BRANDON, Mississippi— Seis exagentes de la ley blancos de Mississippi que se declararon culpables de una larga lista de cargos estatales y federales por torturar a dos hombres negros fueron sentenciados el miércoles en una corte estatal.
Las sentencias estatales no agregaron tiempo a las penas de prisión federales que los acusados ya habían recibido, pero los que apoyan a las víctimas elogiaron las sentencias de años, diciendo que adquirían una importancia única en Mississippi.
Los seis exoficiales que atacaron a Michael Corey Jenkins y Eddie Terrell Parker en enero de 2023 fueron sentenciados el mes pasado a penas de prisión federal que oscilan entre 10 y 40 años. El juez de distrito estadounidense Tom Lee calificó sus acciones como «atroces y despreciables» al dictar sentencias cercanas al máximo de las directrices federales para cinco de los seis hombres.
El miércoles, el juez de circuito del condado de Rankin, Steve Ratcliff, impuso a los hombres sentencias estatales de años de duración que eran más cortas que la cantidad de tiempo en prisión federal que ya habían recibido, pero más largas de lo que los fiscales estatales habían recomendado. El tiempo cumplido por las condenas estatales se ejecutará simultáneamente con las penas federales, y los hombres cumplirán su condena en centros penitenciarios federales.
Después de la audiencia, Malik Shabazz, abogado que representa a Jenkins y Parker, celebró que los exagentes de la ley rindieran cuentas en la misma corte donde habían testificado contra otros.
«Todos ellos han tenido que venir y comparecer en una sala de la corte donde han creado mucho daño», dijo Shabazz. «En esta sala y en esta corte se les ha dado credibilidad a sus declaraciones. Pero hoy ha sido radicalmente distinto. Hoy, el juez de esta corte de circuito del país ha impartido justicia».
Shabazz había dicho que la sentencia penal estatal es importante porque «históricamente, el estado de Mississippi se ha quedado atrás o ha ignorado los crímenes raciales y la brutalidad policial contra los negros». Aplaudió la decisión de Ratcliff de rechazar las recomendaciones de los fiscales estatales de sentencias más cortas por los cargos estatales.
Michelle Williams, portavoz de la Fiscalía General de Mississippi, dijo que las sentencias dictadas el miércoles eran coherentes con el acuerdo alcanzado con los fiscales federales.
En una declaración escrita, la fiscal general de Mississippi, Lynn Fitch, dijo que los crímenes de los exoficiales causaron graves daños a las víctimas y violaron la confianza de los ciudadanos a quienes se suponía debían proteger.
«Estos actos criminales hacen que un trabajo difícil sea aún más difícil y mucho más peligroso», afirmó Fitch. «Y nos corresponde a todos comprometernos a reparar ese daño».
Los acusados son cinco exagentes del sheriff del condado de Rankin —Brett McAlpin, de 53 años; Hunter Elward, de 31 años; Christian Dedmon, de 29 años; Jeffrey Middleton, de 46 años; y Daniel Opdyke, de 28 años— y un exagente de policía de la ciudad de Richland, Joshua Hartfield, de 32 años, que estaba fuera de servicio durante la agresión.
Los seis exoficiales se declararon culpables de los cargos estatales de conspiración para obstaculizar el procesamiento. Fueron condenados por múltiples cargos a penas de entre cinco y 20 años. Elward admitió la agresión agravada y fue condenado a 20 años junto con las penas por robo y conspiración.
Los hechos comenzaron el 24 de enero de 2023, por una llamada racista a la violencia extrajudicial, según los fiscales federales.
En el tribunal federal, los agentes expresaron remordimiento por su comportamiento y se disculparon con Jenkins y Parker. Varios de sus abogados dijeron que sus clientes quedaron atrapados en una cultura de corrupción fomentada por los líderes de la oficina del sheriff.
El sheriff del condado de Rankin, Bryan Bailey, no reveló detalles sobre las acciones de sus agentes cuando anunció que habían sido despedidos en junio pasado. Después de que se declararon culpables en agosto, Bailey dijo que los oficiales habían actuado sin escrúpulos y prometió cambios. Jenkins y Parker han pedido su dimisión y han presentado una demanda civil de 400 millones de dólares contra el departamento.
En declaraciones leídas por sus abogados en la corte el miércoles, Jenkins y Parker dijeron que su terrible experiencia había quedado arraigada en sus cuerpos y mentes.
«Señoría, me mataron. Es solo que no morí», dijo Jenkins.
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