según citó la organización los datos de la consultora Ecoanalítica.
El texto propone además que la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) en coordinación con los gobiernos en la región elegidos democráticamente incluidos Colombia, Ecuador y Perú, se coordinen para establecer una asociación público privada para lograr los objetivos planteados en la legislación.
Desde 2020, dos organizaciones internacionales Human Right Watch (HRW) y Freedom House han alertado sobre los peligros de la minería ilegal en Venezuela, que incluyen abusos, violencia, ecocidio y corrupción.
HRW denunció en ese momento que los residentes del estado venezolano de Bolivar donde se encuentra gran parte del Arco Minero del Orinoco (AMO)—un proyecto anunciado por el líder Hugo Chavez—son víctimas de amputaciones y otros abusos severos que son cometidos por grupos criminales que controlan las minas de oro, incluidas organizaciones de Venezuela llamadas “sindicatos” y grupos armados colombianos.
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