Más de 900 casos de fraude relacionados con los fondos de ayuda para la pandemia están siendo investigados, según un comunicado del Servicio Secreto de EE. UU. publicado el martes.
En el comunicado, el Servicio Secreto añadió que el año pasado hubo fraudes potenciales relacionados con los fondos de ayuda con un valor cercano a los 100,000 millones de dólares.
La cifra de 100,000 millones de dólares se basa en el conjunto de dos informes anteriores del inspector general que han sido públicos durante meses y que analizaban los problemas en 2020. No hay ninguna investigación, dato o análisis nuevo sobre el fraude, señala el comunicado. Es de suponer que esa cifra sea ahora mayor.
La mayor parte de las pérdidas ha procedido de las prestaciones de desempleo desembolsadas indebidamente, según el comunicado.
«La explotación de las ayudas relacionadas con la pandemia es una prioridad de investigación para el Servicio Secreto y sus socios», añadía.
El comunicado también anuncia el nombramiento del agente especial adjunto a cargo, Roy Dotson, como coordinador del servicio para la recuperación del fraude a nivel nacional relacionado con la pandemia.
«El Servicio Secreto tiene actualmente más de 900 investigaciones criminales activas sobre el fraude específico a los fondos de ayuda relacionados con la pandemia», dijo Dotson.
«Se trata de una combinación de prestaciones por pandemia y también de todos los demás programas de prestaciones. Todos los estados se han visto afectados, algunos más que otros», dijo.
«El Servicio Secreto está poniendo manos a la obra, tratando de recuperar todo lo que podamos, incluidos los fondos robados de los programas federales y estatales».
En su nuevo cargo, Dotson organizará los esfuerzos de investigación con las instituciones financieras, las empresas de servicios monetarios y las agencias federales para rastrear y recuperar los fondos robados, que incluyen préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), el seguro de desempleo y otros programas de subvenciones.
El fraude relacionado con los equipos de protección personal (EPP) fue una de las principales preocupaciones de los organismos encargados de la aplicación de la ley, incluido el Servicio Secreto, al principio de la pandemia, según el comunicado, que añade que la liberación de fondos federales a través de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES, sigla en inglés) atrajo la «atención de individuos y redes delictivas organizadas de todo el mundo».
Muchas personas asocian al Servicio Secreto con la protección de personalidades políticas clave del país, incluido el presidente. Pero el departamento también se encarga de investigar delitos financieros.
El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos ha informado que casi 87,000 millones de dólares en prestaciones de desempleo podrían haber sido pagados indebidamente, mientras que el Servicio Secreto ha incautado unos 1200 millones de dólares en robos relacionados con los seguros de desempleo y fraudes de préstamos. Además, se han devuelto 2300 millones de dólares de fondos fraudulentos mediante la coordinación con los estados y los socios financieros.
La cantidad de los fraudes podría estar sobredimensionada, ya que las cifras incluyen pagos erróneos a personas que no tienen derecho a las prestaciones.
Según un informe de noviembre del inspector general de la Administración de Pequeñas Empresas, la agencia distribuyó indebidamente más de 3100 millones de dólares en préstamos y más de 550 millones de dólares en subvenciones a beneficiarios no aptos debido a la falta de controles de supervisión adecuados.
Mientras tanto, el Departamento de Justicia declaró a principios de mes que ha procesado a más de 150 acusados en más de 95 casos penales relacionados con ardides del Programa de Protección de Pago (PPP). Hasta ahora, el Departamento de Justicia ha incautado más de 75 millones de dólares en efectivo, junto con bienes inmuebles y artículos de lujo, procedentes del fraude al PPP.
En noviembre, Lee Price, un hombre de Texas, fue condenado a más de 9 años de prisión por robar 1.6 millones de dólares del programa PPP. Price adquirió los fondos falsificando el número de empleados y los gastos de nómina en nombre de tres entidades empresariales diferentes.
Presentó registros fiscales falsos a dos prestamistas y, tras adquirir los fondos, los gastó en un Lamborghini Urus, una camioneta Ford F-350, un reloj Rolex y para pagar un préstamo sobre una propiedad residencial, entre otras compras. El departamento ha incautado más de 700,000 dólares de los fondos robados.
El PPP ofreció préstamos condonables a bajo interés a las pequeñas empresas más afectadas durante las restricciones y cierres relacionados con la pandemia.
Se ha distribuido una cantidad combinada de 3.4 billones de dólares como parte de todos los programas de ayuda para la pandemia.
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