El Servicio de Alguaciles Federales de EE. UU. y el FBI están alertando al público sobre estafas telefónicas generalizadas que implican a personas que se hacen pasar por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Los estafadores se hacen pasar por alguaciles federales, funcionarios judiciales y otros agentes del gobierno en un intento de estafar a las víctimas exigiéndoles pagos para evitar su detención.
Estos estafadores afirman que la víctima ha cometido un delito, como usurpación de identidad o no presentarse como jurado. Los estafadores dicen a las víctimas que pueden retirar dinero en efectivo y transferirlo al gobierno para evitar el arresto, y les ordenan que compren tarjetas de débito o regalo de prepago o que depositen dinero en cajeros automáticos Bitcoin para «satisfacer» supuestas multas.
Los estafadores a menudo suenan convincentes proporcionando números de placa, nombres de verdaderos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y jueces federales e incluso falsificando los identificadores de llamadas para que parezca que están llamando desde una agencia gubernamental o tribunal, dijeron las agencias en una declaración del 25 de noviembre.
En Colorado, se han denunciado múltiples incidentes en los que los estafadores utilizan los nombres de verdaderos alguaciles federales, incluido el alguacil Kirk Taylor, alegando que existe una orden de arresto contra la víctima a menos que se efectúe un pago.
Las víctimas de todo el estado han sufrido pérdidas que ascienden a decenas de miles de dólares, según las agencias. El Servicio de Alguaciles Federales recibe a diario consultas de personas objeto de estas estafas, dijeron.
Las fuerzas del orden declararon que los estadounidenses nunca deben divulgar información personal o financiera a desconocidos. El Servicio de Alguaciles Federales . declaró que nunca pedirá números de tarjetas de crédito o débito, transferencias bancarias, números de ruta bancaria o depósitos de bitcoin para ningún fin.
Las autoridades sugieren colgar y llamar a un secretario judicial local para verificar cualquier supuesta orden judicial.
Según el Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del FBI, se han reportado más de 37 mil millones de dólares perdidos debido a delitos cibernéticos de 2019 a 2023. Si bien no todas las denuncias pueden recibir una respuesta directa, cada envío ayuda a las fuerzas de seguridad a comprender el panorama más amplio de las amenazas y puede conducir a investigaciones procesables.
«Combinadas con otros datos, permiten al FBI investigar los delitos denunciados, seguir las tendencias y las amenazas y, en algunos casos, incluso congelar los fondos robados», afirma la agencia. «Igualmente importante es el hecho de que el IC3 comparte las denuncias de delitos a través de su vasta red de oficinas de campo del FBI y socios de las fuerzas del orden, fortaleciendo la respuesta colectiva de nuestra nación tanto a nivel local como nacional».
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